El Tratado transatlántico de comercio: cuando la libertad crea injusticia

Para entender el problema que plantea el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, un plan entre EEUU y la UE para potenciar y hacer más libre el comercio mutuo), partamos de un simple ejemplo: imagine que produce jamones y que, echados todos los cálculos, decide exportarlos a Suiza. Por supuesto, paga sus impuestos como empresa en España y sus jamones cumplen todas las normas de sanidad, etiquetado, calidad, etc. Pero se va a encontrar, primero, con que el país suizo tiene normativa específica sobre jamones diferente a la española. Tiene que adaptarse a esas normas para poder vender allí. En segundo lugar, deberá tener en cuenta que las autoridades le van a cobrar unas tasas especiales que no imputan a los carniceros suizos. Suiza no impide que le lleguen jamones de fuera de su país (porque es bueno para la economía: crea competencia, genera nuevos puestos de trabajo, etc.), pero se lo pone más difícil que a los productores locales, a los que, lógicamente, se supone debe beneficiar el Estado suizo.

Esas dos claves rigen todo el comercio internacional. Cualquier país que quiera vender fuera sus productos se encuentra con una legislación concreta y con unos aranceles (las tasas) a pagar. Y eso pasa también en el comercio entre uniones de países, como puede ser la UE o cualquier otro acuerdo entre naciones. Por ahí va el tratado de la TTIP. Actualmente, la UE y los EEUU tienen sus legislaciones y aranceles diferentes para la importación y exportación de productos. Este tratado pretende -y es lo que se está negociando desde julio de 2013- reducir considerablemente los aranceles y ajustar las legislaciones para que tanto EEUU como la UE encuentren menos trabas legales para ese comercio.

¿Y eso es bueno? ¿Es lógico que el comercio sea más abierto y menos constreñido por tasas e impuestos? Si volvemos al ejemplo de los jamones, parece que sí. Más entrada de productos de EEUU en la UE -y viceversa- supone crear puestos de trabajo (alguien tiene que manejar esos productos), nuevas inversiones, aumento de la competencia (los productores buscarán aumentar la calidad y rebajar los precios) y, en fin, crecimiento económico. Estamos ante un pilar fundamental de nuestro sistema económico: a mayor libertad y con unas normas que garanticen la salubridad, calidad, trazabilidad del producto y demás, mayor riqueza para todos: consumidores, productores y vendedores. Mucho antes de que el sistema económico liberal formulara esa afirmación, los cristianos ya sabíamos que eso de que la libertad sea el valor máximo no es exacto. Jesús gritó -y gritó hasta la sangre, su sangre- que no hay libertad que valga si supone la injusticia y la opresión de algunos. Y ese es el problema de este tratado transatlántico.

El acuerdo en marcha se rige por los criterios habituales del comercio internacional y no por lo que conocemos como comercio justo, ese comercio que garantiza el pago justo de los productores, la ausencia de trabajo esclavo y de agresión ecológica, el fomento de la mujer y el trabajo cooperativo, etc. El TTIP no entra en la vía del comercio justo. Aunque sólo fuera por esto, los cristianos deberíamos hacer frente a cualquier forma de transacción económica cuyos beneficios no garanticen la justicia personal, social y ecológica. Otra cuestión nada desdeñable, de mucho trasfondo, es que las negociaciones se llevan a cabo con un enorme secretismo. La UE da información general, pero no de una manera clara, completa y diáfana. Lo que se conoce es por filtraciones de documentos secretos que los activistas están lanzando a las redes para informar a la población. De hecho, los responsables han legislado una excepción a la ley europea de transparencia, declarando todos los documentos de esta negociación secretos durante 30 años.

Por esas filtraciones sabemos que los aranceles no son el tema central. La Comisión Europea reconoce que los aranceles actuales entre EEUU y la UE son de los más bajos del mundo, gracias a acuerdos sectoriales y a los acuerdos dentro de la Organización Mundial del Comercio. Eso sí, conviene no olvidar que los impuestos, grandes o pequeños, no son el principal escollo para las empresas (los incluyen en el precio final del producto que pagamos nosotros), pero sí lo es que pierda ese dinero un Estado y no pueda usarlo ante los posibles daños ambientales de la producción o para los derechos sociales de los trabajadores. No, el meollo del TTIP no está en los aranceles. Está en el marco normativo, que es muy diferente a uno y otro lado del Atlántico. Europa es mucho más protectora que EEUU de los derechos, el apoyo a los pequeños comerciantes, la seguridad alimentaria. En Norteamérica las leyes son más protectoras de las grandes multinacionales, que exigen responder de sus errores judiciales en tribunales de los EEUU. Este tratado no se dirige a Pepe o Pepa Pérez y sus jamones, sino a las grandísimas empresas que gestionan el grueso del comercio internacional. De hecho, el 90% de los encuentros negociadores de la UE ha sido con grandes multinacionales y grupos de presión (lobbies), para los que cuantas menos leyes haya de protección social y ecológica, mejor que mejor: más beneficios y, en suma, más poder. No estamos hablando de algo meramente teórico. Véase algunos de los extremos que está negociando este tratado transatlántico:

• Impedir que los gobiernos legislen sobre cuestiones bancarias o de seguros, dejándolas a la libre iniciativa empresarial. Con lo que hemos vivido y estamos viviendo en España, no hace falta decir a dónde puede conducir eso.

• Imponer que si un Estado aprueba una ley que afecte a los beneficios (actuales o futuros) de una empresa, ésta puede demandarle ante un tribunal de arbitraje cuyos jueces no estarán controlados por el poder democráticamente electo de ningún país. De hecho, ¡el TTIP tendrá un rango legal superior ¡al de las Constituciones nacionales!

• Quitar toda traba a la circulación de capitales (vía libre, pues, a la evasión fiscal, a la ausencia de control del uso de dinero para comercio de armas u otros fines inmorales, etc.). Y, a la vez, limitar el movimiento de trabajadores entre países (negando el derecho de todo ser humano a buscar un trabajo y una vida digna).

• Al rebajar o eliminar las leyes de protección al consumidor y al permitir que el capital pueda campar a sus anchas, se abre la puerta para que la única “ley” que pueda atender un gobierno sea la que produzca más beneficio económico. Lo que encamina a privatizar realidades que, de suyo, no deberían valorarse por su ganancia en dinero: la salud, la educación, el transporte…

• Los trabajadores perderán derechos, pues la legislación se igualaría por abajo, por la de EEUU, que es bastante menos avanzada que la europea. Por poner sólo un ejemplo, Estados Unidos no ha firmado los tratados internacionales sobre la negociación colectiva o sobre el derecho de asociación, ni ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos (laborales, sindicales, sociales, culturales, de salud…). Si se aprueba el TTIP, todos los países de la UE tendremos que reformar nuestra legislación laboral para ajustarla a los nuevos criterios comunes.

• El acuerdo se centra en las grandes multinacionales y grupos comercializadores, los únicos que tienen capacidad para este comercio internacional. Las actuales leyes europeas intentan proteger también a la pequeña y mediana empresa (son el 99% del mundo empresarial europeo) y, en concreto, a los países menos industrializados. Pero si esas leyes desaparecen…

• El TTIP se interesa mucho por lo sanitario. En Europa la ley exige que sea la empresa quien demuestre que un producto (farmacéutico, agrícola, alimentario, etc.) no es dañino para la salud. Pero en Estados Unidos ese largo proceso de comprobación no existe y la regulación es mínima. Europa se inundaría de productos cuya salubridad no ha sido comprobada tal como estamos acostumbrados hasta ahora. Y se abriría la puerta, entre otras muchas cosas, a productos agrícolas y alimenticios genéticamente modificados, prohibidos hoy en Europa porque no se ha demostrado que sean inocuos (más bien lo contrario: puede investigarse en la red el mucho material que existe sobre esto). Súmese un mayor poder de las empresas farmacéuticas sobre sus patentes, pues el tratado incluye este asunto en los derechos privados de propiedad intelectual, sin considerarlos una cuestión social.

La UE reconoce que, de aprobarse el TTIP, el crecimiento de la contaminación sería fortísimo -hasta once millones más de toneladas de dióxido de carbono-, tanto por el mayor volumen del comercio como por la relajación de las leyes de protección ambiental. Dice la UE que el dinero que se gane con este acuerdo servirá para pagar el coste de esa mayor polución, como si no supiéramos desde hace mucho que lo que se rompe en el ecosistema no se arregla con dinero. Y, por supuesto, este acuerdo eliminaría toda limitación al agresivo fracking (fracturación hidráulica del subsuelo para la obtención de gas y petróleo).

Por todo esto, es fácil de entender que el activismo social describa al TTIP como un «caballo de Troya», algo de buena apariencia para un mercado potencial de 800 millones de consumidores que esconde un ataque frontal al poder democrático de la ciudadanía.

El TTIP argumenta que hay que rebajar o suprimir las regulaciones referentes a sanidad, calidad medioambiental, acuerdos laborales y privatización de los servicios públicos. Porque, dice, eso supone costes adicionales a las empresas que impiden las ventajas del libre comercio. Y claro que es cierto que todo eso supone costes. Pero también supone justicia. La libertad es buena, pero siempre y cuando no termine siendo la de sólo algunos (los comercializadores) en detrimento de la dignidad y la justicia de los consumidores y los ciudadanos, el pequeño productor o agricultor incapaz de competir con las grandes multinacionales y, atención, los países menos desarrollados en este aspecto (a un país que ya tenga una fuerte capacidad para el comercio internacional le es igual que se liberalice el comercio, porque sabe que él sí va a poder competir).

Por supuesto que es más barato producir y exportar un jamón en el que no haya que atender a criterios de higiene, protección medioambiental y condiciones laborales dignas (del mismo modo que es más barato elaborar una camiseta en un país asiático en el que se paguen sueldos de miseria por trabajar 16 horas al día en condiciones infrahumanas). Sí, es más barato para el consumidor, da mayores beneficios al productor y hasta es probable que se creen puestos de trabajo. Por qué no, si ninguna legislación va a impedir crearlos sin garantías sociales, salarios dignos, derechos colectivos. Pero esos beneficios conllevan pagar el precio de la injusticia para muchos. El beneficio se convierte en un dios al que hay que sacrificar todo lo sacrificable. Pero hay que gritar, como ciudadanos cristianos, que no se puede usar a ningún dios para oprimir al hermano. El comercio es uno de los grandes motores que nos permite a la humanidad ser mejores, pero sólo si se evita que esté regido por el poder de unos pocos o que vaya en contra de los derechos humanos. Oxfam Intermón denunciaba hace poco que el año que viene llegaremos a un punto en el que el 1% de la población mundial tendrá más riqueza que el 99% restante. Si se pone al dinero y el beneficio en la cima de todo, ese 1% serán quienes rijan nuestra historia. Y no. Para evitar eso están los gobiernos democráticos, elegidos por todos. Son ellos los que tienen que tener la fuerza legisladora y protectora que les damos los ciudadanos a través de las instituciones democráticas y no los grandes capitales que, ante la ley, han de ser idénticos a usted y a mí.

No hace falta decir que nuestro discipulado de Jesús haciendo camino con nuestros hermanos y hermanas lleva a exigirnos lo que podemos y debemos hacer. Será cada pequeña comunidad y grupo quien deba concretar esto en su realidad, pero quizá podríamos, en general, hablar de tres líneas, siguiendo, como en el camino de Emaús, el ver-juzgar-actuar:

1. Informar/nos para formar/nos (incluyendo, claro, los argumentos a favor de la UE (www.ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/ttip/espana_es.htm).

2. Tenemos que conocer y dar a conocer el tratado transatlántico. Su secretismo es un arma interesada que debemos romper. Parece muy evidente que la ciudadanía se posicionaría radicalmente en contra de casi todos los aspectos del tratado si se conocieran y debatieran. Con una imagen empleada por Susan George, este acuerdo es como Drácula: “Si sacamos el vampiro a la luz del día, retrocede y se muere”.

3. Jerarquizar los valores y contravalores del TTIP. Como muestra la imagen del «caballo de Troya», este acuerdo es peligroso porque en una mirada de su superficie todo lo que aparece suena bien. El problema está en el fondo y se desenmascara recuperando cuáles son los valores fundamentales del Reino, a qué y a quién hay que poner primero en nuestra forma cristiana de entender la economía, el consumo o el dinero.

4. Conocer y, según se pueda, participar en las iniciativas sociales. La coalición StopTTIP (www.stop-ttip.org) agrupa a más de 300 organizaciones de toda Europa y entregó más de un millón de firmas pidiendo transparencia a la Comisión Europea, además de, por ejemplo, convocar y realizar el pasado 19 de abril un día de acción global contra el tratado. En España hay diversos colectivos proponiendo acciones diversas en lo social y en el compromiso de nuestros representantes políticos y sindicales (www.noalttip.blogspot.com.es).

5. Y, además, cada uno de nosotros, personal y colectivamente, sabe cómo ser sal y luz en sus propios ambientes, tanto en lo directamente relacionado con este tratado como en hacer más evangélicos nuestro consumo y nuestra economía.

Este tratado es acentuar más el sistema injusto en el que nos movemos, sin ser ni de lejos alternativa a este modelo económico que se sostiene en la injusticia y en el oprimir a la gran mayoría de esa humanidad que los cristianos proclamamos que son hijos e hijas del Abba Dios. El acuerdo UE-EEUU pretende que cuanto más libre sea el comercio, más desarrollo habrá. En el fondo es permitir especular con los alimentos, los derechos y la dignidad. Ni la Buena Noticia ni una visión racional del ser humano pueden identificar desarrollo con mero aumento del dinero: el desarrollo está unido al crecimiento de la justicia que atiende “a todo el hombre y a todos los hombres” (en feliz expresión de Pablo VI en Populorum progressio, 14) y no sólo a la libertad económica de quien puede tenerla y, con frecuencia, tenerla a costa de otros.