¿Hay algún acontecimiento internacional que consiga mayor repercusión que un mundial de fútbol o unas olimpiadas? Parece difícil, si nos atenemos a las cifras: 3.600 millones de personas siguieron en algún momento los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Que el deporte despierta pasiones en todo el mundo no es ningún descubrimiento, lo que quiero aquí es invitaros a dirigir la mirada más allá del terreno de juego.
Los eventos deportivos se han convertido en otro suculento pastel para el mundo de los negocios y las finanzas. La construcción de infraestrucutras –sean carreteras, estadios, hoteles o villas olímpicas– es una parte destacada del negocio. Y ya sabemos que, hoy en día, en los grandes negocios todo vale. Bien lo saben las familias desalojadas en Brasil o los trabajadores migrantes explotados en Qatar. Brasil acoge este verano el Mundial de Fútbol y en 2016 los Juegos Olímpicos. Qatar será la sede del Mundial de Fútbol de 2022.
Desalojos forzosos en Brasil
Miles de familias de zonas humildes de Río de Janeiro han sido desalojadas a la fuerza de sus viviendas para dejar espacio a estadios, autopistas y zonas residenciales. ¿Inevitable? En tal caso debería haberse actuado con diálogo y respeto, negociando con las personas afectadas y asegurándoles un realojamiento adecuado y una compensación que les permita continuar con sus vidas en condiciones dignas. Un traslado sin traumas.
La realidad es bien distinta. Amnistía Internacional ha recogido la experiencia de algunos de los protagonistas. Edilson, residente de Restinga, en Río de Janeiro, describe así el drama que les ha tocado vivir: “A las 10 de la mañana había máquinas, agentes de policía y fuerzas antidisturbios con armamento pesado. Comenzaron a desalojar las casas. Si alguien se negaba a marcharse, empezaban a derribar su puerta con el buldózer. Los agentes entraban en tu casa, te sacaban a la fuerza y luego la demolían”. Leyendo testimonios como este, me pregunto dónde quedan los valores olímpicos y el espíritu deportivo. Me temo que la voracidad de las finanzas también los ha engullido.
Amnistía Internacional, junto con comunidades y activistas locales, pidieron (hace ya un par de años) al Comité Olímpico Internacional (COI) que no mirara para otro lado ante abusos de esta magnitud cometidos “en nombre del deporte”. Una condena pública y enérgica de los desalojos forzosos es lo menos que cabría esperar. Pero no se ha producido. El COI parece más interesado en la buena imagen de los juegos y en los fastos de las inauguraciones que en lo que ocurre en la trastienda.
Porque, además, los problemas no se limitan a los desalojos forzosos. A las entusiastas celebraciones iniciales tras la designación de Brasil como sede de ambos acontecimientos, han seguido protestas ciudadanas. El pasado verano, durante la celebración de la Copa Confederaciones, más de un millón de personas salieron a la calle en varias ciudades brasileñas. Entre los motivos de las protestas estaba el enorme gasto en infraestructuras relacionadas con el mundial y los juegos. La ciudadanía salía a la calle indignada al ver que sus necesidades básicas quedaban desatendidas mientras se destinaban ingentes cantidades de dinero y recursos a los preparativos para los acontecimientos deportivos. Pueden disfrutar con el deporte y estar orgullosos de que su país haya sido el elegido, pero la desproporción en la asignación de esfuerzos y recursos resulta intolerable.
Qatar: explotación en medio de la opulencia
Qatar es uno de los países más ricos del mundo. También es uno de los que recibe mayor cantidad de migrantes con respecto a la población del país: llegan a superar el 90% de la mano de obra. Con los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2022 se espera que llegue un millón y medio de personas para trabajar en la construcción de nuevos estadios e infraestructuras. Tratándose de un país tan rico, podría considerarse una buena oportunidad de trabajo para personas provenientes de zonas empobrecidas. Pero eso es solo un espejismo.
“Qatar es una cárcel para los trabajadores migrantes”. Así de contundente se mostró el equipo de Amnistía Internacional que se desplazó a Qatar para investigar la situación sobre el terreno. Lo que encontraron fue explotación y abusos generalizados.
Salarios bajos que se pagan con retraso o que nunca llegan; extenuantes jornadas laborales, incluso en el muy caluroso verano de Qatar; pésimas condiciones de higiene, salud y seguridad laboral; accidentes frecuentes, que dejan tras de sí muertos y discapacitados; trabajadores que viven hacinados en alojamientos precarios sin servicios básicos como luz, agua o saneamiento.
Por si esto fuera poco, la legislación los deja desprotegidos y atrapados. Desprotegidos porque los migrantes no pueden integrarse en los sindicatos, que solo están permitidos para los trabajadores del país. Atrapados porque hay una Ley de Patrocinio que exige a los trabajadores extranjeros el permiso de su empleador para salir de Qatar o para intentar cambiar de empleo. El empresario puede requisarles el pasaporte y si se les ocurre dejar el trabajo o intentar salir del país sin su permiso, pueden acabar en la cárcel.
“Por favor, ¿hay alguna manera de salir de aquí?”, es la angustiosa pregunta que un trabajador nepalí hizo al equipo de Amnistía Internacional. Llevaba varios meses sin recibir su salario y sin poder abandonar el país.
Vemos que la historia se repite. Al igual que en el caso de Brasil, quienes tendrían peso para detener los abusos miran para otro lado. El Gobierno de Qatar, las grandes empresas de la construcción de otros países que subcontratan a pequeñas empresas locales, la FIFA, los patrocinadores… todos dirigen su mirada a la puesta en escena del mundial y al inmenso negocio que lo rodea; la trastienda quedaría oculta de no ser por las organizaciones de derechos humanos que iluminan la oscuridad y se empeñan en defender los derechos de todas las personas, en especial de las más vulnerables.
Puede encontrarse más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional en “Treat us like we are human”: migrant workers in Qatar.
