“Para el profesor que quiere entrar en política, la dificultad proviene de la disciplina y de la doctrina de los partidos. En ningún país del mundo y en ninguna época existe un solo sociólogo ni un solo economista que sea capaz de tomar al pie de la letra el programa de ningún partido político (…) Para el profesor de ciencias sociales que quiere entrar en política esto representa una permanente tensión”.
Estas palabras de Raymond Aron sobre las conferencias que Max Weber pronunció en enero de 1919 nos sirven para contextualizar la reflexión sobre la urgente necesidad de recuperar la confianza en la posibilidad de diseñar políticas de juventud efectivas, basadas en la realidad social de adolescentes y jóvenes. Weber distinguía entre personas de ciencia y personas de acción y consideraba que ambas vocaciones podían complementarse. Las primeras, las de la vocación científica, servirían a las segundas, las de la vocación política, para establecer los hechos mismos, sin interpretaciones, de modo que la política pudiera aprovechar el conocimiento de una realidad lo más objetiva posible para restaurarla. Sin embargo, estudios recientes dan cuenta de que las políticas destinadas a facilitar los itinerarios a la vida adulta se olvidan con frecuencia de los datos.
La crisis económica ha supuesto un golpe fuerte para las y los jóvenes de los países del sur de Europa, entre los que se encuentra España. Al principio, como indica Pau Marí-Klose (2018: 158), “en este nuevo mapa social y político que aparece en los primeros años de la crisis, los partidos tradicionales se movieron con lentitud, mostrando inicialmente una palmaria falta de sintonía con los agravios expresados por la mayoría de los jóvenes”. Y al final, los últimos datos disponibles sobre desarrollo juvenil, proporcionados por el ProyectoScopio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, demuestran que aún no se han recuperado los niveles previos a 2009, año en el que se data la explosión de la burbuja inmobiliaria.
La noble labor del ProyectoScopio se basa en el enfoque de las capacidades que construye Martha Nussbaum (a partir de los modelos de desarrollo de Amartya Sen). Nussbaum “aporta un nuevo paradigma teórico en el campo del desarrollo y de las políticas públicas, atendiendo a múltiples factores, a la diversidad de la vida y las realidades, para dotar de mecanismos para empoderar a las “personas reales” (Sanmartín Ortí, 2018: 15). Desde esta perspectiva teórica, se monitorizan las variables que afectan la maduración, autonomía e integración juveniles y se les aplica un seguimiento longitudinal por territorios, elaborando indicadores e índices, entre los que se encuentra el Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado (ISDJC), del que se han realizado cuatro cortes hasta la fecha (2009,2016, 2017 y 2018), abarcando todo el periodo de crisis y los intentos de salida de la misma. Esta herramienta de medición permite establecer un ranking de desarrollo juvenil, calculado sobre jóvenes entre 15-29 años para un total de cuarenta y seis territorios (veintiocho países de la Unión Europea y diecisiete comunidades autónomas).
Concretamente, tanto a nivel nacional como autonómico los resultados del ISDJC 2018 nos hablan de establecer prioridades en la agenda política sobre juventud en cuanto a empleo y emancipación. España tiene una puntuación de 4,98 sobre 10 en esta última edición y este suspenso tiene que ver fundamentalmente con los resultados obtenidos en estas variables, que lastran el resultado global del índice.
Como todos y todas sabemos, la última década ha tenido una repercusión muy negativa en el índice de empleo de España a nivel de población general y sobre todo sobre la población joven, cuyos niveles de desarrollo laboral han sufrido una significativa caída. En la actualidad, según el ISDJC 2018 se sitúan en 0,440 (escala 0-1) y en el puesto treinta y ocho del ranking de cuarenta y seis territorios analizados. Esta última edición, así como la de 2017 muestran una ligera recuperación respecto a 2016, pero la cifra es todavía lejana a la media de la Unión Europea (0,685) y a los niveles del ISDJC 2009 (cuando se obtenía un 0,525 en esta dimensión). Hoy por hoy, ni el conjunto español ni ninguna comunidad autónoma se sitúa por delante de la media de la UE. Tan mal como España, por si sirve la equiparación, están Grecia e Italia.
En el conjunto de indicadores que nos permite puntuar la situación laboral de las y los jóvenes en España, existen tres datos determinantes de su mala posición: el desempleo juvenil, que alcanza el 29,40% frente al 13,20% del conjunto de la UE; la alta tasa de temporalidad (56.4%), que supera en 24 puntos a la media europea; y la elevada tasa de parcialidad involuntaria, con un 64,20% de jóvenes que trabajan a tiempo parcial porque el mercado laboral no les permite incorporarse a tiempo completo (frente al 29,70% europeo). Precariedad y más precariedad. Como datos menos negativos (o como reflejo del intento de supervivencia de una generación), la cifra de trabajadores y trabajadoras jóvenes por cuenta propia supera la del total de la UE, y la de jóvenes inactivos que no estudian (5,90%) se encuentra por debajo del total de la Unión.
En Emancipación, España se sitúa entre los diez últimos puestos del ranking (con una puntuación de 0,134 sobre 1) y todas las comunidades autónomas se sitúan por detrás de la media de la Unión Europea (con un 0,408). En el conjunto Europeo, España desciende en su índice respecto al año anterior (cuando obtenía 0,138), aunque mejora dos posiciones en el ranking. Se ubica en el puesto treinta y siete de cuarenta y seis regiones estudiadas y ocupa de nuevo las últimas posiciones, dejando por detrás a Eslovaquia, Italia, Croacia y Malta. Como ejemplo de las grandes diferencias en este ámbito del desarrollo juvenil, destacamos que, según el índice 2018, en España el porcentaje de jóvenes que se emancipa entre los 20 y los 24 años no llega al 8% y en Europa es el 30%.
Se trata de datos alarmantes, de problemas serios. Como ya indicaba Marí-Klose en 2009: “hay razones para pensar que las desventajas experimentadas durante la juventud puedan arrastrarse a lo largo del ciclo vital, convirtiéndose en desventajas generacionales” (Marí-Klose, 2009: 250). Estaríamos, pues, según los datos científicos, ante un reto político de primer orden: la recuperación de una generación perdida de “jóvenes adultos”. Jóvenes a los que, desde un punto de vista normativo y desde las anteriores perspectivas de transición a la vida adulta, les correspondería ya entrar en la adultez, haberse emancipado, tener pareja, un empleo estable, incluso descendencia, pero que no han alcanzado alguna de estas metas, quizás ninguna. “Su vida ha quedado marcada por la violación de un pacto intergeneracional implícito, que aseguraba que la juventud es una enfermedad que se cura con la edad”(Marí-Klose, 2018: 151).
Es necesario que los científicos y científicas recuperen la confianza en las instituciones políticas, y una de las formas de remediarlo es que las instituciones políticas tengan en cuenta todos estos datos para instaurar una agenda de desarrollo juvenil. Sólo de esta manera los hombres y mujeres de ciencia podrían resolver la tensión que desde hace un siglo les acecha, sintiéndose (sintiéndonos) útiles para la acción. Quizás de esta manera podríamos concebir esa colaboración entre las dos vocaciones, desde una visión esperanzada.
Parafraseando a Vázquez Martín (2016:35): “el único error en el que no nos podemos permitir caer (…) es pensar que la política son las instituciones o los políticos que los medios nos muestran cada día en las noticias (…) Cuando se instala el discurso del “todos los políticos son iguales” refiriéndose a una reducida casta profesionalizada, no queda espacio para el discurso de “todas las personas implicadas en política somos diversas y nuestra es la responsabilidad de nuestro destino(…) La política puede ser un escenario amplísimo que está pidiendo a gritos creatividad, renovación y manos múltiples para llevar a cabo el cambio de era en el que ya estamos inmersas.”
Según esto, por qué no, la ciencia tendría mucho que decir en la redefinición de una nueva política, si bien no como fin último, sí como consecuencia de las posibilidades que ofrece el saber. Según esto también, las conversaciones sobre los resultados del Índice Sintético de Desarrollo Juvenil tendrían cabida en los despachos, los gabinetes, o donde quiera que se esté impulsando el saber hacer sobre adolescencia y juventud, al menos en lo que se dirige a la resolución de las grandes diferencias territoriales, de la diferencia de oportunidades según el lugar en el que nazcas. También tendrían cabida todos aquellos trabajos procedentes de los estudios de juventud que no persiguen sino aportar luz sobre dinámicas locales o globales.
Como adenda final, y desde el anhelo que tiene todo trabajo científico de abrir nuevas preguntas de investigación, podríamos pedirle a los futuros retos científicos en materia de juventud (y, por ende, políticos, desde esta reconciliación deseada entre ambas partes), la incorporación de una perspectiva de género que ahonde en las diferencias de desarrollo entre las y los jóvenes. En el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad se está tratando de incorporar a todos los estudios y programas de intervención, como ejemplo de buena práctica. Incorporar la perspectiva de género significa ser capaces de introducir nuevos objetos de estudio, nuevas categorías de análisis y también el ser capaces de concebir el género como una variable clave en la definición de las posiciones sociales de las personas (Berga i Timoneda, 2015: 198).
