Las monedas de euro de Malta llevan una cruz en su anverso y son un buen símbolo en este caso. Mucha gente se refiere hoy a la Iglesia como a una especie de banda de Alí Babá, que no cesa de nutrirse de los dineros públicos, acogiéndose a privilegios históricos y legales. Es decir, de una banda –si no de ladrones, al menos de aprovechados– que engorda sus arcas de forma ilegítima en detrimento de los intereses generales, protegiéndose, además, en la mayor opacidad y secreto.

En el otro extremo, están las personas que se ponen nerviosas ante cualquier crítica a la Iglesia y estiman ilegítimo y malintencionado el menor cuestionamiento del modo en que la Iglesia se financia o gestiona sus bienes. Podemos suponer que, en el medio, se encuentran quienes aceptan el actual modelo aunque le pongan algún “pero” y también quienes, aún sin una actitud tan radicalmente en contra, preferirían otro, sea por razones puramente sociales o religiosas.

Lo cierto es que, cada vez que se aproxima la campaña de la renta, vuelve a primera plana el debate sobre la financiación de la Iglesia. Con su carga de críticas legítimas pero también de demagogia y de utilización torticera de datos. Pero es también ocasión para los católicos y católicas de contribuir honestamente al debate. Para que, como sueña el papa Francisco, en la Iglesia, “toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación” (Evangelii gaudium, 27).

En los últimos tiempos, se ha repetido públicamente el dato de que la Iglesia católica recibe 10.000 millones anuales de euros del Estado, lo que equivaldría a 18 euros al mes que cada ciudadano paga a la Iglesia, le guste o no. Es una cifra demasiado redonda para ser cierta. Se incluye en esa cantidad lo que reciben los hospitales y colegios tutelados por la Iglesia, como si fuera una entrega a cambio de nada, en lugar de darse por una prestación de servicios concretos, igual que se aporta dinero a colegios u hospitales no religiosos. Estima que la Iglesia recibe, además, unos 1.800 millones anuales de euros de las diferentes administraciones públicas para fines sociales. Y también estima en 1.800 millones el valor de las exenciones fiscales, sancionadas por los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.

Está claro que no hay unanimidad sobre la financiación de la Iglesia. Nos acercamos a ella recogiendo los datos reales así como los argumentos a favor y en contra del modelo actual. Terminamos con una mirada hacia el futuro que incluye tareas pendientes y el sueño de que algún día la Iglesia sea más transparente y sus miembros, más responsables de su financiación sin necesidad de ayudas externas.