A principios de julio, el presidente francés Emmanuel Macron se convirtió en el primer jefe de Estado de un país europeo en visitar Siria tras la caída del régimen de Bachar al Assad. Partiendo de este hecho concreto, el profesor universitario Pablo Sapag hace un repaso de la situación de esta nación de Oriente Medio, devastada por una larga y ceruenta guerra civil de más de 12 años que no termina de apagarse.
Con gafas de aviador que no se sacó nunca y actitud de quien se sabe depositario de un imperio que ocupó el país entre 1920 y 1946, el presidente de Francia Emmanuel Macron se ha presentado en Siria. Se ha convertido así en el segundo líder occidental en entrar al país desde el lejano 8 de diciembre de 2024, fecha de instalación en la República Árabe Siria de su actual régimen estatal. El anterior turista fue el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que se ha paseado dos veces por los casi mil kilómetros cuadrados adicionales de Siria ocupados desde esa fecha por el beneficiario y usufructuario estado sionista.
Dada la crisis de seguridad permanente que padece Siria, la inoportuna e impostada visita de Macron apenas se anunció. Solo cuatro días antes de su llegada, una bomba estalló en las proximidades del Palacio de Justicia en Damasco, matando a 14 personas. Lugar ya atacado en marzo de 2017 por suicidas de una de las muchas organizaciones yihadistas operando en el país, algunas hoy instaladas o sostenidas en el poder por EE UU, Rusia, Turquía, Qatar, Francia, Reino Unido, la UE o Arabia Saudí.
El propio presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha dicho que él y su homólogo turco, Tayyip Erdoğan, designaron al presidente encargado. Mientras, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha confirmado que Moscú tenía un acuerdo de no agresión con las fuerzas de Ahmed Al Sharaa (“Abu Mohammed al Golani”), lo que facilitó la extensión a Damasco del régimen que desde hacía años ya presidía en la región de Idlib, fronteriza con Turquía.
El afán de Macron por capitalizar ese exitoso consenso geopolítico multilateral lo llevó a forzar su visita camino a la cumbre de la OTAN en Ankara. Todo pese a los malos presagios en materia de seguridad. De hecho, dos bombas estallaron a las puertas de su hotel damasceno minutos después de salir su comitiva. Murió una persona y decenas resultaron heridas, entre ellas el viceministro sirio de Turismo. Quedó así anulado el efecto propagandístico de la apremiante visita, desvelando de paso las contradicciones entre la geopolítica y la realidad de Siria.
Una violencia que no cesa
El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) informa que desde el 8 de diciembre de 2024, al menos 13.308 personas han sido asesinadas, siendo el año 2025 el más mortífero desde 2018. La mayoría, víctimas de la violencia sectaria que asola al país.
Como reveló Human Rights Watch, en marzo de 2025 fueron asesinadas por agentes del Estado o miembros de tribus partidarias del régimen 1.400 personas, en su mayoría de confesión musulmana alauita. Siguiendo el mismo patrón, en junio y julio de 2025 hubo matanzas sectarias contra población de confesión drusa en barrios damascenos y en la Gobernación de Sweida. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cifró en 1.700 los asesinados. Al menos 200.000 personas resultaron desplazadas, sumándose a las más de 30.000 que en marzo huyeron de la costa siria, en su mayoría al devastado Líbano.
De acuerdo a Genocide Watch, en enero de 2026, las víctimas de masacres y limpieza étnica fueron sirios de etnia kurda de Alepo, Afrin, Kobane y otras localidades norteñas. Los detalles los proporciona el Kurdish Center for Human Rights.
Esas masacres siguieron al dictado y entrada en vigor de la Declaración Constitucional que impone la sharía o ley islámica como fuente principal del Derecho y la Jurisprudencia. Según juristas, el texto y sus omisiones favorecen la clasificación de la población de acuerdo a su condición religiosa-sectaria o étnica. En este último caso, destaca el de los 600.000 palestinos residentes en Siria. Antes se les consideraba sirio-palestinos, es decir, tenían doble nacionalidad. Hoy solo pueden registrarse como sirios o extranjeros, lo que afecta a su Derecho al Retorno.
Un país dividido
Así, en lugar de sirios sin más, el discurso oficial del régimen estatal y el de sus acreedores como Macron, alude a una mayoría suní y a minorías alauí, murshidin, ismailí, chií, drusa y cristiana. Ello facilitaría el señalamiento de individuos de esas confesiones.
Como ha informado Reuters, así ha ocurrido con tres barrios de Damasco en los que los cristianos son más numerosos que en otros. La actual ley de alcoholes acorde a la sharía ya solo permite la venta en esos tres sectores y solo para consumo domiciliario. De esa forma esos distritos quedaron estigmatizados y expuestos al acoso de radicales fuera de control. En otros se han producido atentados con decenas de muertos, como el de junio de 2025 en la Iglesia de San Elías en Damasco.
Junto a las matanzas a gran escala, el OSDH informa diariamente del asesinato de entre 5 y 10 personas por motivaciones étnicas y sectarias. Debido a la adscripción religiosa o étnica de parte de su población, el grueso de esos asesinatos se registra en determinadas zonas del país.
De acuerdo a las posibles lecturas que ofrece la propia Declaración Constitucional, la ley común puede ser interpretada por un sheij o jeque, que lo hace según la heterogénea jurisprudencia islámica. De ahí que hace ya tiempo se impusieran códigos de vestuario para mujeres y hombres en zonas de baño, entre otros, el uso del burkini.
Mujeres de todas las confesiones, incluidas musulmanas suníes, hoy se ven compelidas a llevar hiyab o velo islámico, incluso en sus puestos de trabajo. Otras dejaron de conducir por el acoso social y de las milicias yihadistas locales y extranjeras de lenta y compleja reconversión en fuerzas estatales bajo mando único.
A ello se suman los secuestros de mujeres, sobre todo alauitas. Así lo reveló The New York Times. Los casos documentados ascienden a 293. Su destino, los llamados suq najasa o mercados donde se compra y vende a las cautivas o sabaya.
La realidad de la pobreza
Dada la inseguridad reinante, es improbable que los memorándums de entendimiento empresarial que Macron y los otros fiadores del régimen estatal sirio esgrimen una y otra vez se transformen en mejoras socioeconómicas reales. Tampoco los repetidos anuncios del levantamiento de unas sanciones que no afectaban a sus hoy sobrepasados mandatados en Siria.
Según la ONU, el 90% de los sirios vive bajo el umbral de la pobreza. El 27% experimenta pobreza extrema. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 7 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. La inflación, la sequía, las inundaciones y el acceso limitado al empleo y a los servicios agravan la situación.
Siria pasó de un sistema económico con fuerte presencia estatal a una liberalización total. Ello se tradujo en la retirada de subsidios al pan, los combustibles o la electricidad y, sobre todo, en el despido de casi medio millón de empleados públicos de los sectores sanitario, educativo o de la administración. La cifra no incluye a otro casi medio millón de despedidos de las antiguas fuerzas armadas y policiales. En el sector privado también se pierden empleos.
Como informa el OSDH, y reconoce el sitio web pro oficialista Enad Baladi, los despidos y la grave situación económica masificaron el trabajo infantil. Para subsistir, muchos sirios, además, malvenden sus propiedades. Sin embargo, y como ha informado Al Jazeera, no se trata de una decisión exclusivamente económica. La presión contra los miembros de lo que se llama minorías y sobre los que a día de hoy se sigue calificando de remanentes –fulul- del antiguo régimen estatal, motiva la venta a bajo precio de esos activos para irse a zonas de Siria donde se sienten más seguros o, el que puede, al extranjero.
La ausencia de un Parlamento democráticamente elegido o de partidos políticos impide que las necesidades socioeconómicas de los sirios puedan trasladarse institucionalmente a las atareadas autoridades de facto.
Como ya demostró Afganistán, las intervenciones e imposiciones geopolíticas más o menos duraderas y exitosas no necesariamente se traducen en mejoras reales para la población local. La diferencia radica en que en Afganistán nunca hubo un Israel al que acomodar y consolidar, como desde hace al menos 110 años sí ocurre en una Siria que, además, es confesionalmente mucho más diversa.
