Colectivos de personas migrantes se organizan en torno a la campaña #RegularizaciónYA para exigir a las administraciones que aseguren la regularización de su situación con motivo de la excepcionalidad del estado de alarma y así poder acogerse en plenitud a sus derechos. Cuidadoras de personas mayores, internas o prostitutas son algunos de los colectivos más afectados.

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Han pasado casi dos meses desde que se decretó el estado de alarma y nos encerramos en casa a la espera de que esta pandemia, que nos ha pillado por sorpresa y sin apenas tener tiempo para reacción, se termine. No es una situación cómoda pero, afortunadamente, muchos de nosotros contamos con unas condiciones de vida y una cierta seguridad que hace que podamos vivir esta cuarenta sin demasiadas complicaciones. Somos conscientes también, de las dificultades que muchos de nosotros estamos viviendo incluso, por desgracia, alguna pérdida de familiares o amigos. Algunos habremos perdido los trabajos o incluso habremos pasado la enfermedad, otros echaremos de menos a nuestros hijos e hijas y todos, seguramente, añoremos los paseos, los abrazos y, en definitiva, estar con la gente que queremos.

Durante los casi dos meses que llevamos confinados en casa, hemos estado escuchando repetidamente que nuestro país está más unido que nunca, que no vamos a perder nunca el espíritu de comunidad que vivimos cada día a las 8 de la tarde cuando aplaudimos a quienes están dando su vida (en algunos casos de manera literal) por los demás y que la solidaridad siguen siendo nuestro gran estandarte. Sin embargo, son también muchas las situaciones de desigualdad que la COVID-19 está sacando a la luz. La pandemia ha puesto en evidencia, una vez más, que la población migrante y/o refugiada es la más vulnerable ante los recortes del Gobierno, no sólo en el ámbito sanitario sino también, en el ámbito laboral y económico.

Fuera del Ingreso Mínimo Vital

Por eso, muchos colectivos, asociaciones y ONGs que trabajan con estas personas y, siguiendo la estela de países como Portugal, han puesto en marcha la campaña #RegulacionYa. Bajo este lema, se exige al gobierno un cambio “de paradigma migratorio que se centre en los derechos y libertades de las personas migradas y refugiadas” y, en definitiva, la regularización “extraordinaria y sin condiciones” de las más de 600 mil personas que viven en España en condición de irregularidad que, por tanto, están fuera del Ingreso Mínimo Vital del Gobierno y que, a pesar del confinamiento, se siguen exponiendo a diario al ir a trabajar y cuidar, por ejemplo, a nuestros mayores. Es precisamente Edith Espínola, portavoz del Servicio Doméstico Activo de Madrid, quien denuncia la situación de desigualdad de las trabajadoras del hogar: “Miles han sido despedidas y están sin ningún tipo de ayuda ya que el subsidio que prometió el Gobierno el 31 de marzo sigue sin poder cobrarse hasta la fecha. Existen miles de mujeres que no han podido pagar el alquiler, expuestas a desalojos y comiendo gracias a los bancos de alimentos. Las que están en régimen de interna, se les han retirado las llaves de la casa para que ni intenten volver si llegan a salir, sin días de descanso y sin pagas extras por estar trabajando desde prácticamente más de dos meses sin ni siquiera poder salir. Hay trabajadoras que quedaron a cargo de la persona que cuidan como el responsable absoluto y el gobierno sigue sin ofrecer EPI´S ni tan siquiera un protocolo específico para un sector que también está en la primera línea cuidando a personas mayores”.

Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que nos sitúan en condición de
NO derecho

Más de 1100 organizaciones

A día de hoy, ya son casi 1100 organizaciones adheridas al manifiesto que pretende, también, alzar la voz por todos los hombres y mujeres que no han podido sumarse al encontrarse encerradas en CETIs o CIEs pero que, como los diversos colectivos de manteros, trabajadoras del hogar o prostitutas y asociaciones contra el racismo, feministas o ecologistas “siguen movilizados y movilizadas para que se reconozcan sus derechos y su dignidad” y denunciando “las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación que vivimos”. Y es que, tal y como explican, si “el Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual. Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional”.

Ese limbo legal es en el que están sumidas, también, las trabajadoras sexuales que viven en nuestro país y que, como nos comentan desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, desde el 14 de marzo, día en que se decretó el Estado de Alarma, se cortó automáticamente su fuente de ingresos al tener que dejar de trabajar de forma radical. A esto se añade que su oficio ni siquiera está reconocido como trabajo y, por tanto, no tienen sueldo ni derecho a ninguna prestación, baja laboral o paro. “A día de hoy, las mujeres de este sector se encuentra con problemas en el acceso a derechos básicos como son la vivienda y comida”. Recordemos que, al no disponer de un contrato laboral o nómina, no pueden acceder a ningún contrato de alquiler y, por tanto, no pueden acogerse a la medidas implantadas por el Gobierno sobre ese tema. “A esto se añade el miedo a ser detenidas, expulsadas y/o deportadas cuando salen en busca de comida a un banco de alimentos”. Por ello, “reivindicamos la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas en situación irregular, el acceso al Ingreso Mínimo vital y sobre todo, una solución habitacional que, a pesar de que se ha ampliado el plan de contingencia contra la violencia de género, aun no se ha especificado los criterios o requisitos para acceder al mismo”. Como denuncian, una vez más, desde el Gobierno, se las ha invisibilizado y no han podido exponer al Ejecutivo sus reivindicaciones.

Cierre de CIE, CETI e inclusión en el Régimen General

Entre lo recogido en el manifiesto, se exige que, independientemente de los estipulado en la Ley de Extranjería, se regularice, de forma amplia y extraordinaria, a todas las personas migrantes que vivan en territorio español y que se lleve a cabo a una resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes de asilo y refugio que ya estuvieran en marcha. Para las trabajadoras del hogar, esto supondría su inclusión como trabajadoras en el Régimen General con plenos derechos como cualquier trabajador como por ejemplo, el derecho a paro, a la igualdad de días de indemnización o la puesta en marcha de una ley de riesgo prevención de riesgos laborales propia para su sector

En relación con los menores de edad, se solicita al Gobierno, entre otras cosas, “priorizar el derecho a la vida familiar y el interés superior del menor en todos trámites de regularización familiar sin supeditarse a ningún requisito administrativo” como viene siendo habitual hasta la fecha. También se exige, una vez más, la “liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, la anulación de todos los expedientes de deportación y el cierre definitivo y permanente de estos centros” ya no solo por la situación denigrante en la que se vive sino también porque pueda suponer un foco de contacto de COVID-19 difícil de gestionar por parte de las autoridades.

Por otro lado, se pide “la eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico”. Una reivindicación con especial relevancia para el sector de las trabajadoras sexuales que, cómo nos comentan, quieren que se eliminen todas las sanciones amparadas por la Ley Mordaza o se decreten nulas sin necesidad de recurrirlas así como la confidencialidad y las garantías suficientes para que dichas mujeres, en situación irregular, no reciban después ningún tipo de expediente de deportación por el Departamento de Extranjería.

Un virus sin fronteras

El manifiesto concluyen diciendo: “Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que nos sitúan en condición de NO derecho. Impulsemos la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro, como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia estructural. Que promueva la calidad de vida como modelo de estado colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida. Este virus lo paramos juntas, poniendo la vida de todas en el centro”.