El incendio de la cárcel de Comayagua (Honduras), que mató a más de 350 reclusos e hirió a otros 60, despertó la solidaridad de organizaciones de dentro y fuera del país. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras condenó la represión contra las familias que se acercaron al presidio de seguridad máxima para conocer la suerte de sus parientes. El obispo de Comayagua criticó la situación de los presidiarios hondureños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó las muertes y pidió que el Estado tomara de inmediato las medidas necesarias para realizar la identificación de los fallecidos. Organizaciones, Iglesia y defensores de derechos humanos reclaman al Gobierno que investigue el caso, castigue a los responsables y evite que los centros penales de Honduras sean nuevamente escenario de tragedias.
Adital
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