Por Grupos Guernica y APDHE
El coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano llega a España extraditado desde EEUU para ser juzgado por su responsabilidad en la masacre de los padres jesuitas y dos mujeres en El Salvador en 1989.
Tras nueve años de batalla legal, el coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano ha sido finalmente extraditado desde EEUU y entregado a las autoridades españolas. Montano ingresó en prisión y pasó a disposición judicial para tomarle declaración. En España, el coronel salvadoreño se enfrenta a cargos de asesinato y terrorismo por su responsabilidad en la masacre de seis padres jesuitas, su empleada de hogar y la hija de esta en 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El coronel Montano. FOTO ALANDAR
La llegada de Montano a España marca el inicio de la fase de juicio en la Audiencia Nacional. Juicio que, tras 28 años de impunidad, garantiza los derechos de verdad y justicia a los familiares de las víctimas. Cinco de los padres jesuitas asesinados eran españoles en el momento en el que se cometieron los hechos, lo que otorga a los tribunales españoles jurisdicción para investigar y enjuiciar el crimen bajo el principio de jurisdicción universal.
El coronel del ejército salvadoreño Inocente Orlando Montano ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España después de que las autoridades estadounidenses acordaran su extradición para ser juzgado por asesinato y terrorismo. Montano, viceministro de Seguridad Pública y miembro del Alto Mando del ejército salvadoreño en 1989, ha sido procesado por su participación en la planificación del asesinato de seis padres jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amado López y Joaquín López y López, de su empleada Julia Elba y de la hija de esta de 15 años de edad, Celina Ramos.
En noviembre de 2008, Almudena Bernabéu, cofundadora del Grupo Guernica y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, representada por el abogado Manuel Ollé Sesé, presentaron en nombre de los familiares de las víctimas una querella ante la Audiencia Nacional de España contra los autores y partícipes de la masacre. Esta querella constituyó el último resorte para que los familiares de los asesinados y los jesuitas, a través el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en El Salvador, obtuvieran justicia. Hasta entonces, la existencia de una ley de amnistía general aprobada en 1993 y la absoluta falta de voluntad de los tribunales salvadoreños impidieron la investigación y el enjuiciamiento de la masacre.
Tras admitir la querella y reconocer la jurisdicción de los tribunales españoles para conocer del caso, en mayo de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en aquel momento, Eloy Velasco, dictó, con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, auto de procesamiento contra todos los querellados, incluyendo al coronel Montano, emitiendo órdenes internacionales de detención con fines de extradición. No obstante, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador denegó la detención y entrega de los querellados a las autoridades españolas.
Los querellantes en la causa pudieron localizar al coronel Inocente Orlando Montano en Estados Unidos, donde residía en el momento de dictarse el auto de procesamiento, por lo que se solicitó su detención internacional con fines de extradición y fue detenido por las autoridades de Estados Unidos. Tras ser condenado por fraude inmigratorio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó su extradición a España y en febrero de 2016 la Magistrada Kimberly Swank concluyó que la prueba demostraba “que (Montano) tomaba las decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que colectivamente ordenó la ejecución […] de los padres jesuitas”. La defensa de Montano presentó una solicitud de habeas corpus que fue rechazada por el juez federal Terrence Boyle en agosto de 2017. Tras interponer los pertinentes recursos, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la suspensión de su extradición a España.
El coronel Montano es el militar extranjero de mayor rango en haber sido extraditado desde Estados Unidos por violaciones de derechos humanos en la historia reciente del país.
Almudena Bernabéu ha declarado: “La llegada de Montano a España y un juicio de esta naturaleza representa esperanza no solo para los familiares sino para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra civil en El Salvador. Es, además, un paso decisivo en la necesidad de que jurisdicciones nacionales como la española se involucren de nuevo en la lucha contra la impunidad por crímenes internacionales. La posibilidad de verdad y justicia que un juicio como este arroja para El Salvador, aunque sea en España, es incuestionable y es lo que siempre hemos deseado. Esperamos que este juicio aporte al necesario debate sobre el estado de la justicia en el Salvador, aliente a las víctimas y contribuya a garantizar un futuro con justicia”.
Manuel Ollé mostró “su satisfacción por el funcionamiento efectivo de la cooperación judicial entre España y los Estados Unidos porque supone un reconocimiento de que estos crímenes internacionales no pueden permanecer en la impunidad y porque las víctimas directas y los familiares de estos atroces hechos verán colmada su necesidad de justicia, gracias a la aplicación del principio de jurisdicción universal en España. De esta forma la justicia española hoy también es justicia salvadoreña”.
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