La justicia fiscal, la mejor vacuna contra la desigualdad

En vacaciones y reciente aún el periodo de la declaración de la renta, raro será que no tengas un cuñado o un vecino, gente que sabe de todo, que te dirán que “vivimos en un infierno fiscal”. Tú no eres experto, claro, y te hartas de decir que no sabes de economía. Pero se acabó. Este año damos algunas pistas para que, en vez de desanimarnos, tengamos la oportunidad de hablar de justicia fiscal.

¿Pagamos mucho o poco? En términos globales no pagamos mucho en relación con otros países. Al contrario. El análisis de los últimos 25 años muestra que hay seis puntos porcentuales de diferencia promedio en presión fiscal con respecto a la Eurozona. Si España hubiese recaudado durante este período el 40,5% del PIB como la media de la Eurozona, se habrían obtenido 1,6 billones de euros adicionales, un 18% más. En definitiva, es evidente que en nuestro país se recauda muy por debajo de lo que se debería y esta situación es crónica. Por cierto, esa cifra coincide casi exactamente con la deuda pública que tiene nuestro país, por lo que, de haber tributado como la media de los países con los que compartimos moneda, o no tendríamos deuda o podríamos haber destinado en promedio un 18% más de recursos cada año a políticas públicas.

Los términos macro puede que nos den una idea equivocada porque demasiada gente piensa que contribuye más de lo que recibe a cambio en forma de servicios públicos. Según encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre opinión pública y política fiscal, el 60% de los españoles cree que paga más en impuestos y cotizaciones de lo que luego recibe por parte del Estado. Un 29,9% considera que recibe «más o menos lo que paga» y solo un 9,1% dice que recibe más. En resumen: un 77,4% de los encuestados cree que no hay justicia en el cobro de los impuestos.

Esa conclusión, la de la falta de justicia fiscal, es cierta, pero podemos concluir que la tóxica propaganda por parte de quienes más tienen funciona. Porque esa percepción de que la mayoría “pagamos más de lo que recibimos” no se corresponde con la realidad. En un informe de FEDEA que ha estudiado la situación en el año 2022 se concluye que el 60% de los hogares con menos ingresos, se benefician de forma neta del sistema de prestaciones. En definitiva, seis de cada diez personas reciben más de lo que aportan, pero también seis de cada diez personas piensan justo lo contrario.

Y es que sí, el sistema fiscal mejora la situación previa y reduce la desigualdad. De hecho, la intervención del Estado mediante impuestos y transferencias redujo la desigualdad en un 32,5% en 2022, según el informe citado. Pero también señala que el impacto redistributivo del sistema fiscal ha disminuido en los últimos años y eso parece que sí que lo detectan las encuestas. Hay una mayoría, casi ocho de cada diez personas, que piensa que no hay justicia tributaria. Imaginad que la gente supiese que, en proporción, el 1% más rico de España, tiene una carga fiscal inferior al resto…

La cosa no se queda ahí porque las crisis han sido la gran oportunidad para un grandioso tocomocho fiscal. Porque entre 2007 y 2024 el impuesto cuya recaudación ha crecido más fue el IRPF, el que pagan las personas asalariadas, que aumentó el 77,8%, seguido por el más regresivo e injusto para la gente, el IVA, que lo hizo en un 62,1%. Mientras tanto, el Impuesto de Sociedades disminuyó su recaudación un 12,8%.

El resultado es que ha cambiado la distribución de ingresos tributarios. El impuesto sobre sociedades que suponía el 22% de la recaudación en 2007, en 2024 solo alcanza el 13% de los ingresos. A cambio, el IRPF que era el 37% ha pasado al 45% y el IVA que suponía el 28% en 2007 alcanzaba el 31% en 2024.

Si comparamos la recaudación de tributos con respecto a la riqueza medida en términos de PIB, la fotografía muestra una lacerante injusticia. La distribución de la tarta muestra que el peso en la misma del IVA, el IRPF y otros impuestos se ha incrementado un 1,7% sobre el PIB y al mismo tiempo el Impuesto de Sociedades ha reducido su peso un 1,7%, reduciendo casi a la mitad el esfuerzo, ni mucho menos satisfactorio, con el que contribuían las empresas hasta 2007. Si se hubiera mantenido el mismo porcentaje de aportación tributaria por parte de las empresas que había en 2007, un 4,2% del PIB, habríamos ingresado en estos 17 años casi 433 mil millones de euros más que los que han entrado en la caja procedentes de las empresas de este país. Para que podamos medir la magnitud de esta cantidad, basta decir que, si se hubiese dedicado a sanidad, los presupuestos hubieran podido ser un 33% superior a los efectivamente consignados.

¿Acaso esta bajada espectacular se debe a que las empresas ganaron menos dinero en 2024 que en 2007? Pues no. Los resultados contables de las empresas ya eran en 2017 muy superiores a los abultados de 2007 y en 2024 eran un 54% mayores que antes de la gran recesión. Tampoco es que no pagan aquí porque las grandes compañías transnacionales españolas se han internacionalizado y abonan sus tributos en otros lugares del mundo. No es así. De las 142 grandes corporaciones económicas españolas con expansión multinacional, más de la mitad han pagado menos del 20% de tipo efectivo de impuesto de Sociedades sobre sus beneficios globales en 2022. Si se analiza con más detalle, se corre el riesgo de que la indignación crezca porque hay 23 de estas grandes multinacionales que pagaron 1,34% de media sobre sus beneficios en el mismo período, calculados en 10.013 millones de euros. Menos que la aplastante mayoría de las pymes, los autónomos y por supuesto, los asalariados en España.

No se te ocurra contar estas cosas por ahí, salvo a tu cuñado, porque podría extenderse la idea de que urge una reforma fiscal que haga pagar más a quien más tiene y que podría recaudar anualmente más de 90 mil millones de euros, un 19% adicional de ingresos. Imaginaos todo lo que se podría hacer en salud, educación, atención a nuestros mayores, transición ecológica y desarrollo de un verdadero sistema estatal de cuidados con una reforma que avance hacia más justicia fiscal.

Los meses de mayo y junio son, además de aquellos en los que debemos estar orgullosos de contribuir al sostenimiento de nuestros servicios públicos, aquellos en los que debemos hacer pedagogía para acabar con la injusticia fiscal. Aunque sea a costa de llevarle la contraria a nuestro cuñado.

Autoría

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *