Rebeldes con causas

¿Qué tienen que ver San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Isidoro de Sevilla con las miles de personas que el 25-S rodearon el Congreso de los Diputados? ¿Y con Sánchez Gordillo cuando se fue sin pagar de un supermercado con el carrito lleno de comida? Que nadie se altere. No se plantea un acertijo indescifrable, ni que se aventure a relacionar al líder campesino andaluz con el santo filósofo a través de la teoría de los seis grados (aquella hipótesis que asegura que cualquier persona del planeta puede estar conectado a cualquier otro terrícola a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios).

Cuando San Agustín afirma en el siglo V, en su Ciudad de Dios que “Lex iniusta non est lex “(“La ley injusta no es ley”), está formulando la misma idea que defienden, han defendido y defenderán quienes entienden que los poderosos y poderosas no deben tratar de imponer medidas que vayan contra los derechos fundamentales de las personas. El movimiento de insumisión, en las diferentes formas que adopta, se ha convertido en el exponente más radical (en el sentido etimológico del término: el que va a la raíz) de este postulado. Hoy en día, quizá sea porque los abusos de quienes legislan y nos gobiernan son más descarados que nunca, las iniciativas que llaman a la desobediencia civil brotan como setas en otoño. En el último año, España acoge un hervidero de rebeliones protagonizadas por grupos de personas indignadas y dispuestas a gritar con fuerza: “¡nunca mais!”, “¡basta ya!” y hasta un “hasta aquí hemos llegado”.

Tal vez, a la mayoría de quienes lean este texto el término “insumisión” les transporte a la lucha protagonizada, en las décadas de los 80, 90 y 2000 por los jóvenes españoles que se oponían a realizar el servicio militar obligatorio. Era un modo directo de visibilizar su rechazo a todo lo que tenía que ver con el poder de las armas. Sin embargo -y aunque este movimiento supuso, de acuerdo con algunas fuentes, la expresión más numerosa de desobediencia civil que se dio en Europa en la segunda mitad del siglo pasado- los orígenes de esta forma pacífica de oponerse a las leyes injustas se remontan a muchos siglos antes y se convierten ahora en plena actualidad.

La culpa fue de Tomás

La lectura de la Suma Teologica de Santo Tomás de Aquino ayudaría mucho a profundizar en este tema. Se pueden imaginar la cara que pondrían, si se les hiciera la sugerencia, quienes participaron en las campañas de Cataluña y en Madrid, “Yo no pago”. Estas acciones agruparon, la pasada primavera, a cientos de personas indignadas con la subida de los precios de los peajes de las autopistas y de los transportes públicos urbanos, respectivamente. A nadie le vendría mal darse cuenta de que la desobediencia civil a las leyes injustas tiene su origen en la obra cumbre de Santo Tomás. El santo-filósofo llevaba el ascua a su sardina y aseguraba en el siglo XIII que todo ser humano tiene el deber o la obligación de desobedecer cada vez que nos encontremos frente a normas contrarias a la ley de Dios. ¿Y no vulnera esa ley divina una administración cuando recorta los derechos civiles y sociales de millones de personas para alimentar al monstruo insaciable al que llamamos Mercado? El derecho a la resistencia, ya desde una visión laica, fue incluido de forma explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa.

Cada vez son más quienes practican en nuestro país la insumisión, esto es, aquellas gentes que se niegan a cumplir con las normas fijadas por el Estado porque entienden que lo legal no siempre es justo. Desobedientes a los bancos están siendo las plataformas contra los desahucios; el campesinado que ocupa tierras; las personas que realizan objeción fiscal para no pagar la parte de los impuestos que corresponden a gastos militares; los y las sindicalistas que entraron este verano en varios hipermercados para hacer de Robin Hoods; quienes en Cataluña hicieron un “simpa” en los peajes de autovías o aquellos que se saltaron los tornos del Metro de Madrid para denunciar que las subidas deben tener un límite, etc. La lista es larga y cada vez se va ampliando más.

Las fórmulas para declararse desobediente a la ley son diversas y cada vez más imaginativas. En el reportaje de portada del número de octubre de alandar entrevistábamos a Santi Izco, miembro de la Plataforma “Yo sí Sanidad Universal”, quien nos contaba algunas. Este médico madrileño forma parte de un colectivo que promueve la resistencia colectiva y organizada ante la retirada de la tarjeta sanitaria, desde este otoño, a decenas de miles de personas inmigrantes sin papeles y otras muchas pertenecientes a otros colectivos “no asegurados”. Relataba en estas mismas páginas cómo grupos de apoyo acompañan a inmigrantes a los centros de salud para exigir que se les atienda. “Hay entre quienes trabajamos en la sanidad española una sensación generalizada de injusticia”, se quejaba Izco.

Operación carrito

El pasado 7 de agosto, el diputado andaluz y alcalde de Marinaleda (Sevilla) José Manuel Sánchez Gordillo, junto con unos 400 militantes del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y tras avisar a los medios de comunicación, llenó varios carritos de la compra con alimentos de primera necesidad en dos grandes superficies comerciales (Mercadona y Carrefour) en Arcos de la Frontera y Écija. Sánchez Gordillo definió la actuación como un caso de “expropiación forzosa” y explicó que tenían la intención de entregarlos al comedor social de una ONG sevillana. Finalmente, los alimentos se hicieron llegar a familias “sin techo” que ocupan un bloque de viviendas en Sevilla. Esta espectacular acción, que llegó a convertirse en un icono de la protesta contra la injusticia que campa por sus respetos en España, fue uno de los acontecimientos de un verano triste y desierto de noticias. Numerosos medios de comunicación internacionales convirtieron la acción de los militantes del SAT en noticia destacada de periódicos e informativos de televisión. La “operación carrito” reunía los principios básicos de cualquier acción de desobediencia civil: no empleó la violencia, tenía un propósito político, pretendía tener relevancia pública y quienes la protagonizaron asumían las consecuencias legales que se desprendieran de su realización. Bueno, todos no. Sánchez Gordillo prefirió no compartir hasta sus últimas consecuencias la suerte de sus seguidores. Aunque a preguntas de los medios afirmó que no le importaba ir a la cárcel, precisó que renunciar a su acta de parlamentario -única forma de dejar de ser aforado y someterse a un juicio- sería castigarse a sí mismo, abandonando las obligaciones a las que se comprometió cuando tomó posesión del cargo.

De todos modos, vista con perspectiva, pocas personas podían prever la relevancia mediática que llegaría a alcanzar la espectacular acción de protesta. Una avalancha de insultos, críticas y descalificaciones le llovieron tanto de los medios de la derecha mediática (La Razón, COPE, El Mundo, Intereconomía, La Gaceta…) como de los que no lo aparentan (El País y Cadena Ser). El combativo alcalde de Marinaleda, con un gesto muy simple, había cometido un “pecado mortal” atacando uno de los pilares del sistema: la propiedad privada.