Mujeres en el límite

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Foto: Amnistía Internacional/Ricardo Ramírez ArriolaEn España nadie es capaz de dar una cifra oficial de cuántas son, aunque casi cualquier persona adulta podría decirte dónde encontrarlas. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) dice que cada año son más de medio millón de personas, básicamente mujeres, niñas y niños, los que llegan cada año en condiciones de esclavitud forzada para ser utilizados en la industria del sexo en Europa occidental. En nuestra supuesta sociedad organizada del siglo XXI existe un terrible agujero negro. No hay datos oficiales ni informes fiables sobre el número de mujeres sometidas a tráfico de personas para alimentar el boyante negocio de la prostitución. Hace años que la violencia de género dejó de ser considerada un problema exclusivamente intrafamiliar y que se considera noticia cada asesinato en este ámbito, se contabilizan, describen, se evalúan los episodios, hay instituciones y observatorios específicos dedicados a ellos. Pero la violencia que sufren las mujeres extranjeras, traídas de lejos para ser explotadas sexualmente en nuestro país, sigue sin ser contabilizada.

Este año, un peculiar intercambio de pareceres entre el Ministerio de Igualdad y organizaciones sociales sobre el número de mujeres esclavizadas, víctimas de la potente “industria del sexo”, situaba las cifras entre el 80 y el 90 por ciento. El diario El País tuvo que reconocer que la cifra del 5% que había utilizado en uno de sus editoriales para cuantificar el número de mujeres que presuntamente se dedican a la prostitución de forma voluntaria en nuestro país no tenía una fuente de apoyo solvente.

Pero si a cualquiera de nosotros nos preguntaran dónde encontrar a estas mujeres, sabríamos seguramente a qué calles de nuestra ciudad dirigir al interesado. Todos podemos ver, en cualquier viaje por carretera, un número elevado de clubes de carretera, edificios más que identificables, dedicados a este negocio. También las vemos en polígonos industriales, zonas enteras de nuestras ciudades, carreteras y hasta caminos rurales. Incluso sabríamos distinguir distintas categorías según las zonas. Sus servicios están anunciados en Internet y en los periódicos más selectos, que opinan que es una cuestión de libertad de expresión aceptar esta publicidad y que el Gobierno no tiene derecho a prohibirla. Y es negocio.

Un estudio de la Federación de Mujeres Progresistas, basado en datos de la Guardia Civil, dice que los principales países de origen de las mujeres que llegan a nuestro país son Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana. Son muchos los lugares donde estas mujeres son exhibidas y también martirizadas cotidianamente por terribles y grandes mafias que utilizan la extorsión a sus familias, la violencia sistemática, la violación, el hambre y la muerte como herramientas de sometimiento. Y el negocio es rentable: son muchos los hombres que utilizan habitualmente los servicios de estas mujeres sin pararse a reflexionar sobre el destino final de su dinero ni sobre su complicidad, cuando menos, en un grave delito sobre los derechos humanos. Los mercados, y los clientes, siempre tienen la razón.

Todo empieza cuando, en un país de la Europa del Este, de América Latina o de África –existe un número elevado de mujeres nigerianas en esta situación-, la mafia localiza a una chica medianamente joven y guapa. Alguien, una mujer mayor de confianza, otra joven que ha ascendido en el negocio o un hombre con indudable atractivo, comienza a cercarla y termina por ofrecerle un trabajo en Europa, o en España. La persona de contacto se infiltra en la familia y consigue tener a ésta controlada, principalmente a través de la presunta deuda generada por el viaje de la mujer al extranjero. Posteriormente, las amenazas sobre la familia siempre se suman al maltrato que recibe la mujer.

Las mafias son grandes, potentes, muy organizadas y ramificadas. En septiembre de 2010 fue detenido en nuestro país Adrian Rascu, conocido como “El Padrino”, jefe de una organización francesa que controlaba la prostitución en una amplia zona de París y que había secuestrado, violado y esclavizado a miles de mujeres de etnia gitana de origen rumano. “El padrino” en cuestión salía del gimnasio de Carabanchel donde mantenía sus reuniones de negocios desde que huyó de Francia para evitar su condena.

Son muy pocos los casos en que estas condenas se producen. Cuesta creer que estas organizaciones actúen en semejante impunidad, porque, como decíamos, el negocio es bien visible. Pero si una mujer víctima de este tráfico no denuncia a la mafia que la ha traído en un plazo concreto desde su llegada a España, se le considerará inmigrante ilegal, y no víctima de un delito, por lo que la única respuesta de las autoridades será la expulsión. Las mujeres que milagrosamente han logrado dejar atrás esta situación no quieren recordarla ni hablar de ella. No quieren hacerse daño a sí mismas ni ponerse en riesgo de nuevo. Por eso las investigaciones son poco eficaces.

Aún así existen muchas organizaciones implicadas en la denuncia de esta ignominia, como Proyecto Esperanza, galardonada con el Premio Alandar y de cuyo trabajo hemos hablado en estas páginas, y también otras que tratan de sensibilizar y exigir medidas políticas eficaces, como Amnistía Internacional y la propia Federación de Mujeres Progresistas. Es estremecedor sentir cómo, en nuestra sociedad presuntamente civilizada, la pobreza y la injusticia siguen teniendo el rostro de una mujer aterrorizada.

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