España tiene algo más de 47 millones habitantes. Una ciudadanía que se enfrenta en 2012 a una de las crisis más graves de nuestra historia: desempleo, subidas de impuestos, recortes sociales, falta de inversión, un futuro incierto para la mayoría… Y, entre toda esa gente, hay un grupo de población, el de los extranjeros y extranjeras que residen en nuestro país, que afronta esta crisis con mayor incertidumbre y una carga mayor.
Los estados de opinión contra la población inmigrante dentro de las fronteras europeas han llegado a España de la mano de la crisis. La concepción de inmigrantes como mano de obra de usar y tirar empieza a calar en las conciencias de muchos españoles y españolas que, después de haberse beneficiado de la riqueza que nos ha reportado el trabajo inmigrante, reclaman ahora nichos laborales que antes no querían ocupar y que consideran suyos por derecho. Este caldo de cultivo para la intolerancia y el racismo está, además, siendo calentado a fuego lento por quienes defienden una “España para los españoles”.
A esto se une el endurecimiento que ejercen los diferentes gobiernos en la aplicación de la Ley de Extranjería. Unos hechos que están siendo denunciados permanentemente por asociaciones de defensa de los derechos humanos. Uno de los casos más sangrantes es la situación en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), “guantánamos” en nuestro país en los que ya han muerto varios seres humanos.
Frente a este contexto tan complejo hay quienes (de ellos y ellas hablamos en este número de alandar) “se la juegan” a diario por defender a personas que, por el hecho de nacer, son tan hijos o hijas de Dios como cualquiera. Gracias a su empeño, desde el esfuerzo individual o colectivo, podemos soñar que algún día se deje de hablar de inmigrantes para empezar a hacerlo de ciudadanos y ciudadanas españoles de pleno derecho, sin importar dónde nacieron.
