Estamos tan inmersos en la situación política actual que ya no somos capaces de dedicar, ni un solo minuto de nuestro ajetreado día, a otras cosas que también deberían ocupar las grandes portadas de los periódicos y los minutos más cotizados del prime time. Aunque parezca mentira, la desigualdad, la crisis de los refugiados o las injusticias sociales de toda clase y condición siguen siendo lo normal para muchas personas que pasan desapercibidas. Sin embargo, dentro de toda esa maraña de banderas, nacionalismos irracionales, y los “tú más” cargados de reproches y odios, se abren también señales de cambio que hacen soñar con una sociedad más humana.
Momento del pleno del Ayuntamiento en el que se aprobó la medida. FOTO: ALANDAR
El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó, bajo iniciativa de la plataforma ciudadana Carta contra el Hambre y con los votos favorables de PSOE y Ahora Madrid y con la abstención de PP y Ciudadanos, una proposición de ley de “Garantías del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid” para garantizar, precisamente, un derecho básico: una alimentación adecuada de la población y poder así, eliminar la altas tasas de malnutrición que presenta la región. O dicho de otra forma, que los municipios de la Comunidad de Madrid tengan, por ley, la financiación necesaria para poder garantizar la alimentación de todos aquellos vecinos y vecinas que presenten necesidades. Así, si a esta Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), instrumento de participación municipal reconocida por la Comunidad de Madrid, se unen al menos tres municipios, podrá ser debatida, votada y, finalmente aprobada como ley autónoma por la Asamblea de Madrid. Todo parece indicar que llegará a buen término pues por el momento ya se han sumado a la propuesta Fuenlabrada, Móstoles, Getafe o San Fernando de Henares.
Esta iniciativa nace el pasado mes de junio con la celebración de la II Conferencia contra el hambre y supone un paso más al Pacto contra el Hambre firmado hace dos años. Dicha reunión estuvo promovida por las más de 40 organizaciones sociales que se agrupan en la Carta contra el Hambre y cuyo objetivo es “mantener viva la conciencia social de este grave problema, para que la codificación y el paso de los años no lo convierta en algo natural, para que las familias que pasan por dicha situación no tengan que depender de la caridad cuando lo que falla es la justicia”. En dicha carta, además, las asociaciones firmantes nos alertan de que, a pesar de que la sociedad parece sensible al problema, las instituciones prefieren callar. “los comedores sociales madrileños están desbordados y el reparto de alimentos está a la orden del día, pero no consiguen ofrecer una respuesta adecuada, ni en cobertura, regularidad, cantidad y calidad del abastecimiento, ni en dignidad para los afectados”. Semanal y mensualmente, cientos de personas se agolpan a las puertas de parroquias para poder llevar algo de comida a casa. “Su vergüenza”, dice la Carta contra el Hambre, “es una vergüenza colectiva, un castigo más al proceso de empobrecimiento causado por la crisis pero agravado por la ausencia de mecanismos de justicia distributiva”. De hecho, los últimos datos no son nada alentadores. Según el indicador AROPE o ERPE (En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) en 2016 el 21,7% de la población de la Comunidad de Madrid se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Y es que, tal y como recoge la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) la malnutrición en Madrid, lejos de desaparecer, está en riesgo de convertirse en un mal endémico, un grave problema especialmente entre niños y niñas. “Así, el 6,3% de los hogares de la región vive en situación de pobreza severa, lo que afecta a algo más de 400.000 personas”. Además, el hecho de estar trabajando no significa poder llegar a los estándares mínimos; 427.000 trabajadores tienen ingresos salariales por debajo de 378 euros al mes. A esto se añade la situación de nuestros mayores quienes, en muchas ocasiones, son el sustento principal de su familia a pesar de cobrar una pensión inferior a 600 euros. Los menos afortunados, el 10% de la población mayor de 65 años, cobra menos de la mitad de la pensión mínima, es decir, un sueldo mensual inferior a los 351 euros.
Entre las posibles medidas sugeridas en la ley de “Garantías del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid” esta la creación de un fondo de emergencia alimentaria para toda la comunidad y la implementación de planes municipales, tales como la puesta en marcha de un tarjeta individual monetaria, el incremento de la plantilla municipal dedicada a agilizar las gestiones de la Renta Mínima de Inserción, la apertura de centros municipales de cultura alimentaria o la promoción del empleo de personas en situación de necesidad alimentaria en empresas de inserción social. La ILM también recoge la creación de un Observatorio de Emergencia Alimentaria y de órganos que fomenten la participación de las personas beneficiarias de esta ayuda en el proceso de elaboración de todas las políticas públicas que se pongan a su disposición. Se pretende, simple y llanamente, cumplir con tantos tratados internacionales que recogen el derecho a la alimentación y que, como han señalado diferentes organizaciones y movimientos “se garantiza con la estrategia de soberanía alimentaria, que centra su atención en la producción para las necesidades y no para el máximo beneficio”. Y es que, aunque sólo el empleo y los sueldos justos eliminarán la pobreza, la inexistencia de voluntad política, hace imprescindible asumir la necesidad de distribuir alimentos exigiendo que se tomen medidas que alivien mucho la situación de tantas familias
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