La riqueza conjunta de los 3.000 milmillonarios – quienes tienen una fortuna personal superior a los 1.000 millones de dólares – actualmente equivale a la de los 4.100 millones de personas que forman la mitad más pobre del planeta. El informe Contra el imperio de los más ricos, publicado hace unas semanas por Oxfam Intermón retrata un mundo cada vez más desigual.
Según el informe Contra el imperio de los más ricos, la riqueza conjunta de los 3.000 milmillonarios del mundo creció 2,2 billones de dólares en 2025 y alcanza el máximo histórico de 18,3 billones de dólares (15,7 billones de euros).
La riqueza de los milmillonarios ha crecido un 81% desde 2020, impulsada en parte por políticas fiscales favorables, el auge bursátil de sectores como la inteligencia artificial y la concentración de poder económico y mediático.
Por lo que respecta a España, los milmillonarios pasaron en 2025 de 28 a 33, aumentando su riqueza conjunta en casi 28.300 millones de euros. La riqueza de los 33 superricos es superior a la de 18,7 millones de españoles, cerca del 40% de la población. Los milmillonarios ganaron en 2025 más de 77 millones de euros al día.
Si abrimos el abanico al 10% más rico de la población mundial (830.000 personas), su patrimonio es el 75% de la riqueza total, mientras el 50% más pobre sólo posee un 2% de la riqueza.
En el citado informe se afirma que el sistema actual va en contra de los intereses de centenares de millones de personas que se enfrentan a situaciones evitables como la pobreza, el hambre o enfermedades prevenibles que causan millones de muertes.
Mientras se produce esa «concentración extrema» de la riqueza, «la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día» (7,13 euros), y “el 28% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria”. Paralelamente al incremento del patrimonio de las grandes fortunas, los salarios pierden poder adquisitivo, al crecer por debajo de lo que aumenta el coste de la vida. En España, por ejemplo, en 2025, los salarios crecieron seis puntos por debajo de la inflación.
Por otro lado, el vínculo entre la desigualdad extrema y la destrucción ambiental es más clamoroso que nunca y amenaza nuestra democracia y nuestro planeta. El 10% de las personas más ricas genera el 77% de las emisiones de efecto invernadero, frente al 3% que emite la población pobre, más expuesta a las catástrofes climáticas y menos preparada para hacerles frente.
Asimismo, el poder económico de los milmillonarios se traduce también en una influencia política creciente en todos los ámbitos, lo que les permite moldear las normas en su propio beneficio en detrimento de los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Al respecto se afirma en el informe que los gobiernos deben actuar con urgencia reforzando los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política, regulando estrictamente los grupos de presión y la financiación de campañas electorales y partidos políticos, impulsando planes de reducción de la desigualdad con objetivos y plazos concretos, fomentando agendas efectivas de tributación a los superricos y garantizando el empoderamiento político de la sociedad civil.
“Esta dinámica está dando lugar a un nuevo orden mundial en el que no solo manda la ley del más fuerte, sino también la del más rico”. Según datos de Oxfam Intermón, los milmillonarios tienen 4.000 veces más oportunidades de ocupar cargos políticos que una persona corriente. La concentración de la riqueza no solo contribuye al estancamiento en la reducción de la pobreza sino también al retroceso de derechos y libertades y es incompatible con la democracia.
Desde hace siglos, se ha considerado el sistema de impuestos como un mecanismo para redistribuir el bienestar y contribuir al bien común. En las últimas décadas, sin embargo, los gobiernos han reducido los impuestos a los ricos y a las empresas y los han aumentado para el resto de la población. En el impuesto sobre la renta, las de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Las élites pagan, proporcionalmente, menos que la mayoría de los hogares con ingresos mucho más bajos, y ese patrón regresivo priva a los Estados de recursos para inversiones en los servicios públicos.
En España, por ejemplo, la ley establece que las empresas (Impuesto de Sociedades) deben tributar un 25% sobre sus beneficios. Sin embargo, la tributación media es del 12,05%. Las pequeñas empresas tributaron al 18,65%, las medianas al 16,92% y las grandes al 7%. Mientras tanto, los ciudadanos pagamos de media el 24% de nuestros ingresos en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El Impuesto de Sociedades permite muchas vías de escape para eludir el fisco, en forma de exenciones, deducciones, bonificaciones y amortizaciones, que hacen que la base imponible sea siempre inferior al beneficio, lo que rebaja sustancialmente la cuota efectiva a pagar. Por otra parte, la Agencia Tributaria pierde en torno a 14.000 millones de euros por evasión y elusión fiscal, principalmente a través del abuso transfronterizo de multinacionales (traslado de beneficios a otros países).
Es un clamor que los ricos paguen lo que deben para sostener la justicia social y la democracia. Además de una fiscalidad progresiva (“quien más tiene que más pague”), los expertos sugieren también otras medidas, como gravar los grandes patrimonios y los beneficios desorbitados, combatir las guaridas fiscales, gravar las grandes herencias y el lujo… Un impuesto global del 3% a menos de 100.000 centimillonarios y milmillonarios recaudaría 750.000 millones de dólares al año, lo que equivale al presupuesto de educación de los países de ingresos bajos y medios.
Otra medida sería la potenciación de programas redistributivos de efectivo, tales como las pensiones, las prestaciones por desempleo y el apoyo específico a los hogares vulnerables. Medidas, en definitiva, para ir amortiguando, por lo menos, la vertiginosa e insoportable desigualdad.
