La Comisión Nacional Católica de Justicia y Paz, presidida por el obispo auxiliar de Osaka, Matsuura Goro, como parte de su Campaña proabolición de la pena de muerte, ha enviado durante la última década regularmente cartas de protesta al ministro de Justicia cada vez que se cumplía una sentencia capital. Traducimos, a continuación, la que envió la última vez que se produjo una ejecución, en Tokyo, el pasado 17 de diciembre de 2013:
“Desde nuestra postura de apoyo a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, así como desde nuestra postura religiosa de respeto y defensa de la vida y de la dignidad humana, manifestamos fuertemente nuestra protesta ante las dos ejecuciones de pena capital realizadas el pasado 12 de diciembre, por las que se suprimieron a manos del Estado dos vidas humanas dotadas de dignidad inviolable.
Ha sido la cuarta vez, desde que asumió su cargo el presente ministro de Justicia, que su firma ratifica la ejecución de la pena capital. En total han sido ocho vidas suprimidas. Lo lamentamos profundamente doloridos.
Hasta ahora hemos elevado reiteradamente propuestas a su ministerio para solicitar la abolición de la pena de muerte. Estamos convencidos de que la ejecución de la pena de muerte, con la que se suprimen vidas humanas por mano humana, constituye un caso más de homicidio, a la vez que transmite a la sociedad un mensaje de violencia. Ejecutar al criminal equivale a cometer otra acción criminal bajo el amparo legal del sistema penal. No puede aducirse como excusa la presunta eficacia para la prevención de crímenes. Además, la gran tragedia de la ejecución es que cierra la puerta irreversiblemente a la revisión de posibles errores judiciales, causantes de sentencias de muerte irreparables. Al admitir la pena de muerte, nuestra sociedad está rehuyendo la responsabilidad de ayudar a la rehabilitación del criminal y proporcionarle oportunidad de arrepentirse y reparar su culpa con una nueva vida. Estamos, así, impidiendo también la construcción de una sociedad humana en la que podamos vivir en reconciliación. La sociedad no puede quitar la dignidad de la persona. El Estado no concede la dignidad, debe reconocerla y protegerla. El criminal no pierde su dignidad. Deberá reparar el mal hecho, pero no pagarlo con su propia muerte o con la renuncia a su dignidad. No debemos responder a la espiral de violencia con violencia.
Sentimos hondamente que no podemos dejar en herencia a las generaciones siguientes el cargo de conciencia por ejecutar la pena de muerte. Tenemos que educar a los niños y niñas de las generaciones venideras, enseñándoles a cultivar el cuidado de la vida. Pero, ¿cómo podremos hacerlo en una sociedad que justifica legalmente la pena de muerte? Si justificamos que el Estado castigue el crimen cometiendo una acción semejante a la del criminal, además de perder credibilidad para enseñar a la juventud el respeto a la vida, estamos viciando su educación con la siembra y cultivo del espíritu de venganza.
Pedimos, por tanto, al Gobierno japonés, que interrumpa las ejecuciones de sentencias de pena capital, que difunda en nuestro país la información sobre la corriente internacional orientada cada vez más hacia la abolición de la pena de muerte y que abra de nuevo al público los debates (organizados antes por el ministerio e interrumpidos recientemente) sobre la revisión del sistema penal, para que un auténtico diálogo cívico favorezca la trasformación de la mentalidad social sobre este problema”.
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