CIE: Razón jurídica y sinrazón política

El título del Informe CIE 2020 SJ se hace eco de una dolorosa paradoja: el mismo Gobierno que vació los CIE al comienzo de la pandemia por buenas razones jurídicas, decidió reactivarlos el día que la presidenta de la Comisión Europea presentaba el Nuevo pacto europeo de inmigración y asilo, como modo aberrante de demostrar espíritu europeísta contra todo buen sentido. 

Por Josep Buades Fuster, sj. Asociación Claver-SJM

El Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado vaciaron los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) cuando se demostró la imposibilidad de ejecutar los acuerdos de devolución y las órdenes de expulsión a causa del cierre de las fronteras internacionales, en un momento en el que la concentración humana en espacios cerrados multiplicaba el riesgo de contagio. Y el Ministerio del Interior decidió reactivarlos cuando no había apenas visos de que los países de origen readmitieran a sus connacionales devueltos o expulsados desde España, justo cuando avanzaba la segunda ola de contagios. España destacó en el concierto europeo por su correcta interpretación de la ley y su buen sentido de la salud pública al vaciar los CIE. Luego, por una decisión política consciente, quiso mimetizarse en un panorama europeo sumamente hostil a la inmigración y a la protección internacional.

Presentación del informe «Razón jurídica y sinrazón política» el pasado 4 de julio. Foto: Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

La política vuelve a estar en el centro del último apartado del informe, que analiza los proyectos de obra de reforma de los CIE existentes y la nueva construcción en Algeciras de uno para 500 personas junto a la cárcel de Botafuegos. La inversión de 33 millones de euros en cinco años, recogida en los Presupuestos Generales del Estado, denota una apuesta política. La Presidencia del Gobierno justifica la inversión por la necesidad de atender “a las observaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, los jueces de control y organismos nacionales e internacionales que señalaban que estos centros no reunían las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión”. 

Dice verdad. Pero no deja de reflejar una política constante, sea cual sea el partido que sostiene al Gobierno, que da por sentada la continuidad del internamiento y de los CIE. Poco importa que se considere una institución deseable para facilitar la ejecución de devoluciones y expulsiones, incluso para disuadir de emprender la migración por vías ilegales, o se considere un mal necesario que humanizar en la medida de lo posible. Hay quien evacúa la cuestión resignándose a un marco normativo europeo que apuesta por el retorno y por la detención en respuesta a sensibilidades sociales y políticas muy contrarias a la inmigración.

Una persona en el CIE de Algeciras. Foto: Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

El apartado sobre los planes de obra se detiene en el proyecto del nuevo CIE de Algeciras… precisamente junto a la prisión de Botafuegos. Cuando esté construido será fácil que la gente extienda sobre los extranjeros internados el estigma de la delincuencia. El proyecto insiste mucho en los aspectos medioambientales de la edificación, en su eficiencia energética. Es mucho más discreto a la hora de presentar los componentes de seguridad: valla exterior, ventanas “esbeltas”, mobiliario “antivandálico” anclado al suelo o a las paredes. Y revela la voluntad de que la edificación, en su conjunto, no sea conspicua. 26 millones de euros de inversión para unas obras que han empezado en mayo de 2021 y que se prolongarán unos dos años son reveladores de la prioridad política.

El informe desciende a las vicisitudes de las personas internadas a lo largo de 2020. Apunta el frío sufrido en el invierno de 2020, sobre todo por el impacto del temporal Gloria en Barcelona y Valencia, por la falta de ropa de abrigo en Madrid. Repasa los episodios de agresión policial, especialmente en el CIE de Barcelona. Hace hincapié en los contagios de COVID-19 durante la primera y la segunda ola, la dureza del aislamiento sufrido y el par de intentos de suicidio. Peripecias de adolescentes a los que costó ser reconocidos como menores de edad o de personas con perfil de protección a las que no se informó sobre su derecho a pedir asilo enlazan con el apartado que pasa revista a las resoluciones judiciales que tutelan derechos vulnerados en el internamiento. 

Foto: Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

A lo largo de los años, resulta asombroso comprobar de cuántos derechos se priva a personas a las que la ley solo permitiría restringir la libertad de movimientos. Solo la labor combinada de la sociedad civil, el Defensor del Pueblo y los órganos jurisdiccionales va poniendo coto al internamiento… Poco y despacio.

Un espléndido apartado de Cristina Manzanedo traza el camino hasta la asunción de responsabilidad patrimonial del Estado por el fallecimiento de Samba Martine, sucedido en el CIE de Madrid a finales de 2011 como consecuencia de deficiente atención médica y sanitaria, la falta de intérprete y la nula coordinación con los servicios médicos del CETI de Melilla, donde se le había diagnosticado una grave enfermedad. Presenta un litigio estratégico, largo y dificultoso, posible por la articulación de una red de juristas de prestigio y de entidades de la sociedad civil.Si el internamiento en tiempos de coronavirus marca el curso temporal de 2020, la gran cuestión de fondo denunciada por el informe es la deficiente atención médica y sanitaria en los CIE. Si la voluntad política de las instituciones europeas, del gobierno y de los partidos que lo sustentan es mantener el internamiento, no es decente añadir que se pretende humanizar en lo posible sin acometer una reforma profunda del funcionamiento de los servicios médicos y sanitarios… de la atención sociocultural, de la orientación jurídica… En definitiva, es imposible pensar en el internamiento como en la mera privación cautelar de libertad ambulatoria. En el CIE sufre toda la persona.

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