El laberinto económico de la Iglesia española

En un tiempo en el que los impuestos y las X en la declaración de la renta están de plena actualidad, decidimos abordar desde alandar el tema de la economía en la Iglesia católica. También lo hacemos con la voluntad de, en esta etapa de aires de renovación iniciada por el papa Francisco, ir tratando asuntos que nos interpelan y en los que nos gustaría que se produjesen evoluciones en el ámbito eclesial.

Nos acercamos a este tema de los dineros recogiendo los datos reales, así como los argumentos a favor y en contra del modelo actual. Este tipo de debates tiene que basarse en los datos para no caer en la mera discusión ideológica. Por eso acudimos a esos datos.

La equis y las creencias

La aportación que recibe la Iglesia del Estado proviene básicamente de la casilla de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el popularmente llamado IRPF. En el año 2012, un 35% de los declarantes (un 34’87 exactamente, es decir, 7.339.000 declaraciones, representando a nueve millones de contribuyentes) marcaron la casilla de la Iglesia en la última declaración del IRPF, la de 2012. Indicaban así su voluntad de que el 0’7% de su cuota íntegra se entregase a la Iglesia católica. Eso supuso para la Iglesia recibir una aportación directa del estado de 249 millones de euros.

El número de contribuyentes que han marcado la casilla se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años. Lo que ha cambiado ha sido el porcentaje de aportación. Hasta el 2006 se aplicó el 0’52%. A partir de aquel año –y fruto de las negociaciones entre la Conferencia Episcopal y el gobierno de Zapatero–, se comenzó a aplicar el actual 0’7%, al tiempo que la Iglesia asumió comenzar a pagar el IVA para todo lo relacionado con el culto, del que hasta ese momento estaba exenta.

A lo largo de los años, las comunidades autónomas con más declarantes marcando la casilla de la Iglesia Católica son Castilla-La Mancha (48’6%), Murcia (47’4%) y Extremadura (46’17%). Obviamente, no coinciden con las comunidades que más aportan al IRPF.

En el hecho de marcar o no la casilla del IRPF a favor de la Iglesia puede influir la valoración que se tenga de la Iglesia como institución. Según el barómetro de abril de 2014 solo aprueban con más de cinco las fuerzas armadas, la policía y la guardia civil. La Iglesia suspende con un 3’39. No debe ser un consuelo pensar que está por delante del Gobierno, el parlamento y los sindicatos, todos ellos por debajo de 3, si se tiene en cuenta que está por detrás de los medios de comunicación (4’7), el defensor del pueblo (3’82) y la monarquía (3’72).

También puede influir la opinión sobre el modelo concreto de financiación. Seguramente hay personas católicas –o no católicas– que valoran la Iglesia como institución y aceptan este modelo de financiación de sus actividades y, por eso, marcan la casilla. Pero también puede haber católicos que, aun valorando la institución, no estén de acuerdo con este modelo de financiación y, por eso, no marquen la casilla a pesar de la petición expresa de la Conferencia Episcopal.
Por tanto, el simple hecho de marcar la casilla no puede considerarse como una prueba automática de “catolicidad”. Pero resulta interesante comparar los datos de la renta, en la que la persona contribuyente “se retrata” sobre esta cuestión concreta que afecta al destino que se va a dar al dinero de sus impuestos con los datos que nos ofrecen las encuestas sociológicas sobre la religiosidad de la población española.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo un 68’8 % de dicha población se define como católica, aunque un 60% de ese grupo no va a misa “casi nunca” (Barómetro de Abril del 2014).

Ese podría ser el titular de ese reciente barómetro, que recoge también que un 1’9 % (893.000) de españoles se declaran seguidores de otras religiones, un 16’4% (7.708.000) se dicen no creyentes y un 9’7% (4.559.000) se define como ateos.
Es decir, hay un 70’7% de españoles (33 millones, sobre una base de población de 47 millones) que se identifican como personas religiosas. A quienes así se definen, cuando se les pregunta por la frecuencia de su asistencia a misa u oficios religiosos, excluidos los motivados por razones puramente protocolarias o sociales, responden lo siguiente:

 60%, casi 20 millones, no asiste casi nunca a misa u otros oficios religiosos

 15%, en torno a 5 millones, asiste varias veces al año.

 9’3%, algo más de 3 millones, asiste una o más veces al mes.

 13%, 4’3 millones, asiste casi todos los domingos.

 1,’7,%, unas 560.000 personas, asisten varias veces por semana.

Es decir, si excluimos a quienes asisten solo varias veces al año, queda un 25% de la población (8’25 millones de personas) que asiste a misa o algún oficio religioso regularmente, entre alguna vez al mes y varias veces por semana. De ellas, prácticamente cinco millones asisten de forma muy regular (entre todos los domingos y varias veces por semana). Estas cifras se refieren al conjunto de quienes se declaran “religiosos”. Habría que rebajarlas para los católicos descontando el 1’9% de españoles y españolas que se declaran miembros de otras religiones. Por su parte, la Conferencia Episcopal suele citar la cifra de siete millones de asistentes de media a la misa dominical en toda España.

Aunque la práctica religiosa no ha dejado de bajar en los últimos años, podemos ver que existe todavía un porcentaje, quizá minoritario pero todavía muy significativo, de practicantes habituales.

¿Equivale el porcentaje de quienes practican la religión al de quienes marcan la casilla Iglesia? No exactamente. Más bien podríamos deducir que hay más declarantes (nueve millones) que practicantes (entre cinco y ocho millones). Es decir, hay que suponer que tiene que haber católicos que, sin ir a misa habitualmente, marcan la casilla en favor de la Iglesia en su declaración de IRPF de la renta. Igualmente es muy posible que, dadas las cifras, haya quien lo haga desde la confianza en la Iglesia y en su tarea y labor pero desde la no creencia. Si tomamos como referencia la autodefinición en materia religiosa, vemos que la cifra de quienes marcan la casilla, el 35%, equivale a la mitad de las personas que se consideran católicas (68’8%), siempre teniendo en cuenta que no todos los españoles (47 millones) tienen la obligación a hacer la declaración de la renta (solo se presentan 21 millones de declaraciones).

El modelo

El modelo que se ha aplicado en España no es el alemán. En el modelo alemán el Estado hace de simple intermediario o recaudador en favor de la Iglesia. El Estado cobra por ese servicio a las Iglesias. Esa aportación se añade al impuesto que se debe pagar al Estado. Es decir, el alemán que marca la casilla de la Iglesia católica, ve incrementada su cotización en un tanto por ciento.

En España el sistema es diferente. El declarante hace el cálculo de lo que debe pagar de acuerdo con la ley. Luego, en caso de que se marque la casilla de la Iglesia católica o de los fines sociales, el Estado detrae de lo que ingresa por el impuesto del IRPF una cantidad y lo reparte directamente según la opción elegida por los y las declarantes pero sin coste adicional para ellos.

Por eso, hay quien considera el actual modelo como una discriminación positiva en favor de la Iglesia. Los más radicales proponen eliminar cualquier colaboración con las entidades religiosas. La Fundación Alternativas, vinculada al PSOE, propuso eliminar el modelo actual pero manteniendo una colaboración económica basada exclusivamente en desgravaciones fiscales para los y las contribuyentes.

Otras ayudas

La Iglesia también recibe otras aportaciones del Estado. La Conferencia Episcopal reconoce las que derivan de los acuerdos Iglesia-Estado: el dinero para la asistencia religiosa en hospitales, prisiones y en las fuerzas armadas (unos 50 millones de euros al año) y el pago al profesorado de religión (unos 610 millones de euros anuales).

Además, hay exenciones de impuestos muy importantes que, argumenta la Iglesia, no pueden considerarse un privilegio, porque afectan a un número enorme de entidades sociales. La Ley del Mecenazgo de 2002 prevé la exención del pago del impuesto de sociedades para todas las asociaciones de cualquier tipo que, sin ánimo de lucro, realicen su actividad en el ámbito de la sanidad, la cultura, el deporte, la investigación… También están exentas las que se dedican a la lucha contra la marginación y la discriminación, a la cooperación norte-sur y un largo etc. Todas esas instituciones y/o asociaciones no están exentas de hacer la declaración del impuesto de sociedades pero sí de su pago. Desde la aprobación de esa ley, han florecido en España las fundaciones de todo tipo con una función social. Esto afecta, naturalmente, a muchas de las actividades de la Iglesia católica pero también a muchas ONG, fundaciones y sindicatos, que nada tienen que ver con ella.

Además, por los acuerdos con el Vaticano, la Iglesia no paga el IBI ni la plusvalía, en caso de venta, de los edificios dedicados al culto, casas o residencias de párrocos u órdenes religiosas, aunque sí por los que pudieran dedicarse a actividades económicas.

El uso del dinero

¿En qué se emplea todo ese dinero que recibe la Iglesia del Estado? Los 249 millones del último ejercicio correspondientes a las casillas marcadas en la declaración del IRPF equivalen apenas al 22% del presupuesto de las diócesis españolas para gastos corrientes. Hace unos años la aportación del IRPF correspondía a entre el 33% y el 25%. Eso significa que la Iglesia ha mejorado sus ingresos a través de la financiación directa proveniente de aportaciones de los fieles.
El 78% restante de los ingresos viene de las aportaciones directas de los fieles o de recursos propios. Con el dinero del IRPF se paga la seguridad social de los sacerdotes (los sacerdotes cotizan al mínimo, por eso en el momento de su jubilación sus pensiones están en la mínima) y los gastos generales de la Conferencia episcopal. La mayor parte va al Fondo Común Interdiocesano, que lo reparte entre las diócesis en función de sus necesidades: para las más pobres puede representar el 60% del presupuesto, pero para las que tienen más ingresos propios solo entorno al 10%.

La Iglesia tiene mucho patrimonio (bienes inmuebles) pero, según el responsable de asuntos económicos de la CEE, su aportación al presupuesto de ingresos no supera el 5%. La realidad es que dado que una gran parte de ese patrimonio es histórico, su mantenimiento supone para muchas diócesis hasta el 20% de su presupuesto.

El debate: ¿se puede hablar de los dineros de la Iglesia?

La Conferencia Episcopal argumenta que es difícil considerar como un órgano único al conjunto de las 69 diócesis y las 22.700 parroquias que forman la Iglesia en España. Más difícil todavía si tenemos en cuenta el conjunto de los monasterios y las órdenes y congregaciones religiosas, con todas sus obras. Más difícil todavía si se piensa en las múltiples organizaciones seglares, asociaciones, cofradías, etc. Más difícil aún si pensamos en las muy abundantes obras de tipo educativo, social, sanitario, etc., que lleva adelante la Iglesia. En total, todo ello forma un conglomerado de más de 40.000 entidades, muchas de ellas con personalidad jurídica propia y autonomía económica.

Lo cierto es que, más allá del pluralismo real, de la complejidad organizativa y la autonomía de sus diferentes instituciones, la Iglesia es percibida socialmente como un todo, al que se pasa factura en conjunto. La jerarquía llama a sus fieles a la unidad y nosotros mismos, los católicos y católicas, aunque conscientes de nuestra diversidad, pensamos en plural las responsabilidades del cuerpo eclesial y nos preocupamos de la imagen del conjunto eclesial. Si nosotros lo vemos como un todo, ¿no lo han de hacer igualmente quienes nos ven desde fuera?

La legitimidad de las ayudas

La Iglesia defiende la ayuda que recibe argumentando su gran aportación social y lo que eso significa de ahorro para el Estado. La Conferencia Episcopal cifraba ese ahorro en el año 2007 en 8.000 millones de euros. Al mismo tiempo, daba cifras y datos sobre el número de servicios y de personas voluntarias que hacían posible esa aportación. Y dejando claro que esos servicios no existirían sin la estructura eclesial financiada parcialmente gracias a la aportación vía casilla IRPF.

Lo cierto es que, con independencia de su labor social, la justificación de la ayuda a la Iglesia o cualquier religión se fundamenta jurídicamente en el ejercicio de la libertad religiosa como un derecho “que debe de ser tutelado por el Estado, al que corresponde hacerlo posible para todos mediante una colaboración y ayuda eficaz, incluida la económica”, como ya en 2001, en un artículo para El País, afirmaba José Giménez y Martínez de Carvajal. ¡El debate viene de lejos!

En opinión de Rafael Díaz Salazar, “la cooperación económica con las Iglesias y confesiones religiosas es una forma de dar soporte al desarrollo de la libertad religiosa y de reconocer que la religión, aunque no es un bien común, pues no todos los ciudadanos son religiosos, es un bien público, en la medida en que genera un conjunto de creencias, culturas, identidades, comportamientos y prácticas diversas que marcan positivamente la vida de millones de ciudadanos” (España laica, 2008, p. 240).

“El cristianismo bien hecho es, sin duda, un bien público y cualquiera querría invertir dinero en su mantenimiento, si se hiciera bien”, decía Adela Cortina, catedrática de ética, a la revista Vida Nueva en el año 2007. Pero, con gran realismo, también añadía, “en una sociedad crecientemente secularizada, más vale que los cristianos arrimen el hombro porque cada vez hay menos razones para defender lo que no venga apoyado por la mayoría o la fuerza imparable de lo políticamente correcto”.

Un deseo para el futuro

Hay que tomarse en serio la recomendación de la catedrática de ética. Por razones sociológicas que están ahí: la práctica religiosa disminuye, otros actores sociales cuestionan a la Iglesia a veces con virulencia… Sin embargo, la principal razón no puede ni debe ser sociológica. La principal razón nos viene de dentro: es una exigencia evangélica de claridad, pobreza, servicio y fraternidad. Por ello es necesario que en todos los estadios eclesiales se avance hacia la autofinanciación, la solidaridad interna y la trasparencia.

Aunque recibir dinero del Estado sea legítimo, ¿no sería un buen testimonio que la Iglesia asumiera totalmente sus gastos de gestión y el pago a sus sacerdotes y recibiera dinero solo en concepto de ayudas y servicios? ¿No debería la Iglesia poner más su patrimonio inmobiliario al servicio de las personas más necesitadas (familias desahuciadas, inmigrantes, gente sin hogar)? ¿No debería explicar mejor lo que tiene y cómo lo emplea? ¿No debería incorporar a todos los fieles a las decisiones importantes sobre el uso de los bienes propios? ¿Cómo puede educar en la corresponsabilidad de todas sus miembros si resulta que las decisiones económicas las toman unos pocos y de forma opaca?

Al elaborar este texto se hace público un dato interesante: la diócesis de Bilbao cede el 30% de las viviendas de su propiedad a familias desahuciadas, sea gratuitamente o mediante una renta social. Ojalá la Iglesia –que, sin duda, hace bastante– movilizara sus grandes recursos humanos y materiales en una auténtica llamada a rebato en favor de los más golpeados por la crisis. Ojalá se escucharan más voces proféticas y menos justificaciones. Ojalá, en fin, los católicos y católicas tomáramos la iniciativa en todos los frentes de la responsabilidad y el compromiso en materia económica en busca de una mayor solidaridad y justicia en lugar de dejar que otros nos marquen el paso.

Hay que ser realistas. Aunque haya mucho para mejorar, sería injusto no reconocer el avance de los últimos años en materia de trasparencia. Ya es habitual que las diócesis, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, en noviembre, hagan públicas sus cuentas. Algunas van más allá: la de Sevilla las tiene colgadas en su Web, como hace la propia CEE. La de Bilbao ha presentado un plan para autofinanciarse en cinco años (actualmente lo hace al 83%), ha encargado una auditoría externa y ha elegido un grupo de voluntarios laicos para incentivar y gestionar esa autofinanciación. Una diócesis pequeña, como Zamora, tiene a una mujer laica al frente de sus cuentas y hace más de una década que ha reorganizado y modernizado el plan económico. Todos ellos son signos de que se están dando pasos por el buen camino y de que algún día se podrá dejar de lado este modelo actual de financiación como una solución más pragmática que evangélica, una solución que ha socavado la imagen de la Iglesia, una relativamente mala solución, en definitiva, para un tiempo complicado.