Dependencia y protección parecen incompatibles

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Foto. Fernando Mafé.En estos días todo el mundo comenta las fuertes medidas que ha acometido el Gobierno español para paliar los efectos de la crisis. Entre ellas, el tijeretazo a la ley de dependencia planteado en el mes de julio pasado ha llamado mucho la atención y es preciso valorar desde alandar estos recortes.

Sin duda, analizando objetivamente los recortes en su globalidad, comprobamos que han tocado contundentemente a la clase media y a trabajadores y trabajadoras medios en casi su totalidad, ya que las medidas afectan a quienes no tienen trabajo, quienes pertenecen a la función pública, con la subida del IVA a la mayoría y, cómo no, a las numerosas familias con personas dependientes en su seno.

Está claro que numerosa población se sorprende de dichas medidas y sobre todo por machacar a quienes, teniendo una vida normalizada, deberán de apretarse el cinturón un poco más. No entraré en los intereses de otros colectivos afectados pero creo que, sin duda, el más perjudicado será siempre el grupo de personas a las que se denomina como “dependientes”.

Cuando una persona dependiente llega a una familia, toda es afectada por dicha dependencia en recursos, tiempo disponible y en muchos casos cambia la vida de todos sus miembros en función del grado de dependencia de esa persona.

Por eso, lo primero que habría que haber hecho es una buena valoración de dichos individuos y una personalización de las características económicas y asistenciales de la familia para, en función de esos parámetros, valorar la ayuda o prestación.

En el caso, de los grandes dependientes creo, sin tapujos que habría que dedicarles el cien por cien de las ayudas a través de la ley y, como he dicho anteriormente, si la familia tiene posibilidades económicas entonces valorarlo y ajustarlo para que sea una ayuda equitativa según sus necesidades. Por eso, según la nueva ley se rebajará el 25 % a lo que se dedicaba a este colectivo, lo que me parece una aberración, porque estas personas son a las que no habría nunca que recortar por su situación, en la mayoría de las veces extrema.
Con el resto de dependientes de grado medio o inferior, opino lo mismo en el ajuste más concreto de cada persona peticionaria según sus necesidades y, si hay que recortar, que lo hagan en casos que sea posible hacerlo con el estudio previo pormenorizado.

Creo que nunca se imaginaban la gran cantidad de personas dependientes que existían en este país y ahora no se puede echar marcha atrás con esta ley y, por lo menos, cumplir con la multitud de personas y familias que siguen esperando una respuesta o ayuda en la mayoría de los casos insuficiente, para que puedan llevar una vida digna.

Esta ley, mal llamada de dependencia, cuando en su título también alberga algo mucho más positivo como es la “autonomía personal”, tenía muy largo recorrido y muchas expectativas positivas para la posteridad y había que dejarla crecer. Estas medidas serán un gran varapalo para su despegue y me hacen dudar otra vez más de si esta sociedad, que hemos llamado muchas veces del bienestar, es realmente así o, en cambio, queda mucho por hacer para conseguir un mínimo vital a todas las personas tengan o no una dependencia que les inutilice su normal desarrollo en la vida.

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