Fotos: Documental Raxnaquil K’aaslemal. La plenitud de la vida
En la actual división sexual del trabajo, el cuidado, en todos los ámbitos, corresponde a las mujeres. El de la naturaleza y la Tierra, no es una excepción. Queremos hacer visibles y reivindicar la lucha de mujeres perseguidas por su defensa de la casa común.
Algunas son conocidas, como Berta Cáceres o Wangari Maathai; no faltan movimientos colectivos, como Chipko, nacido en 1973, cuando un grupo de mujeres de una aldea del estado indio de Uttar Pradesh se abrazó a los árboles para evitar que fueran talados. De la mayoría no conocemos el nombre, pero lideran el cuidado de la Tierra, siendo palancas de cambio social. Son expertas en la gestión comunitaria del agua, la protección de la biodiversidad y la soberanía alimentaria, aportando una visión ecofeminista indispensable para entender los conflictos ambientales actuales.
¿De qué hay que defender la tierra? De convertir bosques en cemento y agricultura en agroindustria, del expolio de los bienes naturales -el agua, el suelo-, del extractivismo salvaje, desplazando a la población autóctona y vulnerando los derechos de las comunidades sin ningún miramiento.
En América Latina, la expansión de las actividades extractivas y la agroindustria han multiplicado los conflictos territoriales y disparado de forma alarmante los índices de violencia contra quienes defienden el agua, la tierra, los bosques, los ríos.
El informe de Oxfam Defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente: guardianas de la vida, denuncia que “las mujeres defensoras son vistas como una amenaza porque cuestionan y ponen en riesgo las estructuras de poder basadas en privilegios de clase y en discriminaciones de género. Ponen además en evidencia de manera sencilla y cotidiana lo perjudicial que es para la humanidad continuar sosteniendo un sistema depredador de la vida”.
“La minería daña la propia tierra”
En Guatemala, la minería es un conflicto abierto entre los intereses de las corporaciones, respaldadas por el Gobierno, y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
En el departamento de Chiquimula, la lucha del pueblo maya ch’ortí se centra en la paralización de la extracción minera de la empresa Cantera Los Manantiales y en denunciar el uso del sistema judicial como herramienta de control y castigo contra quienes defienden la vida y los derechos colectivos. Dominga, una representante de este pueblo, denuncia que “ahora quieren explotar la minería y nos quieren dejar sin nada. La minería daña la propia tierra; ahí tenemos viviendas, tenemos nuestras plantitas que comemos a diario y vienen y nos dejan sin nada. No queremos minería en nuestra tierra, en nuestro territorio”.
En el año 2012 el gobierno de Otto Pérez Molina concedió a American Minerals S.A. una licencia de explotación para la extracción de antimonio con vigencia por 25 años en la Cantera Los Manantiales. El terreno está ubicado en la aldea El Carrizal, del municipio de Olopa. La licencia fue otorgada sin haber realizado la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades, tal y como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Aunque tiene una suspensión provisional de actividad, continua la extracción.
Los impactos negativos en las comunidades que viven en la zona y la vulneración de sus derechos hizo que “iniciaran su resistencia pacífica” –explican Brigadas Internacionales de Paz en Guatemala- “para expresar su rechazo a la mina y conseguir el cierre definitivo. Esta lucha ha sido respondida con ataques de diversa índole. En enero de 2016, 22 de sus líderes y lideresas comenzaron a sufrir criminalización”, llegando incluso a asesinar a dos líderes. La propiedad de la empresa amenaza con perseguir a quienes protestan. “¿Por qué a nosotros? –se pregunta Dominga-. Porque nosotros somos quienes alzamos la voz”.
“Han destruido nuestro bosque”
No lo tiene mejor su vecino del sur, El Salvador. Por ejemplo, una de las escasas –por no decir la única- zonas verdes de la capital, San Salvador, muy apetitosas para las grandes constructoras, se ha transformado de bosque en construcciones en altura a gran escala de 400, de 500 viviendas. “Han destruido nuestro bosque, han secado nuestros manantiales”, se queja Isabel, activista ecofeminista. El territorio es rico en agua, “pero la comunidad –continúa- no tiene acceso a ella”.
Ni al agua ni a las viviendas, que “son muy caras. Son para especular. No las pueden comprar la gente de la comunidad, que vive del comercio informal, de limpiar casas ajenas, de cuidar adultos mayores, de la agricultura”, explica.
Los requisitos obligatorios de consulta ciudadana y de estudios de impacto ambiental desaparecieron de la noche a la mañana cuando las autoridades locales cambiaron la calificación, de manera que dejó de ser zona de recarga hídrica y zona verde, para ser zona urbanística.
La historia se repite en el precio a pagar por las personas defensoras de los derechos de la comunidad. “La misma constructora –concreta- criminaliza a las personas, las persigue, hacen allanamientos en sus hogares, cierran oportunidades de empleo, de cualquier cosa”. En un contexto muy difícil. “El Salvador actualmente –explica- no es como lo pintan. En realidad, lo que hay es miedo, es terror, es amenaza, es persecución, sobre todo a las personas que somos defensoras de derechos humanos, defensoras del medio ambiente, defensoras de la vida, defensoras de la diferencia de género”.
Por ley, el estado de excepción dura 30 días, prorrogables. El Salvador lleva en régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022, con casi medio centenar de prórrogas sucesivas. Se calcula que hay más de 87.000 personas detenidas, y unas 430 muertas bajo custodia del Estado; “una cifra aproximada, que yo al Gobierno no le creo sus estadísticas”. “Además, el régimen nos ha robado, le ha quitado fondos a salud, a educación, a todas las carteras, menos a las militares y policiales, que se han incrementado de una manera exponencial.”
Ni puntos ni rayas
Canta Rosa León que esos puntos y rayas que en los mapas separan territorios y, por tanto personas, no se ven “caminando por el mundo (…) Porque estas cosas no existen, sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas”. La defensa de la tierra no se limita al Sur Global. Se pueden enlazar la resistencia de defensoras de Centroamérica con movimientos de defensa del territorio de aquí mismo.
“Las amenazas, en el fondo, son las mismas”, subraya María Ramos, veterinaria, vinculada a la asociación Ara o Mai per la defensa del territori y una voz activa de la plataforma Per Una Plana Viva en la comarca de Osona (Cataluña). “Ejemplos concretos –ilustra- son las concesiones de uso de pozos y su posterior contaminación por parte de macrogranjas avícolas y porcinas, pozos que abastecían a miles de familias que no tienen una alternativa (Suchitoto, El Salvador). En Osona, aunque hay una moratoria para ampliar cabezas de ganado y granjas porcinas desde 2019 debido a que tenemos más del 50% de los acuíferos contaminados por nitrógeno, se amplió alguna granja”.
“En el Norte y en el Sur Global –continúa- quizás cambien el nombre de los actores, pero el sistema económico en el que vivimos es el mismo”. Dar valor al dinero por encima de la vida. Precarización de la habitabilidad de los territorios en nombre del lucro económico. Acaparamiento, desperdicio y contaminación de recursos básicos (tierra, agua y aire), así como precarización laboral que concentra bolsas de mano de obra barata, principalmente, inmigrante.
Las administraciones parecen actuar alineadas con la misma lógica, apostando por grandes proyectos que supongan ganancias económicas altas y rápidas, lo que juega en detrimento de:
- Terrenos agrícolas productivos y de terrenos de alto valor biológico, como el despliegue que la Generalitat quiere hacer del plan de ordenación territorial para implantar energía eólica y fotovoltaica (PLATER) sin el consenso de los habitantes y los municipios afectados.
- La pequeña y mediana empresa, arraigada al territorio, que proporcionalmente genera más puestos de trabajo y favorece la sostenibilidad y la cohesión social.
“La comunidad es la que te sostiene”
Los problemas que sufren estas comunidades, así como su lucha, están casi siempre silenciados y desconocidos. El primer objetivo es romper el silencio, difundir en los ámbitos cercanos y los más alejados con información veraz, de primera mano, puesto que el fondo de los conflictos es compartido.
Buscar complicidades con movimientos sociales, entidades y personas con objetivos y sensibilidades afines. “Tenemos que ser capaces –subraya María- de crear redes para reclamar el derecho a habitar nuestros territorios. Y al mismo tiempo iniciar proyectos sostenibles que nos liberen de las empresas que nos ignoran. Hay colectivos que ya están poniendo en práctica comunidades de convivencia que experimentan modelos sostenibles y respetuosos con la tierra, con el propio ser humano y con todo su entorno”.
Al final el gran recurso es la comunidad. “Creo –insiste Isabel- que es la única que nos va a salvar. Allá es complicado ahora vivir, la red comunitaria es la que te sostiene. Yo, sin mis aliadas, sin mis compas feministas, creo que hace mucho que hubiera dejado de querer intentar hacer algo, porque es cansado, es difícil, es doloroso y, bueno, la comunidad es la que nos va a sostener y a salvar”.
