La sanidad neoliberal

El objetivo de la multitudinaria protesta del domingo, 13 de noviembre, en el centro de Madrid, con el lema «Madrid se levanta por la sanidad pública», era defender un bien común como la sanidad, patrimonio de todos, que no debe venderse al mejor postor.

Cientos de miles de personas ocuparon ese día el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública, convocados por colectivos sociales, organizaciones médicas y enfermeras, sindicatos y partidos políticos de izquierda, plataformas de vecinos, representantes del mundo de la cultura y las artes… Fue una protesta de carácter puramente ciudadano, de vecinos y vecinas de las ciudades y los pueblos de la Comunidad de Madrid, en defensa de un bien común como la sanidad.

Desde que en 2004 el Gobierno autonómico aceleró su privatización, los conflictos en la sanidad madrileña han sido constantes. Se han construido siete hospitales públicos a cargo de constructoras y bancos, y la Comunidad ha puesto el personal sanitario, además de pagar un “canon” a las empresas concesionarias, que a finales de 2025 habrá sumado 5.000 millones de euros. Desde 2019, con la gestión de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha ido acelerando el proceso de destrucción de la sanidad pública, pero su privatización y ataque vienen desde 1995.

La Comunidad de Madrid, la más rica de España, tiene el gasto per cápita en sanidad más bajo de todo el país: 1.300,55 euros por habitante/año y está a la cola en el número de profesionales. En 2008 contaba con 76.359 trabajadores (médicos, enfermeras/os, celadores/as). Hoy cuenta con 77.023 profesionales: 700 más, cuando la población ha aumentado en más de medio millón de personas. En Atención Primaria, donde llegó a haber 14.667 profesionales, hoy cuenta sólo con 13.696. El número de camas hospitalarias está por muy por debajo del promedio nacional.

Cada año se gradúan más médicos, pero no se incrementan las plazas en la sanidad pública. Se genera así una gran bolsa de profesionales en paro, dispuestos a aceptar condiciones miserables o salir de España. Se calcula que unos 11.000 se han dirigido en los últimos cinco años a países con mejores condiciones laborales. De los 224 que terminaron su especialidad en Madrid en 2021 (los MIR), solo 17 se quedaron.

La gran inversión de la Comunidad de Madrid en sanidad, en el marco del COVID-19, fue el hospital Isabel Zendal, con un costo de 150 millones de euros: un hospital sin quirófanos que hoy está medio vacío

El Gobierno madrileño ha reorganizado el servicio de urgencias extrahospitalarias, intentando paliar el cierre del servicio de urgencias en 37 centros de salud durante la pandemia. Se han “inventado” 78 centros (rurales y urbanos) en la mitad de los cuales no hay ni un solo médico y en muchos de ellos tampoco personal de enfermería. Ello ha implicado constantes traslados de personal sanitario con sobrecargas absurdas de trabajo, así como una organización caótica y arbitraria de horarios.

Los profesionales sanitarios denuncian la situación y la presidenta de la Comunidad los culpa de sabotear el sistema y anuncia un sistema de vídeo consulta, que sindicatos y profesionales rechazan calificándolo de parche para disimular la falta de médicos, insustituibles en un servicio de urgencias. Así se han expresado sociedades científicas, sindicatos, asociaciones médicas y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. En los últimos días se calcula que ha dimitido el 15% de los profesionales de estos servicios, agobiados y saturados, así como responsables de altos cargos en las diversas áreas de salud. En varios servicios se han producido huelgas y paros.

La manifestación del domingo estaba convocada bajo el lema «Madrid se levanta por la sanidad pública». ¡Y vaya si se levantó! Hasta los propios organizadores se sorprendieron de la afluencia de gente. Quienes estuvimos en ella sentimos el ambiente festivo y reivindicativo, lleno de indignación y solidaridad, de emoción y rabia.

Madrileños y madrileñas, incluso con seguros privados, exigían también que se les devuelva la sanidad pública. No quieren que sus centros de salud estén cerrados; ni esperar varios meses para una consulta con un especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica; ni dos o tres semanas de demora para una consulta con su médico de familia. También mostraban su solidaridad con los profesionales sanitarios, en la actualidad maltratados profesional y salarialmente.

Quienes se manifestaron le dijeron a la presidenta que la sanidad es patrimonio de todos y que no debe venderse al mejor postor. La manifestación fue una contundente respuesta ciudadana de rechazo a la política sanitaria de la Comunidad, enfocada a favorecer la sanidad privada, que año tras año ve crecer el número de sus afiliados y de los “conciertos” con la Comunidad. Desde hace años, la estrategia parece ser el deterioro de lo público para facilitar la privatización y empujar a los ciudadanos a contratar seguros privados. De hecho, es la región española con mayor porcentaje de personas con seguros privados.

Una movilización de esta naturaleza, en cualquier sistema democrático, debería tener consecuencias. Difícilmente las tendrá en Madrid. La presidenta y su equipo, cuyo proverbial ego les impide tomar nota de la protesta y reflexionar sobre lo que es gobernar para todos, ya han intentado minimizar la importancia de la manifestación y la han achacado a la «estrategia desestabilizadora de una izquierda irresponsable».

Se confunden… o quieren confundirse y confundirnos. En medio de la «marea blanca» cualquiera se daba cuenta de que allí había ciudadanas y ciudadanos demandando sus derechos. Los dirigentes madrileños ni entienden ni quieren entender el discurso de la gente. Apenas han esbozado una vaga referencia a su disposición a escuchar al personal sanitario y a intentar la mejora de sus condiciones.

La presidenta avisa: «Esto no va de sanidad, esto va de cambiar un modelo, un modelo liberal que en la Comunidad de Madrid nos ha dado mucho éxito…»
¿Por eso Madrid no invierte lo necesario en Atención Primaria y perdona impuestos a los más ricos?

Dicen que, a lo mejor, esto le pasa factura a la presidenta Ayuso y al Partido Popular. Dentro de siete meses habrá elecciones en la Comunidad. Una de las pancartas decía: «Y mucho ojo a quién votas». Falta tiempo para eso. Veremos…

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