Tarjeta azul

La inmigración ha sido un factor fundamental de la etapa de mayor crecimiento de la economía española –y del bienestar colectivo- destacando no sólo su aportación en forma de trabajo, sino la contribución al sostenimiento de la Seguridad Social, que, gracias a la aportación adicional de más de dos millones de nuevos contribuyentes, consiguió entrar en superávit.

Pero la inmigración se encuentra bajo sospecha desde hace algunos años en las sociedades ricas y las fronteras están cada vez más cerradas a la llegada por cauces regulares. Las políticas parten de que la “oferta” de migrantes es infinita, y que la única política de gestión migratoria es hacer tan difícil como sea posible su llegada. De manera que se obliga a los migrantes que pretenden llegar a los países más ricos a pagar cantidades altísimas para superar las barreras formales –aparentar unos ingresos de los que no disponen para poder entrar como turistas- o bien para superar las barreras naturales –llegar desde África hasta Canarias, cruzar el estrecho o el desierto de Arizona desde México hasta los Estados Unidos.

El resultado de esas políticas es que, efectivamente, se reduce la llegada de personas, pero al coste de alimentar una industria clandestina de tráfico de personas, impedir la llegada por cauces regulares y, lo más grave, asumiendo la muerte en el mar o en el desierto de miles de personas. Es cierto que hay una estructura humanitaria para atender a quienes llegan a nuestras costas, pero no lo es menos que esa alternativa es también consecuencia de políticas de puertas cerradas.

Malas políticas para tiempos de bonanza, pues contratar a alguien por cauces regulares ha implicado trámites de más de un año, lo cual es desde un punto de vista económico un desastre. Pero cuando la situación es de crisis y el desempleo crece entre los inmigrantes de manera especial por el crack del sector de la construcción, tampoco es una buena estrategia.

Si hubiera posibilidades reales de regresar a sus países de origen con garantías de que trabajar de nuevo en España o la UE fuese factible muchos lo harían. Con las fronteras cerradas de nuestros días eso es implanteable: es tan difícil y tiene tantos costes llegar y conseguir un estatus de ciudadano estable, y es tan incierto que pueda volver a lograrse, que el retorno es sólo una aventura excepcional o ligada al fracaso absoluto de la aventura migratoria.

En el nivel de la Unión Europea las políticas preocupan aún más: primero se aprobó una directiva que autoriza “retener” en campos de detención especiales a los inmigrantes pendientes de expulsión ¡hasta 18 meses! Esa medida aberrante y que ya aplican algunos civilizados países del Norte de Europa es un terrible horizonte que muestra un retroceso total en materia de derechos humanos, e implica detener a las personas sin haber cometido delitos, algo que la UE de los derechos y las libertades nunca debería haber permitido.

Más recientemente se ha aprobado un nuevo mecanismo, la tarjeta azul, para atraer y dar un trato preferencial a migrantes con alta calificación y especializados en sectores que nuestros países necesitan –nueves tecnologías, salud. La idea expresada por el Comisario Europeo Franco Frattini es competir con los EEUU en la atracción de los migrantes mejor formados.

Pero esa política selectiva primero margina a unos inmigrantes frente a otros, da prioridad a los mejor formados reduciendo las posibilidades de desarrollo de sus países de origen (si se marchan los mejores el desarrollo será más improbable), y margina de manera especial a las mujeres, pues en los países pobres tienen mucho menor acceso a la enseñanza superior o a las especialidades técnicas más demandadas.

Y, en el campo de la salud, resulta aberrante, poniendo en riesgo los ya precarios sistemas nacionales de salud y la vida de muchos niños y madres en especial, amenazando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta senda necesita una rectificación rápida que reconozca el valor de los migrantes más allá de su calificación e impida retrocesos en materia de derechos humanos.

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