Prácticamente todo el sector social vinculado a la discapacidad y liderado por el CERMI ha mostrado su rechazo a la resolución ministerial por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario. Al mismo tiempo, solicita que se declare nula de pleno derecho. Las personas con discapacidad tienen un gasto familiar o personal “muy superior”, que está asociado a la propia discapacidad, por lo que se encuentran en una situación de discriminación y desventaja social. La resolución ministerial supone una vulneración de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, lo cual es una infracción. No podemos permitir que la tan denostada “sociedad del bienestar” deje paso a una sociedad mercantilista y de consumo que trate por igual a todo el mundo, pues de esta manera se crearán siempre desigualdades sociales muy agudizadas.
Mariano Fresnillo
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