El pasado 11 de septiembre conocimos la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador, Inocente Montano, por el crimen de la UCA en El Salvador 1989.
Es el resultado del empeño de algunos familiares de los jesuitas asesinados, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center for Justice & Accountability de Estados Unidos, así como de la labor de la justicia española que, ante la imposibilidad de que se hiciera un juicio justo en El Salvador, consiguió que se extraditara a Inocente Montano desde Estados Unidos a fin de implementar en nuestro país el principio de justicia universal.
Con todas sus limitaciones -solo se han juzgado los asesinatos de los cinco españoles muertos en la masacre- esta sentencia constituye el abal jurídico a una verdad constatada por estudios rigorosos, testimonios de primera mano, y la convicción moral de cualquier persona que observara aquellos hechos con honestidad. Muchas de esas evidencias, ya conocidas, se han desplegado ante los ojos de todos en las tres semanas que duraron las sesiones del juicio. Nos limitamos a destacar a continuación algunos momentos del juicio particularmente significativos.
Reconstruyendo los hechos
La sentencia reconoce que la declaración del teniente René Yusshy Mendoza resultó determinante. Pasó de ser acusado a ser testigo arrepentido en la primera sesión el juicio, y ofreció un testimonio de primera mano pues era uno de los miembros del batallón que perpetró el crimen y uno de los dos únicos condenados por el caso en El Salvador antes de la ley de amnistía. Yusshy Mendoza dio muchos detalles sobre los hechos y señaló al acusado como uno de los militares que dio la orden de asesinar a los jesuitas de la UCA. El encargo se realizó en una reunión del Estado Mayor, en la que participó Montano. Fue además Montano quien informó de que Ellacuría se encontraba de regreso en la UCA tras un viaje al extranjero.
Hubo también otros testimonios significativos durante el juicio. Como el de los dos únicos testigos directos del crimen: Lucía Barreda —que fue durante años empleada doméstica de la residencia de los jesuitas en la UCA— y su marido Jorge Cerna. En su declaración explicaron que ambos estaban durmiendo junto a su hija de cuatro años en la UCA cuando les despertaron los «disparos, ruidos y gritos». Pudieron ver a los soldados y alcanzaron a escuchar como el «padre Nachito» (Ignacio Martín Baró) espetaba a sus asesinos «Son una carroña, esto es una injusticia».
José María Tojeira SJ, ex rector de la UCA, por su parte, recordó los ataques constantes contra los jesuitas durante las semanas previas al crimen en medios de comunicación afines a las fuerzas armadas, y explicó las pruebas que señalaban desde un principio a las fuerzas armadas.
Diversos testimonios relataron los esfuerzos que se llevaron a cabo para ocultar la realidad. Luis Alberto Parada Fuentes, que en el momento de los hechos era teniente del ejército salvadoreño y oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia, dijo que el «encubrimiento institucional al más alto nivel» del caso empezó desde el mismo momento de la matanza.
Parte de ese encubrimiento fue el juicio que se llevó a cabo en El Salvador en 1991. Así lo explicaron en la Audiencia Nacional los miembros de dos delegaciones que el Congreso español envió al juicio, que describieron las deficiencias de aquel proceso. Y lo confirmaron los propios fiscales a cargo de la investigación, relatando las irregularidades procesales que se cometieron, y las dificultades y presiones que sufrieron tanto por parte de autoridades salvadoreñas como de la embajada norteamericana. En esa línea, la sentencia de la Audiencia Nacional asume -citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como al Tribunal Supremo español en 2015- que aquel juicio «no garantizó el castigo y persecución efectiva de sus responsables, sino más bien su sustracción a la justicia».
La defensa
Si en vísperas del juicio la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús había animado a Montano a «aprovechar esta gran oportunidad» para contribuir al esclarecimiento de la verdad «dando a conocer todo lo que sabe sobre dicho crimen», no tardó en quedar claro que no sería así. En la segunda sesión, el 9 de junio, llegó la esperada declaración del excoronel. Montano negó todas las acusaciones: sus funciones eran «meramente administrativas», además, «militarmente no hubo nunca pretensiones de hacerle daño a él [Ellacuría], a la Iglesia o a la universidad»; tampoco intentó nunca encubrir a los autores. Una frase suya en la última sesión del juicio puede servir de resumen de su versión de los hechos: «no hubo un plan preconcebido, fue un error de los soldados».
Montano no estuvo solo en el juicio. Hubo declaraciones a petición de la defensa que respaldaron al acusado. Mauricio Ernesto Vargas, general retirado de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, afirmó que las tareas del viceministro eran puramente administrativas y de asesoría técnica. Y Oscar Alfredo Santamaría, ex ministro del gobierno del presidente Cristiani, dijo que las Fuerzas Armadas buscaron siempre una solución pacífica al conflicto.
La verdad jurídica
Sin embargo, la lectura de la sentencia no deja lugar a dudas sobre la credibilidad que el tribunal atribuye, por unanimidad, al relato de la acusación.
Comienza analizando el contexto en el que se produjeron los hechos: el protagonismo de la Iglesia, y de Ignacio Ellacuría en particular, en la búsqueda de una salida negociada al conflicto salvadoreño, los enemigos que ese proceso tenía en las fuerzas armadas y los precedentes —amenazas, registros, atentados— que se habían producido.
A continuación, basándose en los datos probados por diversas investigaciones y los testimonios mencionados, la sentencia relata los hechos ocurridos antes -preparación y órdenes-, durante -la noche del crimen-, y después -la ocultación-. No duda en señalar a los autores intelectuales de la matanza, refiriéndose a «un grupo, estable y permanente que, desde las más altas estructuras del poder en El Salvador», con el presidente de la República a la cabeza, utilizaron la «violencia y la comisión de graves delitos» para «cercenar el camino hacia el diálogo y la paz, con el único y fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones».
En el caso de la UCA, los asesinatos se produjeron después de «intentar hacer creer a la opinión pública» que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes que trabajaban allí, «pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, generando la falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de la sociedad, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista y que tenía como fin terminar con los valores aceptados como propios y absolutos por quienes detentaban el poder».
El tribunal condena a Montano por «cinco delitos de asesinato
terrorista», justificando extensamente el calificativo «terrorista» -que además de tener valor penal, resulta fundamental para otorgar competencia a la jurisdicción española- en base al código penal. La sentencia deja otra importante afirmación al señalar que este crimen se sitúa en el «campo de la violencia ejercida desde los propios aparatos del Estado, es decir, lo que comúnmente viene a denominarse como «terrorismo desde el Estado», que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder».
¿Y ahora qué?
El condenado ha anunciado que presentará recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que el itinerario judicial del caso no ha terminado. Recordemos, también, que el cumplimiento de la condena por parte de Montano resulta incierto: tiene 78 años, su mueve en silla de ruedas -era trasladado al juicio en ambulancia- y su estado de salud es delicado -padece diabetes y cáncer de vejiga-.
Pero, más allá de los coletazos del caso que se produzcan en España, donde se espera que el juicio tenga un impacto y abra una nueva etapa es en El Salvador. En julio de 2016, la Corte Suprema de El Salvador consideró que la Ley de Amnistía era inconstitucional y abrió nuevas posibilidades de que se hiciera justicia en aquel país, pero a partir de entonces han sido numerosos los obstáculos -retrasos, apelaciones…- que han bloqueado cualquier avance.
La Compañía de Jesús en Centroamérica y la UCA seguirán trabajando en favor de un juicio justo en El Salvador, porque -como también ha advertido el provincial de los jesuitas en España- por buena que sea la sentencia en España, es en El Salvador donde la justicia está llamada a hacer una mayor contribución al reconocimiento a las víctimas, la reconciliación del país y la paz para los propios victimarios. Con la vista puesta en ese propósito, la sentencia de la Audiencia Nacional es un hito que la justicia de El Salvador no podrá ya ignorar.
