Amnistía Internacional / Redacción Alandar
Reproducimos la alarmante información de Amnistía Internacional en su campaña “Valiente”, donde desarrollan el creciente número de atentados contra las defensoras de derechos humanos y medioambientales que están sucediendo en todo el mundo.
Raro es el día en que no hay denuncias de ataques contra defensoras de los derechos humanos. Según Front Line Defenders, ONG fundada para proteger a defensores y defensoras en situación de riesgo, en 2015 fueron víctimas de homicidio 156, y en 2016, 281. Más de la mitad de los homicidios de 2015 y más de tres cuartas partes de los de 2016 se cometieron en la región de América. El 49 por ciento de las defensoras que murieron en 2016 trabajaban sobre problemas de tierras, territorio y medio ambiente y entre ellas había muchas pertenecientes a pueblos indígenas.
Cuando una defensora es víctima de agresión u homicidio, rara vez se trata de un hecho aislado, sino que suele ser la culminación de una sucesión de amenazas y advertencias. En muchos países, las autoridades no investigan estas amenazas ni inician actuaciones judiciales al respecto. Casi nunca responden adecuadamente cuando la persona es asesinada o herida de gravedad. Esta inacción permite que los perpetradores gocen de impunidad y les da licencia para seguir amenazando y atacando.
Las organizaciones y las familias luchan a menudo durante años para hacer que los perpetradores rindan cuentas de sus crímenes y sus intentos de obtener justicia o descubrir siquiera la verdad sobre un homicidio pueden ponerlas, a ellas y a otros, en peligro y desembocar en nuevas amenazas y homicidios.
El caso de Berta Cáceres
Las movilización por Berta Cáceres no han dejado de sucederse desde su asesinato.
Berta Cáceres, destacada defensora del medio ambiente, murió por los disparos efectuados por unos hombres armados que irrumpieron en su casa el 2 de marzo de 2016 y abrieron fuego contra ella, aparentemente en relación con su trabajo por los derechos humanos. Su caso ilustra los enormes problemas que padecen quienes defienden los derechos medioambientales o los relativos al territorio y al acceso a la tierra en Honduras. Berta fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993 y trabajaba incansablemente por los derechos del pueblo indígena lenca.
Entre 2013 y 2015, los miembros del COPINH organizaron protestas contra la construcción, por parte de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Berta Cáceres y sus colegas del COPINH sufrieron numerosos ataques y amenazas de las autoridades y otros agentes no estatales que consideraban su labor una amenaza para sus intereses comerciales.
En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Berta Cáceres para proteger su vida, pero las autoridades hondureñas no las aplicaron de forma efectiva. Berta fue tiroteada al menos tres veces cuando viajaba en un vehículo del COPINH en noviembre de 2015; fue sometida a vigilancia, recibió amenazas de secuestro o desaparición, así como amenazas contra sus hijos y sufrió ataques, entradas por la fuerza y la criminalización de su trabajo en un intento de silenciarla y disuadirla, tanto a ella como a otras personas, de continuar con su labor.
La intimidación contra su comunidad no cesó con su asesinato. Entre el 3 y el 12 de marzo de 2016, su familia y miembros del COPINH fueron sometidos a acoso e intimidación. El 15 de abril, unos hombres armados atacaron a sus familiares y colegas y a miembros de otras organizaciones nacionales e internacionales, en una reunión internacional de pueblos indígenas. La policía que estaba en el lugar no hizo nada para impedir los ataques. Finalmente, después de que los participantes internacionales los persuadieran para que hicieran algo, la policía escoltó a los miembros del COPINH y de otras organizaciones fuera de la zona.
Las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres están en marcha, pero se iniciaron sin tener en cuenta la posibilidad de que el crimen pudiera haber estado relacionado con su labor por los derechos humanos. La ausencia de investigaciones en este sentido puso en peligro el derecho de su familia a una investigación efectiva y completa. Sin embargo, un mes después de su muerte, las autoridades dijeron que se estaban considerando todas las líneas de investigación, incluidas las relativas a su trabajo por los derechos humanos.
Hay ocho hombres detenidos por su presunta implicación en el asesinato de Berta Cáceres. Entre ellos hay un gerente de DESA, un oficial de las fuerzas armadas y un militar retirado que fue jefe de seguridad del proyecto de Agua Zarca. Sin embargo, la familia de Berta dice que tiene muchas dificultades para acceder a los expedientes y participar adecuadamente en las diligencias de investigación.
Los ataques concertados contra Berta Cáceres y otros defensores y defensoras impiden en la práctica que éstos, sus organizaciones y comunidades y la sociedad civil en general trabajen en la defensa y promoción de los derechos humanos. Más información aquí.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos: ¿quiénes son?
De conformidad con la Declaración sobre Defensores y Defensoras de 1998 y otras normas internacionales, Amnistía Internacional considera que un defensor o una defensora de los derechos humanos es aquella persona que, individual o colectivamente, actúa para defender o promover los derechos humanos a nivel local, nacional, regional o internacional, sin recurrir al odio, la discriminación o la violencia ni propugnar su uso.
Los defensores y defensoras provienen de todas las esferas sociales: pueden ser profesionales del periodismo, la abogacía, la salud o la enseñanza, sindicalistas, denunciantes de irregularidades, campesinos y campesinas y víctimas o familiares de víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos. Llevan a cabo su labor de defensa como parte de sus funciones profesionales y en otros casos lo hacen de forma voluntaria o sin remuneración.
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