Una victoria a medias

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El pastor Christian Lekoya Kpandei contempla los daños sufridos en su piscifactoría en 2011. Los nigerianos y nigerianas que viven alrededor de Bodo, en el delta del Níger, llevan años luchando contra la compañía petrolera Shell. Mucho más desde que esta reconociera, gracias a la presión de las ONG y de Amnistía Internacional, su responsabilidad en dos vertidos de crudo que se produjeron por la ruptura de una tubería en 2008, que tuvieron consecuencias nefastas para el ecosistema y la economía de la zona. Desde entonces, quienes se dedican a la pesca y la agricultura en la zona piden compensaciones por el desastre.

Seis años después de aquellos incidentes, las partes en litigio han alcanzado un acuerdo extrajudicial en Reino Unido por el que Shell pagará 55 millones de libras esterlinas (unos 70 millones de euros). Hay que recordar que, en 2009, la compañía ya pagó otros once millones como indemnización por la muerte de activistas contrarios a las operaciones de la multinacional. La indemnización se distribuirá en dos partes: 35 millones de libras a repartir entre 15.600 personas y 20 millones para la comunidad.

La espera ha sido larga y por el camino se han quedado muchas personas que se han visto obligadas a abandonar sus medios tradicionales de vida: pesca y agricultura. Muchas de ellas han tenido que emigrar en busca de una vida mejor para sí mismas y sus hijos e hijas, pero quienes se han quedado viven rodeados de muerte y desolación.

En 2012, Amnistía Internacional (AI), a través de una evaluación independiente de las imágenes de vídeo del primer vertido, calculó que la cantidad total de petróleo vertido superaba los 100.000 barriles, solo para ese primer vertido, frente a los 4.000 que Shell reconocía en los dos.

Durante el proceso judicial, la compañía petrolera aceptó que había subestimado la cantidad de crudo vertida en Bodo, pero nunca ha confirmado la cantidad total de petróleo derramado en la zona. Shell también reconoció que sabía, al menos desde 2002, que la mayoría de sus oleoductos eran viejos y que algunos tramos presentaban riesgos y amenazas importantes. Según AI, en un documento de 2002 Shell decía que hacía falta sustituir todos los conductos debido a la corrosión.
Pero la compañía no hizo ninguna sustitución y, durante años, con la connivencia de políticos locales y fuerzas de seguridad, ha estado culpando de los múltiples vertidos de crudo sufridos en la zona no a la deficiencia de sus instalaciones, sino al robo de combustible llevado a cabo por mafias locales.

Ahora parece que todos salgan ganando con este acuerdo extrajudicial: Shell no tiene que exponerse a un juicio y las personas afectadas y la comunidad reciben una compensación.

Sin embargo, la reparación no está hecha. Shell seguirá con sus mismas prácticas, quizá parcheando algunos de sus oleoductos pero, cada vez más, con la compra de autoridades locales, culpando de los vertidos y la fuerte contaminación de la zona a los bandidos que roban su petróleo. También seguirá callando las bocas de las personas perjudicadas con las migajas de sus beneficios. Mientras, los y las jóvenes del Delta tendrán que seguir migrando en busca de lugares más saludables para poder vivir y la pobreza seguirá avanzando en una de las zonas mundiales que más millones de dólares produce gracias a los beneficios del petróleo.

Hasta que Shell no limpie la contaminación que durante décadas ha causado en el Delta del Níger no habrá verdadera justicia para sus habitantes.

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