Foto. Thomas InfidelicLa mayor parte de las personas que viven con VIH en Vietnam pertenecen a los denominados “grupos de riesgo” (personas consumidoras de drogas, personas prostituidas y hombres que tienen sexo con hombres). En un país que ronda los 90 millones de personas, la incidencia en el conjunto de la población es baja, ligeramente superior al 0’3 por ciento, según las estimaciones para 2012. Sin embargo, se calcula que el 30% de las personas que consumen drogas inyectables y el nueve por ciento de las trabajadoras del sexo son seropositivas. Estas cifras muestran la gravedad del problema en estas poblaciones y la necesidad de priorizar las actuaciones en VIH dirigidas hacia ellas.

Desde que el primer caso de VIH fuera detectado en Vietnam en el año 1990 en la ciudad de Ho Chi Minh, se han llevado a cabo significativas mejoras en la respuesta a la epidemia. Sin embargo, en las dos últimas décadas la prevención y el control del VIH en los grupos de riesgo han estado caracterizados por un entorno legal, político y social ambiguo y complejo.

En 1992 la Constitución estipuló someter a tratamiento obligatorio por parte del Estado a todas aquellas personas que sufrieran adicción a las drogas y/o que practicaran “ciertos peligrosos males sociales” tales como el uso ilícito de drogas (sin llegar a ser adicción) o la prostitución. En los años siguientes se aprobó el marco legal que desarrollaba el artículo constitucional y que determinaba que personas consumidoras de drogas y mujeres prostituidas serian sujetos de penas administrativas que, en la mayor parte de los casos, conllevarían la detención y retención en “centros de tratamiento” por un periodo de seis meses a dos años inicialmente y que podría llegar a prolongarse hasta los cuatro años.

En paralelo a este desarrollo legal, se aprobaba importante legislación que apuntaba en otra dirección. Así, la reforma del Código Penal de 2009 eliminó las penas legales en el caso de uso de drogas y la reforma de la Ley de drogas en 2008 promovió la implementación de los programas de reducción del daño (por ejemplo, la distribución y reparto de jeringuillas o condones).

Este complejo marco legal ha generado una actuación política ambivalente en el ámbito de la drogodependencia y la prostitución. Por un lado, el Gobierno ha impulsado de forma creciente programas de reducción del daño implementados a nivel comunitario y, en la actualidad, casi todas las provincias los han implementado. Además el Gobierno puso en marcha en 2010 el programa de metadona a través de un proyecto piloto en tres ciudades y el año pasado se comprometió a expandirlo para alcanzar el objetivo de 80.000 personas con acceso a metadona en 2015.

Por otro lado, ha continuado aplicando de forma sistemática políticas de detención y “tratamiento” obligatorio de personas consumidoras de drogas y mujeres prostituidas. La aplicación de estas políticas se caracteriza por vulnerar derechos tales como el derecho de defensa, el derecho a un juicio justo o el derecho a la salud. En las dos últimas décadas la prevención y el control del VIH en los grupos de riesgo han estado caracterizados por un entorno legal, político y social ambiguo y complejo.

Una vez dentro de los centros, las personas detenidas no reciben el tratamiento adecuado. En el caso de las personas consumidoras de drogas, el tratamiento actual consiste principalmente en abstinencia, formación profesional y educación moral, sin ningún apoyo psicosocial. La elevada tasa de reincidencia en el momento de la salida, por encima del 70% y según algunos estudios en torno al 90%, muestra la falta de eficacia de este sistema para ayudar en la difícil lucha contra la adicción.

Asimismo, son excepcionales aquellos centros donde se distribuyen jeringuillas y condones por lo que, debido a la alta incidencia de VIH en las personas que están detenidas, el riesgo de transmisión de VIH durante su residencia en estos centros es muy significativo. En el caso de personas seropositivas, el acceso a antirretrovirales y a tratamiento para las enfermedades oportunistas es muy limitado.

Desde el año pasado el Gobierno vietnamita está realizando una revisión del marco legal sobre las sanciones administrativas, incluyendo las penas de detención para personas consumidoras de drogas y mujeres prostituidas. El resultado final es aún incierto. El proceso inicial de discusión, liderado por el Ministerio de Justicia, apuntaba hacia una eliminación de estas sanciones para ambos colectivos. Sin embargo, durante su paso por la Oficina de Gobierno y la Asamblea Nacional, mientras que la eliminación de las detenciones administrativas para mujeres prostituidas parecía seguir teniendo un apoyo mayoritario, se daba lamentablemente un paso atrás respecto a las sanciones para personas consumidoras de drogas, las cuales volvían a ponerse encima de la mesa.
Foto. UNAIDS/UNFPA
Es muy frecuente, en cualquier parte del mundo, que las discusiones que se producen en la calle sobre un tema tan complicado como la prevención y control de la prostitución y el consumo de drogas estén repletos de lugares comunes, prejuicios y afirmaciones no sustentadas en la evidencia. Sin embargo, esto es preocupante cuando se produce en los foros de decisión política. Afirmaciones tales como “estar en los centros es lo mejor para estas personas”, “los centros les ofrecen una oportunidad de cambiar de vida”, o “si dejáramos libres a todas las personas que están en estos centros se incrementaría la delincuencia y transmitirían el VIH en sus comunidades” se han escuchado frecuentemente entre aquellas personas que son responsables de decidir la dirección de esta reforma, que tendrá implicaciones significativas para muchas personas.

En la última fase de debate y resolución sobre esta reforma fundamental, es imprescindible que el proceso esté guiado al menos por los siguientes tres elementos:

a) La legislación resultante debe garantizar el respeto a los derechos humanos establecidos y protegidos por el derecho internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por Vietnam, establece las garantías mínimas para toda persona acusada, tales como el derecho a defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor.

b) Las medidas acordadas deben estar basadas en la evidencia científica existente. La evidencia muestra la ineficacia de los centros en evitar la reincidencia. Por otro, muestra la eficacia en muchos casos de la metadona como sustituto de sustancias como la heroína.

c) Incluir oportunidades para que las personas con capacidad de decisión política escuchen, entre otras, a las personas afectadas y conozcan su historia, tanto fuera como dentro de los centros, antes y después de pasar por ellos. La mayoría de los testimonios que he escuchado denuncian la ineficacia de los mismos tanto en controlar la adicción a las drogas como en ofrecer una alternativa cuando salen. Sin otras medidas que la abstinencia y la educación moral recibida en los centros, la mayoría de personas consumidoras de drogas detenidas vuelve a consumir drogas a su salida. El tipo de formación profesional que se ofrece no se ajusta a las necesidades del mercado sino a la demanda de las empresas que tienen contratos con estos centros. Por tanto, a la salida del centro, apenas se les presentan oportunidades laborales. Asimismo, reivindican programas que incluyan apoyo psicosocial, iniciativas de inserción laboral efectivas y tratamientos eficaces que se puedan implementar en la comunidad, como la metadona.