“Érase una vez un país en el que reinaba el Estado del bienestar…”. Este podría ser el inicio de un cuento con final incierto que se titulara España. Porque, visto desde la mayor imparcialidad, el proceso de progresivo deterioro acaecido en los últimos años nos muestra una nación, que algunos coronaron hace bien poco como una de las diez potencias del mundo rico y civilizado, en la que ahora los derechos y libertades conseguidas en más de tres décadas de democracia se van desgajando como piezas de un mecano que terminará arrumbado en un desguace. Una de las últimas piezas se llama Sistema Nacional de Salud. Desde el pasado mes de septiembre, una decisión del actual Gobierno impide el acceso a la sanidad pública (excepto a urgencias y con contadas excepciones: menores y mujeres embarazadas) a 150.000 seres humanos que no nacieron en España y que todavía no han podido conseguir documentos que legalicen su residencia aquí.
Esta norma pulveriza el derecho que asistía a cualquier persona que residiera en nuestro país a recibir una asistencia sanitaria pública y gratuita vigente desde la aprobación de la Carta Magna en 1978. Ahora, tal y como reza el decreto ley aprobado en abril: “se garantiza la asistencia sanitaria solo a los asegurados o dependientes de asegurados”. Esta formulación supone dar un giro de 180 grados y seguir la senda de países como Estados Unidos donde al que no tiene dinero solo le queda el recurso de la beneficencia si cae enfermo. La luz de la esperanza reside en un puñado de comunidades autónomas que han declarado que se negarán a aplicar la medida.
De todos modos, ante una decisión que afecta a la mayoría del territorio español, que no puede ocultar su carga xenófoba y que ha sido disfrazada de recorte, a la ciudadanía organizada solo le queda el derecho a rebelarse. La desobediencia civil ante las leyes injustas es una opción válida que han defendido a lo largo de la historia personajes tan poco sospechosos de subversivos como San Isidoro de Sevilla o Santo Tomás de Aquino. Incluso en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, alumbrada por la Revolución francesa, se justificaba su uso.
Colectivos formados por personal sanitario y administrativo que trabaja en hospitales y centros de salud de todo el Estado español se han unido a organizaciones de inmigrantes para ejercer la objeción de conciencia en algunos casos y en otros emplear tácticas de desobediencia civil no violenta que visibilicen la gravedad de las consecuencias. La Plataforma “Yo SÍ, sanidad universal” está aglutinando las acciones más potentes. Para este número de alandar hemos entrevistado a uno de sus miembros, Santi Izco, un médico que también ejerce como objetor a la ley. Izco alerta de que esta norma se basa en premisas falsas, ya que los inmigrantes sin papeles pagan, como el resto de la ciudadanía, su derecho a la atención sanitaria pública a través de otros impuestos indirectos ligados al consumo, como el IVA o el impuesto sobre combustibles. Pero, entretanto, no se toma ninguna medida contra el turismo sanitario, que era el principal argumento que la justificaba.
También hablamos en este número con Alhagie Yerro, inmigrante originario de Gambia, para conocer cómo se está viviendo este auténtico “apartheid sanitario” entre las personas que lo sufren. Su testimonio está cargado de razones y emociones. Y, entre otras cosas, este joven que sufrió durante tres años la pesadilla de vivir en nuestro país sin documentos, se pregunta por qué y quién ha decidido que España retroceda en su desarrollo y pierda las señas de humanidad y justicia que siempre nos han distinguido.
