Hace 35 años España, en plena movida madrileña y con una democracia en ciernes que aprendía a dar sus primeros pasos, se abría al exterior. Los anhelos de formar parte de Europa poco a poco se hacían más reales. Y así. el 1 de julio de 1985 Felipe González firmaba la Carta de Adhesión a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea) que entraría en vigor el 1 de enero del años siguiente. Sin embargo, el que algo quiere algo le cuesta y esa firma tuvo algunas consecuencias cuyas repercusiones cayeron, una vez más, en los más vulnerables. Tan sólo 20 días después de la firma del tratado de adhesión, entraba en vigor la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. En el olvido quedaban casi 50 años en los que España había sido un país emigrante y esas cartas y fotografías en blanco y negro de nuestros abuelos y vecinos cuya única alternativa era labrarse un futuro en Argentina, Francia o Alemania. Y es que España, como cualquier estudiante que necesita superar un circuito de novatadas para ser aceptada en la nueva clase, trató de evitar, por todos los medios, convertirse en la puerta de entrada de inmigrantes al convertirse en la frontera sur del continente europeo.

La Ley de Extranjería fue fuertemente criticada nada más nacer, hace ahora 35 años, por su carácter restrictivo y varias organizaciones denunciaron que era una de las leyes más duras de toda Europa. De hecho, su principal medida fue la situación de irregularidad automática a la que pasaron miles de personas que ya vivían en nuestro país. Pero, ¿qué supuso realmente esta ley?

De la ley de 1985 hemos heredado la imposibilidad de que los inmigrantes puedan ejercer el derecho al voto en cualquiera de las elecciones celebradas en España, su desempeño de cargos públicos, la obligatoriedad de tener un permiso de trabajo para desempeñar su actividad laboral (pero siempre y cuando no hubiera españoles en paro), así como la normativa relativa a la entrada legal o ilegal de personas en nuestro país y su consiguiente expulsión e incluso internamiento en caso de no cumplir con lo estipulado. Nacían así, por ejemplo, los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros) que tantas denuncias llevan a sus espaldas por el trato denigrante que reciben las personas internadas en ellos. En definitiva, se crearon personas de primera y de segunda categoría pues ni siquiera se reconocía su derecho de reunión, asociación, huelga o educación.

España avanzaba y la situación no solo de nuestro país sino de los propios inmigrantes que desembarcaban en nuestras playas y aterrizaba en nuestros aeropuertos era distinta. La entrada de los 2000 trajo consigo un nuevo gobierno y lo que parecía una oportunidad para poder mejorar la condición de vida de todos los inmigrantes que se encontraban en España, se quedó en el olvido. Tal y como prometió en su programa electoral, el Partido Popular comenzó los trabajos de modificación pero poco o nada ha cambiado desde entonces. De hecho, se sigue repitiendo el esquema: “soy ilegal porque no tengo trabajo y no tengo trabajo porque no tengo papeles”. La expulsión, además, sigue siendo la norma general de toda persona en situación de irregularidad y la burocracia para arreglar “los papeles” un auténtico camino de obstáculos. 

Y llegó el coronavirus

Hace unos meses, el confinamiento y la pandemia provocada por COVID-19 ponía en evidencia que la población migrante y/o refugiada es la más vulnerable ante los recortes del Gobierno;  no sólo en el ámbito sanitario sino también, en el ámbito laboral y económico. Desde Alandar nos hicimos eco de la campaña #RegularizacionYa con la que se exigía la regularización “extraordinaria y sin condiciones” de las más de 600 mil personas que viven en España en condición de irregularidad y que, aunque se siguen exponiendo a diario al ir a trabajar para que nosotros podamos tener todo lo que deseamos a golpe de un click en nuestro ordenador o para que nuestros mayores estén cuidados y acompañados, siguen estando excluidos, por ejemplo, de Salario Mínimo Vital. Y es precisamente en este contexto en el que se ha presentado el estudio ‘Un arraigo sobre el alambre’ de Caritas y el Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas.

Un arraigo sobre el alambre

En él, se analiza la situación en la que viven los casi ocho millones de ciudadanos de origen inmigrante que viven en España investigando aspectos como el arraigo o su integración socio-económica, cultural y política. Llama la atención que más del 50% de la población lleva alrededor de 15 años en nuestro país por lo que la mayoría son familias nucleares, con parejas e hijos y un gran dominio del idioma. Sin embargo, el estudio demuestra que, a pesar de su formación, la gran mayoría tiene “ocupaciones elementales” y por lo tanto “salarios bajos e irregulares muy por debajo del salario mínimo interprofesional y de la media nacional”. Tal y como se demuestra en este estudio, esto genera gran inestabilidad vital y material en la mayoría de la población inmigrante. “Se refuerza una de las alertas ya señaladas en el VIII Informe Foessa sobre Exclusión en España, donde se indicaba que la tasa de exclusión entre los no nacidos en España es más del doble que entre los españoles de nacimiento”.  Son personas, en definitiva, con unos niveles de integración económica y laboral bastante bajos que por desgracia, se agrava aún más entre las mujeres migrantes. Como explican los autores, entre los que se encuentran Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, Juan Iglesias, experto del IUEM de la Universidad Pontificia Comillas y Daniel Rodríguez de Blas, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas, “son las mujeres las que mejor se sienten entre nosotros, las que cuidan de nuestros mayores y niños, las que mantienen limpias nuestras casas, colegios y oficinas, pero las que sufren la peor segregación laboral y las que menos ingresos obtienen. Y aquí se cruza la doble discriminación, porque no solo se ven negativamente afectadas por los mencionados procesos de discriminación étnica, sino también por procesos de desigualdad basados en género”.

Destaca también el análisis referente a la contribución de las personas inmigrantes al Estado de Bienestar. Lejos de los estereotipos que se imponen en nuestra sociedad, “el estudio constata que dicha población no sólo no abusa de los sistemas de protección, sino que además es un contribuidor clave”. Y es que, en este sentido, hay que tener en cuenta “que la población inmigrante es eminentemente joven y eminentemente activa, aspectos que, en un contexto demográfico de claro envejecimiento como el español, tienen una importancia vital. La juventud de la inmigración se traduce en mayores tasas de natalidad y menor utilización de determinados servicios, como el sanitario”.

Baja conflictividad étnica

Para entender por qué se ha mantenido cierta cohesión social y se ha contenido la conflictividad étnica, en el estudio se subrayan distintas cuestiones. En primer lugar, entre la población migrante se asume un rol de cierta inferioridad con respecto a la población nativa. Ya sea por la necesidad de cotizar para mantener sus permisos en regla, por la obligatoriedad de obtener ingresos mensuales ante la falta de ahorros o por la necesidad de mandar dinero para mantener a las familias en sus países de origen (o por todas ellas a la vez), la población migrante se ve obligada a asumir empleos en los sectores más precarios y en los puestos de más baja retribución salarial.

Por otro lado, en la sociedad nativa se ha vivido un amplio consenso democrático que ha funcionado, al menos hasta hace tiempo, como un efectivo dique de contención ante actitudes racistas y xenófobas. Como indicó Rodríguez, “ha sido un consenso de amplia base, que ha impedido y bloqueado la propagación pública y abierta, tanto en el ámbito cotidiano como en el mediático y político, de discursos hostiles y racistas. Conviene lanzar una llamada a la ciudadanía, a las instituciones y partidos políticos, a sindicatos y patronal para que este consenso no se rompa y funcione como vacuna de futuro para reducir la conflictividad social”.

Los autores del estudio apuestan por el retorno a unas políticas de integración que reduzcan las desigualdades entre ciudadanos y que, para ser inclusivas y efectivas, no tengan el apellido de ningún colectivo más allá que el de la globalidad de las personas y familias más vulnerables de nuestra sociedad.

Como ciudadanos y vecinos merecemos estas políticas de integración, en un mundo en el que la actual crisis de la COVID-19 nos está demostrando que está más conectado que nunca, se ha mostrado como una palpable evidencia que la mejor forma de protegernos es proteger al otro, merecemos medidas de equidad que nos cohesionen como sociedad y nos ayuden a reducir incertidumbres.

Algunos datos del estudio

A continuación, reproducimos las reflexiones y conclusiones de este valioso estudio que pone en perspectiva las consecuencias de una ley injusta que en sus múltiples mutaciones nunca ha puesto el foco en la promoción de la persona sino en la securitización y el miedo:

La gran mayoría de la Población de Origen Inmigrante (POI) ha permanecido en España durante estos años, lo que rompe esa imagen interesada de aves de paso o trabajadores temporales.

Al comienzo de la crisis (enero de 2009), había 6,78 millones de personas de origen extranjero en España, el 14,5% de la población total española. En enero de 2020, la población de origen inmigrante representa ya el 16,32% de la población total, 7,74 millones de habitantes.

Se trata de un crecimiento en dos fases caracterizado, primero, por un fuerte ajuste del fenómeno migratorio al contexto de crisis y una progresiva recuperación entre 2014 y 2020 al hilo de la progresiva recuperación económica con devaluación salarial, donde la mano de obra inmigrante volvió a ser un motor clave de la economía.

¿De qué inmigración hablamos?

Si nos centramos en el origen étnico-nacional, hay que hablar a la vez, de concentración en torno al origen latinoamericano –41% del total y casi el 6% de la población total en España (INE 2019)—, y de la relevancia de la inmigración de origen marroquí (1,02 millones en 2020). Y de una fuerte diversificación interna (más de 50 comunidades nacionales que cuentan con una población de más de 10.000 personas) (INE 2019).

Junto a ello, la inmigración en España se ha feminizado ligeramente, volviendo las mujeres a ser mayoritarias: 52%, un 3,5% más que en el año 2009.

Otro rasgo central de la POI es su juventud. Así, la edad media de los inmigrantes en España es de 36 años, frente a los 44 años de los nacionales (INE 2019). Un envejecimiento relativo que se refleja en el peso de la población mayor de 65 años: un 22% en el caso de los nativos, frente al 8% de los inmigrantes.

En cuanto al nivel de estudios, cabe destacar que los niveles educativos de los inmigrantes son altos y muy similares a los de la población española, que no permiten explicar las enormes diferencias ocupacionales y de ingresos existentes. Así, por ejemplo, la población española con estudios universitarios represente el 29% del total. Un porcentaje que es el del 23% en el caso de los extranjeros y un 20% en el caso de los latinoamericanos (EPA-INE. 2017).

En términos territoriales, la inmigración, a pesar de que se ha distribuido por el conjunto del país, sigue especialmente concentrada en dos focos: las áreas metropolitanas de Madrid y de Barcelona (38% del total de la POE), y el extenso arco costero que va de Huelva a Girona, y que está asociado a la actividad agroindustrial y turística (30%). La mayoría de la POI, además, se ha insertado en los barrios obreros y populares.

En este punto destaca también el intenso crecimiento de los refugiados en los últimos años, hasta el punto de convertirse en un segmento significativo de la POI en España. Un crecimiento que mantiene desbordado al Sistema de Acogida, a pesar de sus sucesivas reformas. Los solicitantes de asilo, así, han pasado de ser 2.355 en el año 2012 a ser 115.175 en el año 2019. No obstante, la cifra total de refugiados apenas representa el 3,23% del total de la POI en España.

El Fuerte Arraigo de la POI en la sociedad española

¿Cuáles son los rasgos claves que lo muestran? Por ejemplo, un tiempo de estancia elevado. Un 74% de la POI cuenta con más de 10 años de estancia, y un 42% con más de 15 años.

Del mismo modo, un acusado proceso de asentamiento familiar en torno a hogares familiares «fuertes» y numerosos, más voluminosos, de hecho, que los hogares de los españoles: el tamaño medio de los hogares inmigrantes es de 3,34 personas, mientras, el tamaño medio de los hogares en España es de 2,49 personas por hogar.

También se ha agudizado y consolidado el paso de los pisos funcionales e instrumentales de los primeros tiempos, a las «casas» familiares actuales. De hecho, los hogares instrumentales, formados por personas no parientes que comparten los gastos domésticos y de alojamiento, representan tan solo el 12% del total de hogares.

Así mismo, se da un intenso proceso de naturalización/nacionalización que alcanza, ya, a 1 de cada 3 inmigrantes (33%). Un 36% en el caso de las mujeres y 30% en el de los hombres. Y un 54% en el caso de los inmigrantes de origen latinoamericano. Al mismo tiempo, se registra una reducción del espacio de irregularidad administrativa que, a pesar de su importancia cualitativa, apenas representa el 7% del total.

Hay que tener en cuenta también un elevado y generalizado dominio del idioma castellano, incluyendo aquellos orígenes donde dicho idioma no es la lengua madre. De hecho, un 88% de la POI habla bien (13%) o muy bien (75%) el castellano. Por el contrario, apenas, un 4% de la POI manifiesta un nivel bajo o muy bajo en el manejo oral del castellano (ENPOI 2017).

Por otro lado, los proyectos vitales y “migratorios” muy orientados hacia la permanencia y el establecimiento en el país. El 62% de la POI tiene la intención de quedarse y arraigar en el país. Además, la mayoría de la POI, 69%, no envía remesas a sus países de origen. Además, un 23% de las parejas y matrimonios de la POI son uniones mixtas (nativo-origen inmigrante).

Para finalizar, cuentan también con una alta percepción subjetiva de arraigo, integración y pertenencia a la sociedad española: el 94% de la POI en España tienden a sentirse y percibirse integrada en el país y un 66% de los inmigrantes tienden a percibirse a sí mismos como miembros de la sociedad española.

Una integración socio-económica precaria

La mayoría de la POI sigue estando fuertemente concentrada y segregada en la parte baja de la estructura social española. La gran mayoría de los trabajadores inmigrantes (75%) desempeñan ocupaciones obreras elementales: un 17% trabajos de cuidados, un 42% otras ocupaciones básicas como peón construcción, camarero, ayudante de cocina, peón agrícola, etc., y un 16% ocupaciones obreras cualificadas. Solo el 25% de los trabajadores inmigrantes se ocupan en empleos de servicios de cualificaciones medias y altas.

Se da una movilidad social ascendente reducida y limitada: la gran mayoría de los trabajadores inmigrantes que se ocuparon en trabajos elementales al llegar en España (60 de 81) siguen enclaustrados en ellos después de tres lustros de estancia media en el país

A esto se le suma un estatuto laboral fuertemente precarizado: la gran mayoría de los trabajadores de origen inmigrante (73%, el 75% en el caso de las mujeres) están expulsados de la Norma Social de Empleo (NSE, que conlleva contrato indefinido + jornada completa) básica y nuclear de nuestras sociedades; una alta incidencia de la informalidad laboral, 11% del total; elevada incidencia del desempleo, ya que solo un 60% de los trabajadores inmigrantes están ocupados durante todo el año, mientras que el 40% restante sufren periodos de desempleo; la alta temporalidad: alrededor del 40% de los ocupados inmigrantes tienen contratos temporales, el doble que el de los trabajadores españoles, 22%; salarios bajos e irregulares: el salario medio, 926 € mensuales, un 38% menor del que el de los trabajadores españoles, que es de 1.477 euros mensuales.

Otra característica son los ingresos bajos y la fuerte incidencia de la pobreza. El ingreso medio mensual de los hogares inmigrantes en España es de 1.771 euros mensuales, frente a los 3.297 euros mensuales de los hogares españoles (un 46% inferior). Estos bajos ingresos explican el fuerte impacto de la pobreza en la POI: entre un tercio y la mitad de los inmigrantes se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, unos niveles que, al menos, doblan los índices de pobreza de la población nativa.

La POI está infrarrepresentada en los esquemas de protección social de nuestra sociedad, a pesar de ser más vulnerables y contribuir de forma activa y neta al sistema. Solo un 15,5% de los hogares inmigrantes en España reciben ingresos “sociales” –rentas mínimas, prestaciones desempleo, pensiones, becas, ayudas de organizaciones sociales, etc.- y solo un 12,3% de ellos rentas procedentes del sistema público. En el sistema público de desempleo, solo 29 de cada 100 trabajadores extranjeros en paro reciben algún tipo de prestación, mientras que en el caso de la población española parada ese porcentaje es del 50%.

Precaria pero estructural

La inmigración, a pesar de su precariedad, es un fenómeno estructural, esto es, está indisolublemente unida a la dinámica social, económica y demográfica estructural del país, que se ha convertido en un eje fundamental del desarrollo económico y social español.

La inmigración en España crece en tiempos de expansión debido a la demanda de trabajo inmigrante y se ralentiza y ajusta en tiempos de crisis y recesión. Su dinámica está profundamente imbricada con los ciclos y el patrón de crecimiento de la economía española. De hecho, entre los años 2014-2018, la ocupación de la población extranjera crece el doble que la ocupación nativa, un 10,25% frente a un 4,45%. El trabajo barato y flexible de la inmigración se ha convertido en el núcleo asalariado central de nuestro modelo de crecimiento intensivo basado en sectores de baja productividad.

Así, el trabajo inmigrante, especialmente el trabajo femenino, se ha convertido en el recurso central que permite organizar y costear las tareas domésticas y de cuidado, esenciales en una sociedad tan envejecida como la española.

La inmigración, debido a su alta tasa de actividad (72% frente a un 57% españoles) y a su juventud, se ha convertido en un recurso indispensable para la sostenibilidad y el equilibrio de nuestro sistema de bienestar social, especialmente del sistema de pensiones. Hablamos de una inmigración que es contribuyente neta de nuestro sistema de bienestar social.

Integración socio-cultural

Frente al extendido estereotipo de que la inmigración vive enclaustrada en un mundo relacional y cultural propio al margen de la población nativa, un 73% utilizan tanto la tradición propia como la autóctona en lo relativo a la forma de vestir., un 71% en la forma de comer, un 70% en sus celebraciones y fiestas, un 65% en las normas familiares y un 61% en la relación y normas de comportamiento con sus hijas.

Una integración sociopolítica baja

Los niveles de participación socio-política de la POI son, aún, limitados, lo que trunca su reconocimiento como ciudadanos y la expresión de sus legítimos intereses dentro de la sociedad. Así, por ejemplo, en las elecciones locales, las de mayor participación, solo vota el 20% de la POI; un 26% son abstencionistas, pudiendo votar; y un altísimo 54% no tienen derecho a voto.

¿Ha crecido el sentimiento anti-inmigrante en España?

Al principio de la crisis, se vaticinó que la precariedad y los recortes sociales, junto al elevado volumen de la POI, provocarían el crecimiento del racismo y la hostilidad en España. Sin embargo, los datos durante estos años no han corroborado esa hipótesis.

Los datos de la ENPOI corroboran que las relaciones entre nativos e inmigrante, marcadas por el contacto directo y habitual en la vida cotidiana, siguen siendo cordiales a pesar de la crisis, aunque han subido los discursos nativistas y existen situaciones de hostilidad.

La pregunta que surge es cómo es posible que en el contexto de crisis y precariado tan intenso que se ha vivido en España las relaciones de convivencia no se hayan deteriorado.

En el estudio ofrecemos dos hipótesis y un aviso. La primera viene a decir que el prejuicio y la hostilidad étnica no han crecido porque, sencillamente esa ausencia de conflicto abierto en la relación entre ambas poblaciones obedece a una intensa segregación laboral y económica.

La segunda hipótesis afirma que el crecimiento de la hostilidad inmigrante y su expresión política se ha visto frenado en España, a diferencia de lo ocurrido en otros países europeos, por la actuación de una serie de factores claves, como son las políticas públicas de integración, el consenso político de la transición, el origen latinoamericano de la POI, la memoria inmigrante en los barrios populares, la complementariedad laboral, etc.

Y el aviso es que, pese a la actual coexistencia tranquila en los barrios populares entre ambas poblaciones, existe, especialmente entre la población nativa trabajadora, un profundo malestar social producto del crecimiento del precariado y del deterioro de las oportunidades vitales en la última década. Este malestar social en cualquier momento puede verse etnificado, esto es, explicado desde y por la presencia de inmigrantes, y no por la actuación de determinadas políticas estructurales De hecho, hay algunas propuestas que en el último ciclo electoral español han roto el consenso de la transición, intentando etnificar el conflicto social al señalar a la población inmigrante como responsable de la cuestión social.

La población refugiada, «furgón de cola» del proceso de integración.

Los refugiados, a pesar de su firme y mayoritaria apuesta por asentarse en España, tienen un grado de arraigo que está muy por debajo de los niveles de la POI: una fuerte tasa de irregularidad (40%) y temporalidad administrativa (54%); un menor dominio del idioma, una mayor indefinición de sus proyectos migratorios, una menor percepción subjetiva de integración y pertenencia, etc.

En términos de integración socio-económica, los refugiados representan la «última estación» del intenso proceso de precarización que está presente en la sociedad española, por debajo de la POI y de sus comunidades más precarizadas, y muy lejos de los niveles medios de la población nativa. Así, 8 de cada 10 refugiados trabajan en ocupaciones elementales, solo 6 de cada 100 refugiados están dentro de la NSE -contrato indefinido a tiempo completo-, un 40% son informales, el 60% atraviesan periodos prolongados de desempleo durante el año. Un salario mensual medio que está claramente por debajo del SMI -686 euros mensuales-.

Natalia Peiro: «Anclas que nos impidan ir a la deriva»

“En épocas de máxima incertidumbre como la que vivimos en la actualidad conviene buscar anclas que nos impidan ir a la deriva y brújulas que nos indiquen el norte, como sucede con este estudio”, afirmó Natalia Peiro durante a la presentación del estudio. “Anclas –explicó— como la Declaración de Derechos Humanos que en su Artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

“Para nosotros –dijo—es importante evidenciar las enormes dificultades de las personas migrantes para obtener una autorización de residencia y trabajo y la enorme sencillez con que ésta se pierde. Y aunque aplaudimos que se hayan tomado algunas medidas que permitan que no aumente la irregularidad sobrevenida como consecuencia de la Covid 19, consideramos que la normativa de extranjería deber ser revisada con el objetivo de evitar que las personas extranjeras vivan en permanente riesgo de caer, de nuevo, en la irregularidad”.

La secretaria general de Cáritas abogó por “una sociedad que acoja y proteja a los millones de migrantes que viven con nosotros, haciéndoles sentir que no están solos, y por promover e integrar, construyendo juntos un futuro mejor”.

“Reafirmo el compromiso firme y sostenido de Cáritas con las personas migrantes, y no sólo en nuestro país. Cáritas está presente en casi todos los lugares del mundo, acompañando desde el origen, acompañando el tránsito, acompañando en el destino, siempre desde el enfoque de derechos humanos, porque una persona migrante, un solicitante de asilo, una persona refugiada no ´pierde sus derechos por el camino´ sino que es sujeto de derechos ahí dónde está, por el hecho de ser persona”, concluyó.

Múltiples aristas

Tras las reflexiones del estudio de Cáritas y Comillas, este especial de Alandar quiere adentrarse en las siguientes páginas en las consecuencias de una ley injusta y caduca desde múltiples aristas, los que la sufren, los que se enriquecen, los que luchan por cambiarla… Adéntrense con nosotros y nosotras en este viaje doloroso pero necesario.