Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, la campaña para apoyar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de una regularización extraordinaria de personas migrantes -conocida popularmente como ILP Regularización YA– recabó casi 700.000 firmas de apoyo en nuestro país.
Iniciada por un colectivo de personas migrantes que vieron clara la oportunidad de aprovechar que la pandemia había visibilizado la importancia de trabajos como los relacionados con los cuidados y la agricultura -los peor pagados, pero quizás los más necesarios, casi todos ejercidos por personas migrantes, a menudo en situación de irregularidad y explotación-, terminó concitando el apoyo de casi un millar de organizaciones sindicales, ciudadanas, sociales y políticas, que movilizaron a miles de personas para respaldar una petición no solo justa, sino llena de sentido común.
Y es que hablamos sobre todo de una cuestión de derechos, pero también de bienestar social y económico. La anterior regularización extraordinaria de personas migrantes en nuestro país, llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, posibilitó la regularización de casi 600.000 personas migrantes, aumentó enormemente las cifras de afiliación a la Seguridad Social, mejoró notablemente la recaudación fiscal y fue valorada muy positivamente por la Comisión Europea y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las firmas fueron presentadas en el Congreso el 22 de diciembre de 2022, pero la tramitación de la iniciativa se vio paralizada por la convocatoria de elecciones anticipadas en julio de 2023 y la demora de meses en la formación de Gobierno. Finalmente, tras muchas vacilaciones y sustos -y una decisiva intervención en su favor de la jerarquía de la Iglesia española que, al menos en esta ocasión, sí estuvo a la altura- el Congreso admitió a trámite esta propuesta el 24 de abril de 2024.
La alegría que muchas personas migrantes y organizaciones que les apoyan sintieron ese día se ha diluido desde entonces y está a punto de traducirse en desencanto. Ninguna fuerza política ha puesto mucho empeño en transformar el texto de la ILP en ley. En algún momento, el Gobierno ha impulsado conversaciones para hacerlo posible, pero estas siempre se han atascado en discusiones que, francamente, nos parecen menores. Se ha hablado de las fechas límite de entrada en España de las personas migrantes que podrían solicitarla; se ha mezclado la discusión de la ILP con la pretensión de Junts de que las competencias sobre la gestión de las migraciones sean transferidas a la Generalitat de Catalunya; por el camino, un PP asustado por el crecimiento de Vox en los sondeos ha endurecido más si cabe su discurso migratorio…
El estancamiento de la ILP Regularización YA en los pasillos y despachos del Congreso supone un doble desprecio. Primero, a los derechos humanos y laborales de las casi 700.000 personas migrantes que se calcula que viven en situación administrativa irregular en España. No abrir la puerta a regularizarla las condena a seguir expuestas y sometidas a la precariedad vital y la explotación laboral. El segundo desprecio es a la voluntad popular, expresada a través de una campaña de movilización ciudadana pocas veces vista en nuestro país.
Es necesario que nuestros representantes políticos dejen atrás ese doble desprecio, abandonen discusiones tacticistas de escasa altura moral, miren realmente por el bien común y consensuen un texto legal que dé respuesta a las aspiraciones vitales de decenas de miles de personas migrantes -permitiéndoles ejercer sus derechos, que les pertenecen, por muy irregular que sea su situación administrativa- y al sentir de los miles de ciudadanos y ciudadanas que -sea con su esfuerzo a la hora de promover la campaña, sea simplemente con su firma- han dejado claro que quieren un cambio de rumbo de las políticas migratorias de nuestro país.
Desde Alandar, nos unimos una vez más al clamor de quienes promovieron la campaña de la ILP para gritar “¡¡¡Regularización YA!!!”.
