Ante la reforma del Código Penal

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El nuevo código penal supone un endurecimiento de las penas que carece de justificación alguna.La Plataforma Nosomosdelito es un conjunto de colectivos e individualidades que comenzó su andadura a mediados de 2013 como consecuencia de la alarma que están creando en la sociedad los proyectos de reforma del nuevo Código Penal y las leyes que lo acompañan.

Ante la negativa a aceptar la imposición de estas nuevas modificaciones legislativas, la plataforma decidió iniciar su trabajo realizando un estudio profundo de la nueva arquitectura penal que el gobierno quiere implantar y una amplia difusión -para conocimiento de todos- de las consecuencias que tendrían estas nuevas leyes en el conjunto de la ciudadanía.

Como siguiente objetivo se ha propuesto iniciar una lucha social para impedir la aprobación del nuevo Código Penal y resto de leyes relacionadas con el mismo (Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, etc.), utilizando para ello todos los medios posibles (desobediencia civil, movilizaciones ciudadanas, recurrir a organismos internacionales de derechos civiles, etc.)

Para comprender la trascendencia que tendrá la reforma del Código Penal en nuestra sociedad, es imprescindible explicar en qué consiste la misma. En primer lugar, debemos saber que el nuevo Código Penal que nos quieren imponer supone un endurecimiento de las penas que carece de justificación alguna, puesto que, según el Informe Anual de la Seguridad en España, publicado por la Fundación ESYS en diciembre de 2012, de 15 países europeos estudiados, España está en el puesto número doce en infracciones penales por cada mil habitantes, con un índice de 50 frente a 151’9 de Suecia o 73’8 de Alemania.

A pesar de que nuestro país tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, la reforma plantea la desaparición de las faltas penales para, en la mayoría de los casos, convertirlas en delitos e injustificadamente incrementar las penas de conductas que, hasta ahora, por su levedad, estaban menos castigadas. Igualmente, introduce una cadena perpetua encubierta -prisión permanente revisable-, aunque es innecesaria en nuestro actual sistema penal, que ya cuenta con penas muy elevadas cuyo tiempo de cumplimiento es de los mayores de la Unión Europea (por ejemplo, en España, sin esta figura jurídica, el cumplimiento de las penas máximas -40 años- ya es superior al de otros países con prisión permanente revisable, como Francia, cuyo límite de cumplimiento es de 18 años).

En segundo lugar -y a pesar de que esta reforma es presentada como un ejemplo de lucha contra la corrupción- lo cierto es que el nuevo proyecto del Código Penal no endurece las penas contra delitos de corrupción sino que, en ciertos casos, hasta las suaviza. Todo ello sin olvidar que la lucha contra la corrupción pasa por tener un sistema judicial que persiga este tipo de delitos con celeridad, objetividad y eficacia -lo que, hasta ahora, no hemos conseguido.

Entre las múltiples modificaciones que se proponen, se incluye la aplicación de un Derecho Penal de Autor, más propio de un régimen totalitario que de una democracia. Así, se introduce un nuevo sistema de medidas de seguridad por el que, disociando éstas de la pena impuesta, será posible imponer determinados castigos encubiertos más gravosos que la pena misma basados en unos conceptos de peligrosidad social y posible comisión futura de delitos cuya valoración quedará a discreción del juzgador. Es decir, podremos ser condenados más gravemente por lo que creen que somos y lo que creen que vamos a hacer que por lo que hayamos hecho, afectando estas medidas, principalmente, a las personas con enfermedad mental o a las que sufren ciertas adicciones, de manera que el Estado, en lugar de ayudarlas, pasa a estigmatizarlas considerándolas sujetos peligrosos.

Igual merecimiento tiene el tratamiento que se da a los ciudadanos extranjeros. El top manta vuelve a ser delito, dificultando gravemente la vida de todos aquellos que venden CD o DVD en la calle para poder sobrevivir. También se criminaliza la solidaridad al pretender castigar con prisión a quien ayude a entrar o transitar por el territorio español a personas en situación irregular, salvo que sea por razones humanitarias. La falta de definición de la expresión “razones humanitarias” impide conocer su significado y alcance, lo que deja un amplio margen a la interpretación y permite concluir que acoger a un amigo extranjero en tu casa con la nueva reforma podría ser delito.

A su vez, se pretende criminalizar la protesta social, el asociacionismo, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a intervenir en los asuntos públicos, conculcando varios derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.

Se iguala la resistencia pasiva pacífica a la resistencia activa violenta y se considera una agravante de estos delitos que los hechos sucedan en manifestaciones. También la desobediencia civil pacífica pasa a estar castigada con prisión.

Además, si retuiteamos, mandamos por e-mail o publicamos en Facebook la convocatoria de una manifestación en la que luego haya disturbios, podremos ser acusados de instigación a esos disturbios y condenados a pena de prisión, lo que supone un atentado sin precedentes al principio básico de personalidad de las penas (según el cual solo responden por sus actos las personas que los hayan cometido).

En el mismo sentido, la Ley de Seguridad Ciudadana sufre una profunda reforma en la que se otorga muchísimo poder a una policía, cuya actuación frente a los ciudadanos no deja de ser cuestionada por sus abusos. Con la simple denuncia de un policía, sin tutela judicial de por medio, podremos ser sancionados con multas astronómicas por lo que ese policía en concreto considere una grave ofensa contra él.

Igualmente, la Ley de Seguridad Privada otorga competencias propias de policía -detener, registrar, disolver concentraciones, etc.- a unos vigilantes de seguridad que solo deberían actuar en ámbitos privados y no públicos.

Quieren imponernos un Código Penal injusto en el que se endurecen las penas innecesariamente, se responde al conflicto social penalizando la legítima protesta y la contestación ciudadana y se criminalizan la pobreza y la solidaridad, olvidando lo que más perjudica a la sociedad en su conjunto, la corrupción política y las defraudaciones millonarias al erario público, causantes de la actual crisis política, económica y social que padecemos. O paramos esto o permitiremos un cambio estructural que materializará una sociedad inhumana y profundamente injusta, en la que será difícil vivir.

Más información:
http://nosomosdelito.net/

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