Algo se mueve en América Latina. Los resultados electorales en Argentina o Colombia no son más que el colofón de un escenario de movilizaciones multitudinarias en diversas zonas del continente. Los pueblos de Perú, Ecuador, Chile y, aunque no tenga tanto foco mediático, Nicaragua, se han levantado contra las condiciones de desigualdad y contra la represión como vía de resolución de conflictos. Parece que el giro conservador se revierte en las calles. Desde Alandar hemos pedido cuatro crónicas desde estos cuatro puntos para que nos ayuden a configurar el mapa de lo que se está despertando.
Nicaragua. Un año y medio de resistencia y represión.
Bajo la normalidad de los Ortega Murillo.
Un año y medio después del inicio de la crisis más importante que ha vivido Nicaragua desde la guerra civil de los años ochenta, las dinámicas sociales se encuentran subordinadas a la norma de los Ortega Murillo, cuya premisa es la prohibición de cualquier tipo de protesta que desafíe el discurso oficial. Diariamente pobladores de zonas rurales y urbanas denuncian las agresiones de un régimen de bancarrota moral que se aferra al poder a través del poder represivo del estado.
por Enrique Delgadillo Lacayo
Hay que decirlo sin titubear: desde el 19 de abril del año 2018, el Estado nicaragüense comenzó a asesinar sistemáticamente a sus habitantes. Gracias a un plan urdido bajo el techo de la casa presidencial, domicilio de la familia Ortega Murillo y secretaría del partido FSLN, mejor conocido como El carmen.
Desde allí, instruidos por el jefe supremo de la policía y el ejército nacional, Daniel Ortega Saavedra, bajan las órdenes hasta la base, donde es recibida por el policía, el soldado, el paramilitar y el fanático civil, que como sabuesos se descuelgan sobre sus objetivos. El 5 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró en su boletín mensual de seguimiento de esta crisis que cumple ya un año y medio: 328 personas asesinadas, 24 niños, niñas y adolescentes; 21 policías y 3 personas desaparecidas.
Sin embargo, los números no tienen un piso fijo, recientemente un estudio en curso publicado por la socióloga Elvira Cuadra, que abarca de octubre de 2018 a agosto de este
año, pone en evidencia un total de otros nuevos 59 asesinatos. Esta vez, el 86% corresponde a la zona rural del país. A pesar de las aproximaciones, la realidad es que en Nicaragua
nadie sabe con certeza cuántos son los muertos.
La emergencia continúa. Después de al menos media docena de informes sobre violaciones sistemática a los Derechos Humanos cometidos por el Estado, todos coinciden con los miles de personas heridas, más de 80 mil desplazamientos forzados a Costa Rica, México, Estados Unidos y otros países de Europa, más de 130 rehenes políticos (actualmente, después de haber encarcelados a más de 700 personas en el transcurso de este año y medio) acusados de crímenes comunes.
A pesar de esto, del conflicto en Nicaragua se habla cada vez menos. Y menos después que en septiembre del año pasado la policía prohibiera el derecho a la manifestación. Y menos cuando el 18 de diciembre del 2018 la Cancillería de Nicaragua anunciara la suspensión,
cerrando el país a las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la presencia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), precisamente antes de que estos presentaran un informe en el que denuncian al Estado de Nicaragua por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
En Nicaragua lo que se ha criminalizado es disentir del oficialismo, sin irritar a la autoridad, que se concentra desde el año 2007 en Daniel Ortega, un viejo y astuto político que alguna se metió a revolucionario. Esa autoridad o voz de mando es compartida con su esposa, Rosario Murillo, quien sería la primer ministro en un sistema parlamentario.
En ella recae poco más que la mediación entre los intereses de su familia y los ciudadanos. Más que una vicepresidenta se proyecta como una madre del pueblo, una viva imagen del culto a la personalidad. Hace un año y medio, después de ver el estallido popular, es ella la que ordena lo que cambiará el rumbo de esta historia: «Vamos con todo… No vamos a dejar que nos roben la revolución».
Una de las preguntas más frecuentes durante estos meses ha sido ¿por qué la gente siguió protestando cuando Daniel anunció que cancelaba las reformas a la seguridad social? Más allá de una reforma sin ningún consenso, lo que convirtió la protesta en una ola de indignación de proporciones incalculables fue algo que la población nicaragüense manifestó no tolerar. La CIDH lo denunciaría claramente: “Entre el 19 y 22 (de abril), el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes policiales resultó en la muerte de al menos 35 hombres, con unas características que evidencian que estaba dirigido al exterminio de los manifestantes, lo que claramente descarta cualquier finalidad legítima”.
No fue un intento de golpe de estado, sino la ruptura del acuerdo social. Si la mayoría de la población nicaragüense podía resistir una economía que se encontraba estancada, una democracia ficticia, no pudo en cambio observar de brazos cruzados la brutalidad con la que se ensañó el estado contra los manifestantes, especialmente contra los jóvenes.
Con las protestas prohibidas por la policía, con los líderes sociales encarcelados, con los medios de comunicación cerrados o asfixiados por la retención del papel periódico en la
aduana y con el país cerrado a observadores internacionales, Daniel y el aparato estatal intentan imponer la normalidad. Lo intenta con métodos que van desde el discurso hasta la promulgación de una Ley de Amnistía con la que justificó en junio pasado la excarcelación de los reos políticos.
Quienes reclaman que en Nicaragua, contrario a lo que el gobierno aparenta, nada está normal están en lo cierto, pero esto no basta. Hay que denunciar la normalidad a la que Ortega pretende acomodar el país a la norma que él impone. Para Ortega normalidad es que el país cuente con una actividad económica que no permite pagar con el salario mínimo la canasta básica, pero que procura espectáculos deportivos, religiosos o turísticos. Una que sobre los sistemas públicos de educación y de salud, impone el adoctrinamiento y la lealtad prebendaria al partido. Si alguien visita Nicaragua hoy y en las calles no encuentra revueltas, ni vías cortadas, ni fuego en las avenidas, está viendo la normalidad de Ortega. Es decir, la producción de un cuerpo dócil forjado en el fuego de los fusiles. Está viendo el cuerpo ausente, desplazado de sus hogares y sus calles, o el asesinado cuerpo disidente.
Desde el cuarto día de protesta, con 35 muertos, el adelanto de elecciones era un imperativo moral. Un año y medio después lo continúa siendo, sin embargo, la represión de Ortega le ha devuelto el control de la calle. Mientras tanto gana tiempo en mejorar su imagen ante la comunidad internacional. Todo le importa poco. Ya se sabe, se reconoce y se gusta así, aislado del mundo exterior. Le basta con su mansión pertrechada de hombres armados, su país, feudo, territorio, cartel, protegido por un ejército sometido a los deseos de un tirano. Poco le importa lo que pasa afuera si en el territorio que controla como un narcotraficante todo está normal.
Ecuador. Balance tras la movilización indígena.
La productividad como significante vacío
Lenín Miranda. Docente de la Universidad Central del Ecuador.
Si hay un punto con el que todos y todas coinciden luego de las movilizaciones en Ecuador en contra de la eliminación del subsidio al diésel y la gasolina, tiene que ver con los alarmantes niveles de violencia y represión que se vivieron durante los 11 días de protestas en Quito y en todo el país. Según un informe publicado por la Defensoría del Pueblo, se registra un total de 8 personas fallecidas en el contexto de las manifestaciones (hasta la fecha), más de 1300 personas heridas y cerca de 1200 detenidos/as. Sin embargo, para la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, los fallecidos se reducen a “apenas” seis personas y, según señaló en una rueda de prensa, fueron muertes “accidentales” por incidentes relacionados al tráfico o por “precipitación”. Un primer elemento que resulta evidente en las declaraciones de la Ministra es que las personas se convierten en simples estadísticas con las que se quiere disfrazar una gestión marcada por la intolerancia y el fanatismo neoliberal. Detrás de su discurso, los fallecidos no tienen rostro, son puras abstracciones, números que pueden subir y bajar sin mayor problema. En el marco de los estudios lingüísticos, la representación de las personas a través de impersonalizaciones (estadísticas) tiende borrar las características humanas de las personas y ayuda a que las audiencias se distancien del ser humano escondido bajo el número. Los medios de comunicación, al igual que las diferentes cámaras de producción e industria, han seguido esta línea discursiva y han intentado cuantificar las “pérdidas”. Así titula una nota de diario El Universo publicada el pasado 15 de octubre: “2.300 millones, el saldo parcial de pérdidas por paro de diez días en Ecuador”.
Por otro lado, estas jornadas de protesta han posicionado al movimiento indígena como un actor clave dentro de la política nacional que ha recuperado su protagonismo tras 10 años de cierto letargo y desprestigio. Vale aclarar que en el Ecuador los indígenas forman parte activa de la política solo a partir de 1990. En junio de ese año el país observó la primera movilización indígena de carácter nacional (la más grande del siglo XX) que buscaba la declaración del Ecuador como un estado plurinacional, entre otras demandas. Previo a ese momento, el indígena era considerado, en el mejor de los casos, como un elemento más del paisaje turístico, asociado siempre a la pobreza y la miseria. Lamentablemente, las relaciones de explotación y expresiones de exclusión y asco hacia el indio construidas desde la conquista se han mantenido vivas a lo largo de todos estos años. Estas jornadas de protesta han demostrado que el racismo y el odio son parte de la cotidianidad del ecuatoriano y de sus líderes políticos. Jaime Nebot, líder del partido Social Cristiano, en un evento público, pidió que los “indígenas se queden en el páramo”. En las calles de Quito la gente decía: “nos invaden los indios” y en redes sociales circulaban mensajes de odio y desprecio respecto a un grupo que, a decir de ellos, no debería tener voz ni incidencia en los problemas del país.
Sin embargo, el movimiento indígena demostró su fuerza y obligó al Gobierno a derogar un decreto que era parte de los condicionamientos impuestos por el FMI para recibir fondos que ayuden al “desarrollo productivo del país”. El presidente Lenín Moreno y sus asesores han hecho de la “productividad” un significante vacío bajo el cual toda medida es posible: flexibilización laboral, condonación de deudas a grandes empresas (fomento productivo según dijo el gobierno), etc. Los eufemismos que disfrazan los efectos perversos de sus políticas públicas han sido su principal herramienta discursiva. En el fondo, la marcha indígena tenía un objetivo concreto: defender derechos económicos, sociales y culturales que han sido puestos en un segundo plano por el gobierno de Moreno. Vale aclarar que el ex vicepresidente de Rafael Correa ganó las elecciones en el 2017 con un discurso de izquierda frente al banquero Guillermo Lasso. Ahora, gobiernan juntos, son aliados políticos contra una “izquierda atrasa pueblos” a decir sus asesores. A modo de conclusión, vemos que el movimiento indígena y los sectores populares han ganado mucho, en términos políticos, luego de las movilizaciones. Han sido capaces de limitar una agenda que favorecía abiertamente a los grupos empresariales del país. Además, han demostrado que para hacer política en el Ecuador se necesita dialogar con otros sectores ubicados al margen de los tradicionales grupos de poder. La derogación del decreto 883 es apenas un punto dentro de varias demandas que se necesita reivindicar.
Perú. Crisis política.
¿Qué está pasando en el Perú?
Por Leopoldo Gamarra.
El 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso de la República ante el rechazo de la moción de confianza presentada por el Poder Ejecutivo para modificar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. No obstante, para entender la crisis política peruana nos tenemos que remontar a la última elección presidencial del 2016 cuando el Congreso fue copado, con mayoría absoluta, por el partido Fuerza Popular (fujimorista) y sus aliados (Partido Aprista y Alianza para el Progreso), los cuales representan a la derecha conservadora, mercantilista y corrupta del país. Estos partidos llevaron “hasta extremos inconcebibles al Congreso de la República, convirtiéndolo en un instrumento de la venganza de Keiko Fujimori contra Pedro Pablo Kuczynski, quien la derrotó en unas elecciones presidenciales que creía ganadas (…) parecía (el Congreso) dedicado exclusivamente a impedir que funcionaran las instituciones, a defender la corrupción y a sus líderes deshonestos…»1Mario Vargas Llosa, La República, domingo 6 de octubre de 2019. Piedra de toque, des desorden a la libertad. p. 13. En efecto, estos años de crisis política llevaron a una creciente deslegitimización social de los parlamentarios quienes obstaculizaban continuamente la aprobación de leyes para el desarrollo del país. Es así que la ciudadanía se volcó a luchar contra la corrupción y apostó por la renovación total del parlamento.2 Actualmente muchos expresidentes, ministros y congresistas se encuentran procesados. Es aquí donde reside la justificación de la intervención del gobierno para disolver el Congreso y convocar a elecciones el 26 de enero próximo, fecha que fue avalada por el Jurado Nacional de Elecciones. Por ello, con la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones, se solucionó la crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso que venía desde hace tres años. Medida totalmente legal, en tanto que la Constitución peruana autoriza al Presidente de la República a “disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución…” (Art. 134). Ambos requisitos han sido cumplidos por el Ejecutivo; por tanto, no se trata de un “golpe de Estado”, como sostienen algunos que lo comparan con el 5 de abril de 1992 cuando el gobierno de Alberto Fujimori violó la Constitución e instauró un gobierno de facto. En 1992 se detuvo y se persiguió a los opositores, se intervino militarmente el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, los Partidos políticos y las universidades nacionales (como San Marcos). En esta última se instaló una base militar, se cesó a muchos catedráticos y se despidió a más 300,000 trabajadores del sector público que hasta el día de hoy se vienen reincorporando por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por sentencia nacional. A diferencia del 5 de abril de 1992, la disolución de este Congreso no ha sido condenada por ningún país ni la OEA que resolvió respaldar con un llamado al diálogo. En suma, en el golpe de Estado de 1992 se vivía un clima de guerra totalmente contrario a lo que pasa actualmente con el funcionamiento normal de la prensa, de las instituciones públicas y el respaldo de la población.3 Según la encuesta del IEP, el 84% de la población respalda la disolución del Congreso. Por ello, miles de ciudadanos, en todo el país, celebraron la medida con movilizaciones en las calles de las ciudades principales.
Estamos, sin duda, en un momento de profundo cuestionamiento a la clase política con gran movilización popular. 4Instituto Bartolomé de Las Casas (Septiembre, 2019) La sensibilidad de la juventud y de la población frente a las demandas sociales plantean el reto de una sociedad más justa, democrática y sin corrupción, un momento de consolidación de la democracia. La crisis política abre una oportunidad para resolver los grandes problemas sociales que afectan a la mayoría de la población como son la pobreza, el desempleo y la informalidad.
