Desde el año 2013 se está negociando el acuerdo transatlántico de libre comercio entre la UE y EEUU, el TTIP (por sus siglas en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership), sin que haya trascendido demasiado el calado de esa negociación a la opinión pública.
El tratado tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico. Los indicios racionales –y también las filtraciones– revelan que el enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación -una visión de los derechos de propiedad intelectual que solo fomenta monopolios- y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja, fomentando el poder de las grandes multinacionales.
La UE está dando poca información sobre las condiciones generales, pero sabemos algunas cuestiones capitales por filtraciones que activistas sociales están lanzando a las redes para contrarrestar el secretismo de las negociaciones. Es especialmente significativo el apartado sobre protección de inversiones y, en particular, la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). Dicha cláusula brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión, realizada por instituciones representativas y para el interés general, puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales.
Otro aspecto criticable es la creación de nuevas estructuras no democráticas de procedimientos para “armonizar las regulaciones”, como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no electos y grandes lobbies empresariales. También preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que pondría en solfa, tal y cómo está planteado, algunos de los derechos básicos como la salud, educación, cultura y libertad expresión.
El acuerdo, por tanto, no debe ser visto como un «acuerdo comercial», sino como algo más cercano a una declaración de derechos corporativos que consagrará la autoridad de las multinacionales sobre los gobiernos y colocará a las personas y el planeta aún más bajo su dominio.
