Era noviembre de 2014 cuando un grupo de organizaciones sociales que llevaban años trabajando codo a codo con comunidades del Sur Global se reunieron en la sede de Lafede para reflexionar y ver cómo hacer para que las multinacionales cumpliesen con los derechos humanos (DDHH). Desde su experiencia y conocimiento compartido vieron claro que, si de lo que se trataba era de trabajar para la consecución de los derechos de los pueblos del Sur, antes era imprescindible conseguir que las transnacionales cumplieran con la Declaración Universal de los DDHH ya que tenían conocimiento de su vulneración de forma sistemática por parte de estos gigantes económicos por todo el planeta. Casi nada.
Así nace el grupo catalán de empresa y derechos humanos. Desde entonces trabaja incansablemente con el objetivo de que las instituciones catalanas creen un centro público, el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos (CCEDH). La principal función de este Centro es garantizar que toda empresa que opera en Catalunya y/o que presta servicios a cualquier administración pública catalana cumpla escrupulosamente con el respeto de los derechos humanos, tanto en el territorio catalán como en el exterior. La propuesta de creación de este Centro es pionera en el ámbito internacional de la defensa de los DDHH frente los abusos que puedan cometer las empresas.
La principal función de este Centro es garantizar que toda empresa que opera en Catalunya y/o que presta servicios a cualquier administración pública catalana respete escrupulosamente los DDHH, tanto en el territorio catalán como en el exterior
En el 2020, después de muchos años de trabajo y de numerosas visitas institucionales a la Comisión de Acción Exterior del Parlament de comunidades del Sur Global afectadas por vulneraciones de transnacionales en sus territorios, el grupo presentó a los diferentes grupos parlamentarios una propuesta de ley de creación y regulación del CCEDH. El texto fue registrado en primera instancia en julio de 2020 por una amplia mayoría de partidos. Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas en diciembre de ese año obligó a reanudar el procedimiento en julio de 2021, cuando se registró por segunda vez.
Desde entonces el grupo ha trabajado junto con los grupos parlamentarios para consensuar un texto que cumpla con unos mínimos básicos que permitan que el Centro sea una herramienta útil para aquello por lo que se ideó: convertirse en un instrumento de vanguardia en la defensa de los derechos humanos.
Los cinco puntos básicos sobre los que han pivotado los grandes debates son los siguientes: debe ser independiente de los intereses empresariales; eficaz en la actuación de investigación y seguimiento de los casos; accesible a las comunidades afectadas, especialmente del Sur Global; comprometido con la Justicia Global; y valiente para hacer frente a la impunidad corporativa con relación al cumplimiento de los derechos humanos.
Es necesario que sea eficaz en la prevención, alerta, investigación y seguimiento de los casos que estén dentro de su ámbito de actuación, así como que pueda sancionar a aquellas empresas que se nieguen a colaborar
En efecto, se defiende como indispensable que se garantice la total independencia de su órgano de gobierno; es decir, que esté libre de todo tipo de conflicto de intereses. Por ello es necesario que su Junta la conformen personas expertas en la materia sin vínculos empresariales, a fin de que puedan actuar con total libertad de acción y plena autonomía.
En segundo lugar, es necesario que garantice en todo momento a las potenciales comunidades afectadas por la acción de las empresas que operan en Catalunya el acceso a presentar sus quejas, de forma diligente y con plena seguridad en todo el proceso de investigación de su caso.
En tercer lugar, debe disponer de las herramientas necesarias para velar que las empresas sujetas a su actuación respeten los derechos humanos y ambientales en el mundo. Por este motivo es necesario que toda la acción del Centro se base en la transparencia y, en consecuencia, publique sus informes en la web institucional cuando detecte una vulneración de derechos humanos en el ámbito de su actuación.
Es necesario un Centro comprometido con el paradigma de la Justicia Global, que defiende la promoción de los derechos humanos y el fomento de la paz en todo el planeta.
En cuarto lugar, debe disponer de recursos suficientes para dar respuesta a las partes afectadas y debe poder actuar tanto a petición de estas comunidades como por iniciativa propia cuando sea conocedor de una eventual vulneración de derechos por parte de empresas que operan en Catalunya.
Por ello, es necesario que sea eficaz en la prevención, alerta, investigación y seguimiento de los casos que estén dentro de su ámbito de actuación. Al mismo tiempo, es importante que pueda sancionar a aquellas empresas que se nieguen a colaborar. Finalmente, y no menos importante, es necesario un Centro comprometido con el paradigma de la Justicia Global, que defiende la promoción de los derechos humanos y el fomento de la paz en todo el planeta. Por ello, tiene todo el sentido que el Centro esté adscrito al Departamento de Acción Exterior de la Generalitat, ya que esta consejería es la que tiene el mandato de garantizar la coherencia de políticas del Govern en el exterior de nuestras fronteras.
Es una cuestión de voluntad política y de no rehuir responsabilidades, las que nos corresponden como ciudadanía comprometida y solidaria con las causas que empobrecen y explotan a las comunidades del Sur Global
Hasta la fecha se ha llegado a amplios consensos entre la sociedad civil organizada y los diferentes grupos parlamentarios que hacen entrever un final feliz para el CCEDH. De hecho, si no hubiera sido por la inesperada convocatoria de elecciones catalanas en marzo de este año, con la consiguiente disolución del Parlament, seguramente ahora se podría decir que el Centro ya sería una realidad. Actualmente existen, y se mantienen vivos, los consensos políticos entre los principales grupos políticos para aprobar la ley de creación del CCEDH en esta nueva legislatura. Sólo es una cuestión de voluntad política y de no rehuir responsabilidades, las que nos corresponden a nosotros como ciudadanía comprometida y solidaria con las causas que empobrecen y explotan, todavía, a las comunidades del Sur Global. Toda una hazaña, tal como David contra Goliat.
