Foto. José Luis Corretjé.Tal y como sucede con cada nueva ley educativa, las sucesivas reformas del Código Penal tienden a proteger los derechos de quienes más tienen y a dejar a la intemperie aquellos que amparan a las personas excluidas. Así lo ha denunciado la plataforma “Salvemos la hospitalidad”, un colectivo formado por gente diversa, sobre todo de Iglesia y del mundo del Derecho, indignada con la pretensión del Ministerio de Justicia de colocar, en el anteproyecto del Código Penal, un artículo que prevé castigar con hasta dos años de cárcel a quien dé auxilio a inmigrantes sin papeles. “Si se aprueba la reforma del Código Penal que ha propuesto el Gobierno, nos convertiremos en criminales”, señalan en su manifiesto algunas de las cientos de personas que en 2013, en un país llamado España, están acogiendo en su casa, dando de comer, buscando trabajo, curando o simplemente compartiendo su vida con seres humanos llegados desde lejos a los que un sistema injusto califica de ilegales. Su causa ya la apoyan en www.change.org más de cincuenta mil internautas.

Carmen tiene casi dos años. Nació en Madrid, en un humilde bloque de viviendas del barrio de Vallecas y desde entonces comparte el día y la noche con su madre (Cuca), su padre (Roberto) y con tres jóvenes que un día llegaron desde otro mundo. En la literatura épica se les llamaría “proscritos”, pero en realidad hablamos de chicos que nacieron en África y que muy pronto se jugaron la vida por buscar un futuro mejor a miles de kilómetros de distancia de sus hogares.

Abdelatif (28 años), por ejemplo, desde hace mucho tiempo ha probado el sabor de la injusticia. Llegó España en 2004 escondido en los bajos de un camión. Fue su primera, pero no su última vez. En otras cuatro ocasiones repitió esta arriesgada práctica con la que jóvenes desesperados tratan de burlar la vigilancia de la policía, que les impide traspasar las puertas del “edén”. Abdelatif nació en Tánger y vino aquí “para buscar una nueva vida y sentirme libre. Muchos amigos de mi barrio hicieron lo mismo que yo”.

Mamadou tiene 21 años y vio su primer amanecer en Guinea Conakry. Su historia es parecida, muy similar a la del resto de los 20 chicos que han pasado desde 2006 temporadas en la casa de Cuca -primero- y en el hogar que formó junto a Roberto, unos años después. Todos ellos, tras ser detenidos por agentes de la Policía, fueron recluidos en un centro de menores. A Mamadou, que, con 16 años y tras cruzar el mar, recaló en una playa de Santa Cruz de Tenerife, le tocó pasar meses de cautiverio en varios centros de internamiento. Su delito: no tener papeles y ser menor. Después trataron de expulsarle de España porque el juez no se creía que tuviera menos de 18 años. “Es que soy muy alto”, replica. Cuca, que es abogada, consiguió aplazar la sentencia de expulsión y, después de arduas gestiones, años más tarde, logró su primer permiso de residencia.

Puertas abiertas

Alandar llama a la puerta de esta familia para conocer por qué se exponen a jugarse el tipo y acoger a chavales sin papeles. En torno a la mesa en la que hablamos también se sienta Abdalá (23 años). Este joven marroquí, apasionado por el fútbol en general y del Barça en particular, reflexiona en voz alta: “En mi país también hay mucha gente pobre, como aquí. Pero mi religión nos dice que hay que proteger a todos, sean musulmanes o no lo sean”. Por eso le cuesta entender que en España se quiera perseguir a quienes, como Cuca o Roberto, se ocupan de su bienestar.

Cuca recuerda que la decisión de empezar a acoger en su casa a jóvenes extranjeros la tomó tras enterarse de las condiciones lamentables en las que se les recluía en los centros de internamiento. “De madrugada, la policía entraba en estos lugares, identificaba a los chavales y los trasladaba al aeropuerto de Barajas, en donde esperaba un vuelo que les devolvía a sus países de origen”, relata. “Los primeros que tuvimos fueron Rachid y Yassim. Venían a casa a dormir para, a la mañana siguiente, llevarles al Juzgado y conseguir que salieran libres gracia a medidas cautelares. Esto lo hicimos con muchos de ellos”, recuerda.

Tanto Cuca como Roberto, que trabaja como voluntario en la Asociación Apoyo, son conscientes de que el intento de amedrentar a quienes ayudan a inmigrantes indocumentados forma parte de una estrategia meditada de los gobiernos (de este y del anterior) para impedir que surja lo que denominan “efecto llamada”. “Si consiguen, a través de este artículo del Código Penal, meter el miedo en el cuerpo al taxista que lleva a un joven inmigrante; a la academia que le enseña español; a la dueña de la pensión en la que duerme y hasta a la gente voluntaria de la asociación que le ayuda”, asevera Roberto, “habrán logrado su objetivo de romper las redes de solidaridad que dan cobertura a estas personas en su derecho a elegir el país en el que quieren vivir”.

Respaldo social

Foto. José Luis Corretjé.
Muchos han sido los organismos y personas que han manifestado su repulsa ante el intento del ministro Ruiz Gallardón de introducir el citado artículo en el nuevo Código Penal. Incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho que considera inconstitucional el Artículo 318, que dice textualmente: “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Y esa ambigüedad en el texto es la que rechaza el colectivo “Salvemos la hospitalidad”. “Nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia, que se parapeta en una Directiva europea, para hacerle llegar nuestra preocupación. El texto deja en manos del fiscal la discrecionalidad de aplicar con todo el rigor las sanciones propuestas a quien considere que no presta ayuda humanitaria» plantea Cuca, una experta en la legislación y los procedimientos que tienen que ver con asuntos de inmigración.

Esta causa también ha recogido el apoyo de nombres con mucho peso en los medios de comunicación. Maruja Torres -periodista y columnista de El País- o Luis García Montero, poeta y articulista que colabora con varios medios de comunicación, han publicado columnas muy contundentes denunciando el Artículo 318. García Montero escribía: “Que un fiscal pueda abstenerse o no abstenerse de acusar a un ciudadano español por ayudar de forma humanitaria a un inmigrante deja la conciencia de este país a la intemperie. Bueno, todavía más a la intemperie de lo que está ahora. Después de criminalizar nuestros derechos cívicos y nuestra pobreza, vamos por el camino de criminalizar también nuestra conciencia”.

No es la primera vez que, desde el Gobierno, se plantea criminalizar la acogida o la hospitalidad con las personas inmigrantes en situación irregular. Ya en 2009, con el PSOE en el poder, se trató de sancionar con una falta administrativa, que podía alcanzar 10.000 euros de multa, a quienes colaboraran en la permanencia irregular de los y las inmigrantes en España. Tras una rápida y contundente reacción social se logró parar este intento.