Después de los Objetivos del Milenio: a resolver la brecha del pensamiento

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3221947227_980619c161_o.jpgEn el año 2015 finaliza el plazo que se dio la comunidad internacional para reducir a la mitad el hambre y la pobreza extrema y para extender la educación y la sanidad a gran parte de los habitantes del planeta. Así que es hora de hacer balance y ahí mismo nos encontramos con las primeras discrepancias. Mientras que los portavoces de la institucionalidad mundial –gobiernos y funcionarios de instituciones internacionales acompañados de no pocos actores privados- hacen valer las cifras medias de algún indicador para dibujar un panorama alentador y transmitir la idea de que el mundo está “on track”, muchas voces nos sumamos para explicar que las transformaciones observadas durante estos quince años no van, precisamente, en la línea ni en el sentido que implícitamente tiene cualquier agenda de desarrollo internacional.

Al contrario, en estos quince años se ha agravado la amenaza ambiental y climática sobre nuestro ecosistema y la desigualad global se ha disparado hasta niveles desconocidos antes en la historia de la humanidad. Además, los factores de exclusión de gran parte de la población se han extendido más allá de las fronteras delimitadas por el mundo empobrecido alcanzando a cada vez mayores proporciones de población en el antaño considerado mundo desarrollado, de lo que nuestro país es un ejemplo más.

Los países que, hasta ahora, llamábamos ricos tenían la responsabilidad de financiar y facilitar la financiación que los países empobrecidos precisaban para cumplir los ODM. Nada de esto ha sucedido como estaba comprometido: ni los flujos de ayuda oficial han crecido como se demandaba, ni han dejado de estar sometidos a los intereses de los donantes para confluir en un sistema global de cohesión y de distribución; la deuda externa sigue siendo una de las principales armas con que los acreedores tratan de condicionar políticas y regulaciones en todos los países para asegurarse la expansión y la globalización de sus empresas transnacionales; los acuerdos comerciales siguen mostrando un doble rasero que impone liberalización y desregulación en un sentido mientras que consiente protección y regulación en el otro.

En definitiva -y como muestran estos últimos años con la crisis financiera global- todas las agendas de protección social y distribución, de la que los ODM son su versión global, quedan suspendidas y limitadas a declaraciones de intenciones, para centrar los esfuerzos políticos reales en la recuperación de un crecimiento económico que sólo mide la sinrazón de los flujos de capital, sin tener en cuenta a quiénes ni a cuántos beneficia. Mucho menos a qué, quiénes y dónde perjudica.

La principal brecha que hay que superar puede residir en el pensamiento. Aquel que nos indica que no hay alternativas, que primero el crecimiento económico para luego ocuparnos de los “aspectos sociales”, siempre y cuando dicha ocupación no limite las oportunidades de mantener la espiral del crecimiento. Como si los recursos y bienes públicos fueran ilimitados, como si el crecimiento económico fuera neutro, sólo una cifra positiva de la que se deducen todas las demás posibles bonanzas.

Al otro lado de ese pensamiento tan impuesto y tan extendido, surgen cada vez más y mayores apuestas por otra forma de concebir nuestro progreso como comunidad de seres vivos: la necesidad de implantar impuestos globales a los capitales; la obligatoriedad de introducir criterios de accesibilidad y asequibilidad para que los estados garanticen los derechos humanos a la alimentación, al agua y a la vivienda; la posibilidad de juzgar en un penal internacional a las corporaciones transnacionales que cometan violaciones de derechos para abaratar los costes de su expansión global; la aspiración de construir un sistema económico y político al servicio de una ética de la universalidad, que no renuncie a dejar en manos de unos pocos privilegiados los asuntos comunes y esenciales de nuestra irremediable convivencia.

Las transformaciones precisas solo pueden medirse en términos de sostenibilidad, de igualdad de oportunidades y derechos, de políticas participadas y activas por parte de los grupos más vulnerables. Por eso, no es de extrañar que, más allá de lo que digan comunicados y discursos oficiales, sigan extendiéndose movimientos populares de resistencia construyendo respuestas en todas las latitudes, compartiendo un hilo común que atraviesa países y regiones, poniendo de manifiesto que el balance de este periodo no sólo se considera insuficiente, sino que las amenazas generadas por la crisis ambiental, por la galopante desigualdad y por la evidente primacía de unos pocos intereses sobre el resto, ya no son percibidas como posibles riesgos sino como realidades manifiestas.

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