Estado del ¿bienestar?

Parecía una crisis sanitaria, pero esto que atravesamos -¿o nos atraviesa?- se parece cada vez más a una sindemia, neologismo que la RAE define como “la situación en que varias epidemias coexisten en el tiempo y se potencian mutuamente”. Efectivamente, lo que empezó como un problema sanitario se está revelando como crisis —entre otras— social, económica, ambiental, por supuesto de salud, que afecta a todos los aspectos de la vida personal y social. En esta segunda entrega de los efectos de la pandemia —y de cómo se ha afrontado— sobre los derechos humanos repasamos algunos de los económicos y sociales.

El Estado del Bienestar asegura que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y sus derechos garantizados. La COVID-19 ha puesto al aire las vergüenzas del nuestro, en severo régimen de adelgazamiento desde hace años y, por tanto, con poca capacidad para hacer frente a imprevistos de esta magnitud. Si miramos las condiciones de los colectivos más vulnerables —vulnerados—, lo que tenemos se parece más a un Estado del malestar.

Rebost Solidari de Gracia. Foto: Araceli Caballero
Rebost Solidari de Gracia. Foto: Araceli Caballero

Derecho a protección social

Los medios de comunicación, tan aficionados a las figuras retóricas, insisten —incurriendo en delito de lesa personificación— en que el virus se ha cebado en las personas mayores, señalando sospechosos habituales, en lugar de buscar a los verdaderos culpables. 

Aunque es difícil contar con cifras exactas —errores bien o malintencionados aparte, quienes morían sin haberse hecho una prueba no han sido contabilizado como muertos por el virus, incluso teniendo todos los síntomas—, el 71,5% de las personas fallecidas diagnosticadas de coronavirus vivían en residencias de ancianos, a menudo sin la asistencia sanitaria apropiada, y con escasa atención y control por parte de las administraciones correspondientes. En muchos lugares han recibido más atención de las redes ciudadanas de cuidados nacidas a raíz de la pandemia que de entidades públicas. 

El problema, una vez más, es que unos servicios básicos insuficientes para la normalidad, cuando llega una circunstancia excepcional carecen de la capacidad para improvisar una respuesta adecuada. “En este país —escriben Laura Gómez y María Eugenia Rodríguez Palop— tenemos un modelo de bienestar que solventa los cuidados de manera escasa, sexista y mercantil, y las sucesivas crisis no han sino venido a agravarlo”. Los cuidados son trabajos feminizados, racializados y socialmente no valorados. Cuando se resuelven en las casas gratuitamente quedan invisibilizados. Cuando se resuelven mercantilmente lo hacen a precio de saldo.

Desde diciembre de 2006 existe la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como “ley de dependencia”, pero las leyes, si no salen del papel, no tienen efectos. A finales del año pasado, 14 años después, el sistema atendía a 1.124.230 dependientes, 232.243 se encontraban en el limbo de tener reconocida alguna prestación que no reciben y otros 141.556 estaban pendientes de ser reconocidos y/o clasificados. 

En esa espera de un servicio al que tenían derecho o una respuesta de la Administración, mueren anualmente más de 30.000 personas, que aumentaron hasta 55.487 –152 al día– el año COVID. Tan macabra cifra redujo, eso sí, la lista de espera. «Miren este dato terrorífico: cerca del 80% de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron por fallecimiento, para vergüenza de los gobernantes«, señala el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez.

“Esta pandemia —continúan las citadas autoras— replantea muchas cuestiones, política y socialmente, cuestiones fundamentales que tienen que ver con la vida real, con cómo queremos responder a las necesidades básicas como sociedad, cuáles son los trabajos realmente esenciales y cómo los organizamos. Estamos frente a una nueva oportunidad de politizar los cuidados. Hablamos de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, de las personas dependientes, del tejido humano que somos y queremos ser en las próximas décadas”.

En otra vertiente del derecho a la protección social, la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad y la Red de Renta Básica reclamaron desde el principio del Estado de Alerta una Renta Básica de Emergencia de 739€ por persona adulta y 150€ por menor. Calculan que, para ocho millones de personas adultas y ocho millones de menores, de abril a diciembre de 2020, supondría un gasto de algo menos de 58 mil millones de euros. “¿Hace falta recordar -preguntan- cuánto dinero se gastó sin intención de devolver a los bancos? ¿Hace falta recordar que, para ayudas a empresas, este gobierno ya está dedicando 100 mil millones? ¿Hace falta recordar que este año se nos volverán a ir 30 mil millones en gastos militares?”

Hay también críticas de fondo, como la de que “se refuerzan los argumentos asistencialistas y los económicos: se vende como una medida para ‘reactivar el consumo’. No se dice que esta política debería estar destinada a confrontar una situación estructural que no es culpa de la gente que la sufre”, escribe Nuria Alabao en ctxt . Si como sociedad queremos ir a la raíz, la respuesta tendría que ir por implementar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, garantizando los derechos básicos de todas las personas. 

Derecho a la alimentación

A finales de abril, en pleno confinamiento, la ONU publicó un informe en el que advertía que en 2020 se podría multiplicar por dos el número de personas al borde de la hambruna, pasando de 135 millones en 2019 a 265. “Cuando nos enfrentamos a una pandemia de COVID-19, estamos también al borde de una pandemia de hambre”, declaraba el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. El tiempo confirmó que no había sido pesimista.

Con el confinamiento, muchas personas vieron cómo menguaban sus ingresos, o desaparecían del todo en el caso de trabajadores temporales, autónomos y especialmente quienes pertenecen a sectores informales. Las colas de reparto de alimentos han crecido, incrementadas por miles de personas que nunca se habían imaginado en semejante situación. 

Prácticamente en todos los barrios y pueblos se organizaron despensas solidarias para ayudar a los y las vecinas a acceder a alimentos; es decir, a poder comer, un derecho básico, reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de los DDHH y otros convenios internacionales ratificados por el Estado español, además de por la sacrosanta Constitución de 1978. 

A pesar de los convenios firmados y los compromisos adquiridos, la ciudadanía —que ya pagamos impuestos para financiar los gastos comunes— ganó de largo a las administraciones. A pesar de que algunos ayuntamientos apoyan iniciativas sociales, son los vecinos y vecinas quienes estamos manteniéndolas. Con frecuencia, los servicios sociales lo que hacen es proporcionar un certificado a estas personas y redirigirlas a Cáritas, parroquias y otras iniciativas sociales. Para muestra, dos botones. En el vallecano barrio de Santa Eugenia (Madrid) se sirven más de 7.000 menús diarios a personas que se han quedado sin recursos. En Barcelona, el Rebost Solidari de Gràcia, un economato gestionado por vecinas y vecinos del barrio, ayuda  a 4.000 familias del distrito y alrededores. 

Derecho a la educación

Según todos los indicios, los niños y las niñas no han sido la parte de la población más afectada por la pandemia, pero tal vez sí una de las más afectadas por las medidas contra la pandemia. Se pasaron meses sin poder pisar la calle, en viviendas a menudo sin terraza ni jardín, incluso sin balcón. Se podía pasear la mascota, pero no a los hijos. 

Cuando comenzó la desescalada, los adultos tuvimos acceso, aunque fuera limitado, a bares, restaurantes, iglesias, peluquerías, comercios y lugares de ocio. A los niños y las niñas no se les permitió recuperar una de las partes esenciales de su vida: la escuela. Según el informe Análisis del cierre de las escuelas de Unicef, más de 168 millones de niños en todo el mundo llevan casi un año sin clases presenciales por los confinamientos, lo que significa que alrededor de 214 millones en todo el mundo —1 de cada 7— se han perdido más de tres cuartas partes de su aprendizaje presencial. 

Esto, claro está, es sólo una parte del problema, porque la escuela no es un aparcamiento de criaturas, ni un lugar donde se aprenden solamente contenidos. Es un elemento insustituible de socialización y de cohesión social del que se privó a los niños y a la sociedad en su conjunto durante los meses que pasaron encerrados. Porque se trata de desigualdad. Ramón Font, portavoz de la USTEC, expresa su preocupación por este hecho: “La escuela iguala y, si no estuviera segregada, igualaría mucho más. Si los alumnos se quedan en casa 24 horas al día, estas igualaciones desaparecen y todo lo que queda es desigualdad”. El problema va mucho más allá. Hay miles de escuelas de máxima complejidad, cuyas familias, en algunos casos, no tienen acceso ni a material fungible para hacer actividades, ni a libros o revistas. 

El otro actor esencial que garantiza el derecho a la educación, el profesorado ha sido ninguneado en la gestión de tan importante asunto. La mayoría de estos profesores han trabajado larguísimas jornadas adaptando sus clases a la nueva modalidad, han estado disponibles sin horarios, han animado asambleas virtuales, han tenido tutorías individualizadas, atendido dudas y consultas del alumnado y las familias, han acompañado personalmente a sus alumnos y alumnas en la medida de lo posible, todo ello con unas administraciones que pedían pero no daban, y que no han contado con su opinión ni su experiencia, salvo honrosas excepciones. Cada cual con sus dificultades específicas. ¿Qué hace una maestra de P3 en estas circunstancias? Una criatura de esa edad, tras, no ya dos meses, sino semanas sin verla, ¿se acordará de quién es? ¿queda vínculo? 

Derecho a un medio ambiente sano 

No es posible desligar la salud humana de la del entorno. La pandemia no sólo tiene causas ambientales, a las que se hacía referencia en un artículo anterior —“¿Qué tiene que ver la pandemia con el medio ambiente?”—, sino también consecuencias. Para muestra un dato: la COVID-19 ha afectado más a las personas que residen en las zonas con más contaminación atmosférica. Lo cierto es que “el medio ambiente también pagará la factura de la pandemia”, como rezaba un titular de Vida sostenible

En un aspecto bien visible, en la enorme cantidad de plásticos de un solo uso que estamos generando. Dos terceras partes del material hospitalario ha sido incinerado. El tratamiento habitual de los residuos sanitarios es la esterilización, pero el sistema estaba desbordado. Resulta comprensible que, cuando lo que está en juego es la supervivencia, otros asuntos pasen a segundo plano, pero conviene al menos ser conscientes: guantes, pantallas, envoltorios,… Tal vez podemos preguntarnos cómo es que las soluciones que solemos encontrar resultan tan dañinas para el medio ambiente.

Algunos gobiernos, también los nuestros, están aprovechando la crisis del coronavirus para relajar las regulaciones medioambientales y acometer la recuperación con las viejas fórmulas (que están en la raíz del problema): desregulación de normativa urbanística y apoyo a combustibles fósiles. Un estudio de Greenpeace ha detectado al menos 14 ayudas fiscales y financieras millonarias a empresas contaminantes por parte de los gobiernos europeos. El Gobierno español, para la vuelta a una normalidad que no se dibuja muy novedosa, ha aprobado ayuda milmillonarias a la industria automovilística, una parte importante de los cuales irán al mayor plan renove de vehículos particulares —incluidos diésel y gasolina— jamás aprobado. A ello hay que sumar los mil millones en avales recibidos por las aerolíneas. Todo ello ignorando que el transporte genera el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y que el 60% de esas emisiones sale del tubo de escape de los automóviles privados.

¿Cómo revertir la tendencia ecocida? Greenpeace ha elaborado una propuesta con un título muy expresivo: “Darle la vuelta al sistema”. El Foro Transiciones envió a finales de mayo de 2020 una carta pública al presidente del Gobierno planteándole la necesidad de abrir un gran debate sobre la crisis ecosocial. “Una discusión que debe formar parte del proceso de reconstrucción tras la crisis COVID-19, pues las apuestas políticas y las inversiones económicas que se realicen determinarán en enorme medida las oportunidades de pilotar transiciones ordenadas, que superen la insostenibilidad socioeconómica y ambiental del modelo de crecimiento actual”.

Un numeroso grupo de personas de la comunidad científica vasca también han escrito una carta, en este caso a la sociedad, “Por la reconstrucción ecológica de la economía”, en la que urgen a “cambiar de rumbo y promover una transición socio-ecológica que garantice tanto el bienestar como la salud a nivel planetario”, puesto que “el cuidado de las personas y de la naturaleza chocan frontalmente con el actual metabolismo económico”.

El consumo responsable se viene promoviendo desde hace décadas como respuesta, y sigue siendo importante, pero no es suficiente. Como señala Jorge Riechmann, “tenemos un problema sistémico: no puede resolverse sólo con estrategias de consumo consciente individual”. Riechmann no suele aconsejar, pero en este caso lo hace: “por un lado, piense cómo puede organizarse de manera colectiva, no individual, en su vida cotidiana y las cosas cercanas para alimentarse, moverse, vivir de un modo lo más sostenible posible. Y, por otro lado, en paralelo, piense cómo luchar políticamente ante los grandes retos como la movilidad, el modelo energético, un programa agroecológico global… El objetivo final es muy difícil, sí. Mientras tanto, sin embargo, hay que hacer cosas. Pero no en soledad ni de manera aislada”.

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