Foto. Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.Miles de jóvenes españoles decidieron negarse a hacer el servicio militar obligatorio asumiendo las consecuencias legales que, en su caso, se concretaban en penas de cárcel e inhabilitación para ejercer la función pública. El movimiento de insumisión atrajo hacia la mili, durante más de dos décadas (entre finales de los 80 y los albores del nuevo siglo), el apoyo del resto de los colectivos que luchaban en España por cambiar una sociedad que, aunque se iba acomodando en la democracia, no conseguía abandonar ciertos tics de la dictadura.

José Manuel López, insumiso y miembro en ese tiempo del MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) vivió con intensidad una época inolvidable. “El paso del tiempo quizás ha hecho olvidar que el movimiento insumiso español ha sido la mayor campaña de desobediencia civil de todas las acaecidas en Europa en la segunda mitad del siglo XX”, recuerda López, que ahora milita en Alternativa Antimilitarista. Este colectivo surgió en 2002 tras la desaparición de “la mili” y la consiguiente caducidad del término “objeción de conciencia” en un país en el que el ejército se convirtió en un cuerpo exclusivamente profesional.

El pasado mes de octubre, Rivas Vaciamadrid, un combativo municipio ubicado en el sureste de la Comunidad de Madrid, acogió la celebración de una semana de actos con los que se pretendía conmemorar una década sin mili. La primera referencia que se tiene de desobediencia civil en el Estado español se remonta a 1967, año en el que se encarcela a varios jóvenes, testigos de Jehová, por negarse a, como se decía entonces, “cumplir con la patria”. Desde aquel año hasta el 2002, miles de quintos dijeron no al llamamiento a filas y se arriesgaron a una pena de cárcel de dos años, cuatro meses y un día (la famosa “yeyé”) y cuatro años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público o presentarse a una oposición. Se calcula que fueron más de 1.400 los que probaron la hospitalidad de Instituciones Penitenciarias y cerca de 10.000 los que fueron juzgados. Los motivos que aducían para negarse a ir a los cuarteles transitaban entre razones filosóficas, políticas, religiosas o éticas. “La insumisión no descansa cuando termina la mili. El movimiento antimilitarista tiene como objetivo último lograr la desaparición de todos los ejércitos”, subraya Eva Aneiros, miembro de Alternativa Antimilitarista de Madrid.

A la fuerza amnistían

En 1988, el Gobierno de entonces amnistía a 22.000 jóvenes que se negaron a aceptar la Ley de Objeción de conciencia -promulgada en 1984- y a realizar la PSS (Prestación Social Sustitutoria) como alternativa al SMO (Servicio Militar Obligatorio). La declaración colectiva se convierte en una respuesta contundente de los cachorros de la Transición ante un militarismo tardofranquista que se resistía a perder el enorme poder que había tenido durante más de cuarenta años. El Gobierno de Felipe González (PSOE) disfraza la medida y la viste eufemísticamente con el término “paso a la reserva”.

Han pasado los años y el panorama no ha variado sustancialmente. “El gasto militar no deja de crecer. El Gobierno español nos ha tomado el pelo una vez más diciendo que lo ha bajado. La realidad es que el presupuesto para el ejército ha subido un 30%”, se queja José Manuel López.

Henry David Thoureau escribía en 1866, en su obra Sobre el deber de la desobediencia civil: “Si mil hombres dejaran de pagar sus impuestos este año, tal medida no sería ni violenta ni cruel, mientras que si los pagan, se capacita al Estado para cometer actos de violencia y derramar la sangre de los inocentes. Esta es la definición de una revolución pacífica, si tal es posible”. El movimiento de objeción fiscal se tomó estas palabras al pie de la letra y es hoy en día el principal instrumento del antimilitarismo para combatir a un enemigo muy poderoso. “Calculamos que varios miles de personas se niegan todos los años a pagar, en su declaración del IRPF, el porcentaje que representa colaborar a financiar los presupuestos militares”, asegura Eva Aneiros.

Desobediencia económica

Nuevas propuestas van surgiendo tomando como referencia a quienes les abrieron el camino. Así aparece, promovida por colectivos cercanos al movimiento 15-M, la Oficina de Desobediencia Económica. Quienes la impulsan proponen que cada vez más gente se niegue a contribuir con su declaración de la renta al pago de la deuda pública y que se destine dicha cantidad a proyectos sociales.

Se trata de una idea inspirada en la objeción fiscal a los presupuestos militares, que actúa sobre el porcentaje de la declaración que corresponde¬ría al gasto militar. En este caso se amplía la cantidad que no será pagada por la o el contribuyente, sumando otras partidas que también se consideran injustas. En particular, el pago de la deuda pública y sus intereses, que superaría el 20% de la declaración de la renta, según los cálculos realizados por este colectivo. “El gasto en intereses y amortización de deuda estará cerca del 25% de los presupuestos, mientras que sani¬dad, educación y cultura juntos ya no llegarán ni a la mitad de ese gasto”, lamentan desde la oficina madrileña. Otras sucursales se han abierto este 2012 en Barcelona, Castellón y Zaragoza.