El resquebrajado escudo social no llega a los más pobres

Un pasadizo en el centro de Madrid, donde la pobreza severa se consolida. Foto: Fernando Torres.

El pasado 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la pobreza, en el calendario de la Naciones Unidas. A su vez, 2021 marca el 33º aniversario del llamamiento a la acción del padre Joseph Wresinski, que inspiró esta visibilización, para la Superación de la Pobreza Extrema.

A pesar de la pandemia, vivimos en un mundo con el mayor desarrollo económico, tecnológico y con recursos de toda la historia de la Humanidad. Y es un gran baldón moral que millones de personas vivan en la pobreza extrema. A esa realidad se llega no sólo por una falta de ingresos sino por falta de capacidades para vivir con dignidad, acceso a una vivienda segura, energía accesible, trabajos decentes, acceso a seguridad jurídica y de oportunidades, a la atención médica, la educación o cultura en igualdad de condiciones.

El crecimiento del PIB no repercute directamente sobre el nivel de desigualdad.

Esta mirada sobre una radiografía de la pobreza va a posarse sobre España, cuyos niveles de desigualdad ya habían aumentado antes de la COVID-19, poniendo de manifiesto que el crecimiento económico o de las cifras macroeconómicas en el PIB, no tiene un efecto directo sobre el reparto de la riqueza ni el acceso a los recursos en todos los estratos de la sociedad. Un total de 12,5 millones de personas, es decir, el 26,4 % de la población española, se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE) en 2020, una cifra que supone el fin de la tendencia descendente de los últimos cinco años, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Ello conlleva desviarse en más de dos puntos de lo marcado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y volver a niveles de 2017.

El umbral de la pobreza severa afectaba en 2020 al 9,5 % de la población, es decir, a unos 4,5 millones de personas. Esto supone que casi la mitad de la población pobre (un 21 %) está en pobreza severa. Y la mayoría son españolas, con nivel educativo medio o alto, con trabajo y con vivienda. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (julio 2021), el umbral de renta para considerar la situación de pobreza severa era de 6.417,3 € por unidad de consumo al año. Esto significa que cada persona debe sobrevivir con menos de 281 € mensuales para abordar todos sus gastos. Y si bajamos a los más vulnerables, sufren privación material uno de cada diez niños, niñas y adolescentes (que se concentran además en zonas muy pobladas); una de cada siete personas que viven en familias monoparentales; una de cada cuatro extranjeras y una de cada 20 españolas.

Estos datos coinciden con los ofrecidos por Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), en su informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos. Análisis y Perspectivas 2021. Los autores concluyen que “los más perjudicados por la actual crisis del coronavirus, son los mismos que aquellos que no recibieron el goteo de la recuperación económica tras la gran recesión de 2018”.  “Tras año y medio de crisis sanitaria, la situación puede empeorar si no se activan los mecanismos sociales suficientes”, alertan con rotundidad. Y aquí queda de manifiesto la baja cobertura conseguida por Ingreso Mínimo Vital entre los hogares en pobreza, solicitantes de la prestación y cuyo informe asegura que solo el 18,6% lo está cobrando o, al menos, lo tiene concedido. Del resto, el 32,6% aún espera respuesta o sigue en trámite, mientras que a casi la mitad, el 48,9%, le ha sido denegado. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) “es una de las medidas más importantes aprobadas para la emergencia en el momento actual”, consideran también que su diseño “ofrece una cobertura insuficiente”. La dificultad manifiesta es por la gran cantidad de requisitos que se piden, incluso verse obligados a hacer la declaración de la renta teniendo que pagar hasta 200 euros, por hacerlo fuera de plazo. Hay colectivos como RMI tu derecho que se plantean demandas colectivas para denunciar estos abusos. Es un clamor que el instrumento ha de reformarse y reforzarse si se quiere erradicar estas tasas de desigualdad.

Se puede tener un trabajo y ser pobre, e incluso, muy pobre.

También quedan laminadas esos mantras de que teniendo trabajo es suficiente para no ser pobre. Se puede tener un trabajo y ser pobre, e incluso, muy pobre. Dos claves del informe de Cáritas y FOESSA están en el empleo y la vivienda: “El 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo por las situaciones de desempleo, pero también por la realidad de un mercado laboral cada vez más precarizado y donde obtener un trabajo digno es cada vez más difícil”. “La vivienda, la energía, el agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados”, sostienen los autores. Que provocan situaciones de hacinamiento en “pisos patera» en la que las familias dejan de gastar en material escolar, o alimentos para cubrir suministros. El problema de los “trabajadores pobres” es que no evitan que la salud, la vivienda o el consumo queden comprometidas cuando hay riesgo de exclusión social. Hay también una desigualdad territorial donde las bolsas de pobreza severa se consolida por encima de otras, en al menos ocho comunidades donde hay unas 538.000 nuevas personas afectadas.

A finales de octubre el Consejo de Ministros prorrogó hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas del llamado «escudo social” entre las que se encuentran los ERTE y dónde la propia UE ha alabado los ERTE, como una de las medidas de mejor protección social. También se han ampliado la “lucha contra la pobreza energética”, de los consumidores vulnerables en el suministro de agua, electricidad y gas natural. Así como seguir con la suspensión temporal de los procedimientos de desahucio y búsqueda de hogares alternativos.

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