Hace no tanto, aunque en este momento da la impresión de que hayan pasado siglos, en este país había quién se lanzaba a asegurar que “nuestra generación podría convertirse en la primera de erradicar el hambre del planeta”. También había quienes auguraban que el equilibrio neutro en las emisiones de CO2 dejaría, en un plazo corto de tiempo, de ser una quimera y que España muy pronto cumpliría lo acordado en el Protocolo de Kyoto. Parece que fue ayer y, en realidad, hablamos de 2009, cuando la inversión del Estado en la investigación (i+D+I) triplicaba la cifra del presupuesto que hoy existe para este capítulo básico de un país que no se niegue a mirar al futuro cara a cara.
No hace falta ser muy perspicaz para detectar a las víctimas de la dieta radical a la que los gobiernos reformistas de derecha, triunfadores en las últimas elecciones, están sometiendo a las distintas administraciones públicas. Más allá de la educación y la sanidad, cabe subrayar la bajada imperiosa de los presupuestos destinados a la Ley de Dependencia, de los que buscaban la promoción de las energías renovables, la ayuda a los países más pobres del sur del planeta o el sostenimiento de las políticas de igualdad con las que se trataba de corregir las graves injusticias que existen por razón de género.
El presupuesto de cooperación para el desarrollo ha caído estrepitosamente y lejos queda ya aquel reclamado 0’7% (en 2011 apenas llegamos al 0’29%) y se han frenado importantes aportaciones, como la que se hacía a ONU Mujeres. En algunas instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, el porcentaje de ayuda incluso se ha eliminado por completo. En cuanto a las políticas de igualdad, se han desmantelado instancias como el Instituto de la Mujer, se han eliminado las subvenciones destinadas a los ayuntamientos para el mantenimiento de los Centros Municipales de Atención a las Mujeres y, por supuesto, para las asociaciones de mujeres.
Desde gran parte de los medios de comunicación más seguidos, que en su mayoría apoyan las tesis neoliberales de los que ahora mandan en España, se defiende la necesidad, la oportunidad y la urgencia de estas políticas de ajuste. Cuestiones hasta hace unos meses que nadie ponía en duda ahora se transforman en “lujos asiáticos”. Detrás de los discursos de austeridad se ocultan intereses de multinacionales eléctricas o de compañías de servicios diversos, por poner dos ejemplos de lobbies que van a terminar llevándose el gato a un agua muy lucrativa para sus intereses. El capital privado no se cansará de loar los beneficios sociales que van a generar la retirada de gran parte de las subvenciones a las energías renovables o las privatizaciones de la sanidad, la educación y los servicios sociales, patrimonio de la ciudadanía.
La reducción del gasto público en 8.900 millones de euros, defendida por Rajoy desde la tribuna parlamentaria en su primera gran intervención como presidente del Gobierno, en diciembre, no ha supuesto, en cambio, merma alguna del 5% (7.153 millones de euros en 2011) que los Presupuestos Generales del Estado destinan al Ministerio de Defensa, por poner un ejemplo de sectores que no sufren recortes. Aquí sí que nuestros gobernantes detectan una necesidad básica. Y la industria armamentística, para la que trabajó hace años su actual responsable, también.
