El planeta y las personas no son recortables

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Foto. © Markel Redondo / Greenpeace.Estamos en crisis, eso hace tiempo que ya no es noticia. El déficit público sube y tampoco es novedad que, para frenar la caída de los porcentajes es necesario recortar. Recortar y recortar pero, ¿de dónde? El Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos se ven obligados a decidir por dónde meter la tijera. En los últimos meses la sociedad española ha asistido a recortes por casi todos los campos –aunque siempre hay partidas como los gastos militares o el presupuesto destinado a la Iglesia católica que parece que se libran del tijeretazo. Se pretende reducir el gasto público en 8.900 millones y aumentar en 6.275 millones de euros los ingresos a través de una subida de impuestos.

No se trata de hablar en este Tema de portada de los vergonzosos recortes en los sectores públicos de la educación y la sanidad, aunque también nos indignan. Queremos más bien profundizar en esos recortes que se realizan en ámbitos como la investigación, las energías renovables, la cooperación al desarrollo, las políticas de igualdad, la ayuda a la dependencia… Aspectos que, de cara a la opinión pública se presentan como lujos superfluos, cosas que nos quieren hacer ver como prescindibles pero que, en realidad, tienen una importancia crucial para nuestro país y para el mundo, en el presente y, sobre todo, en el futuro. Sobre ellos reflexionamos en estas páginas.

La resta en I+D+i

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La investigación científica y tecnológica sufrió, con el plan de recortes anunciado en diciembre, una reducción de 600 millones de euros en subvenciones y préstamos. La reducción agrava más aún la situación de la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) española, cuya financiación pública está en claro declive desde su congelación de 2009. Se reducen becas, se reducen programas y la ciencia española se paraliza… o emigra.

Los 8.600 millones de euros anunciados en 2011 (5.200 de créditos y 3.400 de subvenciones y transferencias) suponen ya un recorte del 8% respecto a 2010, cuando la reducción fue del 15% sobre el año anterior. Con la nueva Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, esas medidas de contención del gasto en ciencia y tecnología se han concretado sobre todo en los organismos públicos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (Ciemat), que tienen las arcas vacías y han restringido ya notablemente sus actividades y contrataciones de personal.

Recortar igualdad, ampliar desigualdad

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Otro de los campos en los que más se ha usado la tijera son las políticas de igualdad, que permiten avanzar en la equidad entre ambos sexos, así como proteger a las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo. Por la fragilidad de su estructura –fundamentalmente basada en pequeñas asociaciones y entidades que gestionan los centros– es uno de los campos que está sufriendo más la crisis.

Las medidas de ajuste en las entidades administrativas y los recortes en gasto social e inversión llevados a cabo por los gobiernos centrales y regionales están debilitando a pasos agigantados las políticas públicas de igualdad y poniendo en peligro los insuficientes avances conseguidos en los diferentes ámbitos.

Cuando se han cumplido, el pasado marzo, cinco años de la aprobación de la Ley de Igualdad, las asociaciones feministas denuncian que esta ley apenas ha tenido efectos y que los recortes la van a debilitar aún más. Ya con el gobierno socialista, la igualdad pasó de ser una de las primeras prioridades y contar con un ministerio propio, a rebajarse a Secretaría de Estado para, más tarde, con la llegada al gobierno del Partido Popular, ser englobada en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, al frente de la cual está Juan Manuel Moreno. Dentro del ministerio ya es un simple “Área Igualdad” sin apenas presupuesto (si ya las instituciones anteriores contaban con un presupuesto sumamente reducido).

En el ámbito autonómico está siendo especialmente notorio el caso de Castilla-La Mancha, donde la situación de impagos alcanza un montante total de trece millones de euros de diferentes convenios con asociaciones y entidades gestoras de centros. A ello se sumó recientemente el anuncio del gobierno regional de recortar alrededor de un 40% el presupuesto dedicado al Instituto del Mujer de dicha comunidad autónoma, del que dependen convenios, programas y centros de trabajo. En realidad, el recorte que se pretende es de algo menos de diez millones de euros. El mínimo ahorro que supone –en el gran contexto de los presupuestos– recortar en el Instituto de la Mujer y servicios como los centros para mujeres es insignificante si lo comparamos con la importancia social de la asistencia desarrollada y el impacto de género que tendrán las medidas. Son asociaciones que, con pocos recursos, prestan una ayuda multiplicadora y con un gran impacto en las personas a las que ayudan.

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