Adrián y Wilson, de 39 y 29 años de edad y miembros del colectivo de apoyo a migrantes, fueron asesinados a balazos el pasado 23 de noviembre en el municipio mexicano de Tequixquiac. Estos hechos representan un caso muy grave de ataque a defensores de derechos humanos de migrantes. Es la primera vez que en México ocurren amenazas de muerte y hostigamiento de grupos delictivos que controlan la ruta migratoria de centroamericanos que intentan entrar en Estados Unidos, llegándose al extremo de privar de la vida humana a dos personas que enfocaban su labor diariamente en el apoyo a las personas migrantes.
En conferencia de prensa, el Colectivo Ustedes Somos Nosotros denunció que “la muerte de Adrián y Wilson cristaliza la omisión del Estados para generar condiciones para que las personas puedan realizar su labor sin arriesgar su integridad física”.
Esta labor es fundamental debido a que las personas migrantes en tránsito por México se encuentran en un total estado de vulnerabilidad e indefensión derivada de la política migratoria mexicana, que no cuenta con una estrategia de atención hacia esta población que contemple el respeto a los derechos humanos. La situación de vulnerabilidad de las personas migrantes se incrementa ante los abusos por parte de las autoridades estatales y municipales, quienes los extorsionan y despojan de sus pertenencias. A esto se añade que se enfrentan a la agresión de los operativos implementados por el Instituto Nacional de Migración en el corredor de migrantes Lechería-Huehuetoca-Apaxco-Tequixquiac-Bojay, considerado «el paso de la muerte”.
Adrián y Wilson fueron siempre buenos compañeros de trabajo, se comunicaban constantemente, apoyaron de manera directa y constante el trabajo del comedor y albergue San José en Huehuetoca desde su creación hasta su cierre. Daban entrevistas a los medios de comunicación denunciando las condiciones en que las personas migrantes se encontraban, fortalecieron sus capacidades para hacer cabildeo político en el municipio para que se patrullara de vez en cuando por el basurero. Pero la respuesta del Estado siempre fue ineficiente.
Ante esto, las organizaciones defensoras de derechos humanos de personas migrantes han realizado una serie de acciones para tratar de disminuir la violencia a la que se enfrenta este sector de la población. Sin embargo la tarea no ha sido sencilla, debido a que las y los defensores han sufrido de los ataques realizados por parte de los grupos criminales o de acciones realizadas por el mismo estado.
El brindar alimentos, atención médica, espacios para el descanso y el aseo, asesoría para su entrega voluntaria y acompañamiento en las denuncias por violaciones a sus derechos humanos son elementos que han sido utilizados para criminalizar las actividades de las y los defensores.
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