En toda América, desde las tierras canadienses hasta el sur del continente, los pueblos indígenas siguen sufriendo una marginación que los sitúa en una posición de vulnerabilidad. Persiste una arraigada actitud discriminatoria y de rechazo a su modo de ser, de ver el mundo y de comportarse. Los Estados democráticos, sean los más desarrollados de América del Norte o los nuevos gobiernos que están surgiendo en el Sur, mantienen una visión histórica que considera a los pueblos indígenas un obstáculo para la explotación de recursos en sus tierras ancestrales.
Violación de derechos
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General en septiembre de 2007, establece que “Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación”.
La Declaración establece también la obligación de los Estados de contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras y recursos, en particular con relación al desarrollo, utilización o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Tampoco podrán ser desplazados por la fuerza de sus tierras.
Hace escasos meses, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional publicaba un informe en el que mostraba la continua violación de derechos humanos de que son objeto en toda la región y cómo se siguen tomando decisiones que les afectan profundamente sin contar con ellos.
En Canadá, pese al elevado nivel de vida del que, en general, goza la mayoría de la población, las comunidades indígenas viven en su mayoría en la pobreza. Un reciente estudio del propio gobierno reconoce que en algunas comunidades la desigualdad en la educación, el trabajo, los ingresos y la vivienda está aumentando. Se calcula que 20.000 personas pertenecientes a las Primeras Naciones de Canadá carecen de agua corriente y alcantarillado.
El pasado mes de abril, 4’5 millones de litros de crudo procedentes de un oleoducto inundaron los humedales del territorio tradicional de los cree del lago Lubicon, en el norte de la región de Alberta. El gobierno local lleva décadas autorizando enormes proyectos petroleros y de explotación de gas en las tierras de esa comunidad sin tomar las medidas necesarias para proteger su cultura, su salud y sus medios de subsistencia.
Otro dato alarmante: las mujeres indígenas de Canadá tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de morir a causa de actos violentos que el resto de las mujeres del país. Una situación que se repite en Estados Unidos, donde los índices de violencia sexual contra las mujeres indígenas en Alaska y en otras zonas del país han alcanzado proporciones de epidemia: una de cada tres mujeres indígenas será violada a lo largo de su vida y casi el 86% de los perpetradores son hombres no indígenas.
En Argentina, el año pasado la comunidad indígena toba qom bloqueó una carretera para protestar por la construcción de una universidad en sus tierras ancestrales. Fue dispersada violentamente por la policía, que también prendió fuego a sus viviendas temporales. Un policía y un miembro de la comunidad perdieron la vida.
En Ecuador, el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku lleva desde 2002 luchando por su derecho a ser consultado con respecto a los proyectos de extracción de recursos en su territorio ancestral.
En Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en mayo del pasado año que se suspendieran los trabajos de una mina de oro en el departamento de San Marcos, porque las comunidades mayas Mam y Sipakapense habían denunciado que se habían iniciado sin su consentimiento y que la actividad minera tenía graves consecuencias para sus vidas, sus propiedades y el medio ambiente. Recientemente, el Estado ha dicho que no acatará la orden de la Comisión y los trabajos siguen en marcha.
En Chile, se ha recurrido con frecuencia a la legislación antiterrorista para procesar a los mapuches que han participado en manifestaciones. Las personas mapuches recluidas en prisión denuncian a menudo juicios discriminatorios. Este año, cuatro hombres de origen mapuche se declararon en huelga de hambre durante tres meses.
La fuerza de la dignidad
Las historias se repiten en todos los países del continente. Pero los pueblos indígenas se están organizando cada vez más para defender sus derechos. Y están logrando cambios. Tribunales de toda la región y organismos intergubernamentales están reconociendo, cada vez en mayor medida, sus derechos.
En Paraguay, país en el que el 45% de los indígenas siguen sin tener la titularidad definitiva de sus tierras, las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa llevan años obligadas a residir en viviendas temporales, al borde de una carretera y sin poder practicar sus actividades tradicionales de caza, pesca y recogida de miel, porque sus tierras se encuentran en manos privadas. Después de años de lucha, la comunidad Sawhoyamaxa acaba de lograr la restitución de sus tierras ancestrales.
En Brasil, el gobierno otorgó el pasado mes de abril la licencia de construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado suspender la construcción mientras no se garantizasen los derechos de las comunidades indígenas locales. Ahora, un juez brasileño ha decretado que se paralice la construcción porque podría afectar a la pesca de la población local y ha prohibido a la empresa constructora cualquier trabajo que interfiera con el curso natural del río Xingu.
La determinación que están mostrando los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos y de su dignidad, merece una respuesta acorde de los Estados, cuya obligación es proteger su derecho a vivir en sus tierras y promulgar leyes que garanticen que se les consulta adecuadamente sobre cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en sus territorios ancestrales.
