Por Viviane Ogou

Tras la muerte de George Floyd, miles de personas salieron a la calle alrededor de Europa y del mundo para denunciar el racismo. Las redes sociales se inundaron de explicaciones sobre lo que hasta ese momento solo se vinculaba con aquellas personas que ondeaban la bandera del odio con orgullo, sin comprender que el racismo es un sistema de relaciones y que agresiones y asesinatos son sólo la punta del iceberg.

El racismo se encuentra definido en la Convención por la Eliminación de la Discriminación Racial como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” Debemos comprender que se trata de un sistema de opresión estructural que, a partir de dividir la humanidad en razas posiciona a unas por encima de otras. La traducción es la incapacidad real, aunque pudiera ser jurídica, de ejercer los derechos con plena libertad e igualdad de oportunidades. Esta realidad es diferente en cada Estado o región del mundo y aunque se muestre con más polémica en unos países que en otros, no implica que no esté presente en todos y cada uno de los países del mundo.

En España

En España, el racismo está muy arraigado y la falta de educación en derechos facilita que pase desapercibido a los ojos de cualquier persona no racializada, -aquellas que son identificadas claramente con una etnia diferente-. Nuestra historia puede ser el punto de partida para explicar por qué somos racistas. ¿Por qué no reconocemos nuestra ascendencia árabe? Los jóvenes estudian a duras penas 8 siglos de historia y casi siempre con una connotación negativa de colonización y barbarie. Sin embargo, ochocientos años son suficientes para el mestizaje y la completa asimilación cultural aunque más tarde se readoptara el catolicismo. A su vez, estudiamos con orgullo uno de los mayores genocidios de la historia. Incluso nuestra fiesta nacional está basada en esta: la conquista de América. Aceptamos sin dudar que fueran personas incivilizadas y que, aún despojándolos de derechos, tierras e incluso la vida, “les hicimos un favor”. Estas afirmaciones fundamentan las bases de nuestra conciencia y facilitan que no veamos como injusto el maltrato a personas de un trasfondo cultural diferente al nuestro.

En la actualidad, en España, hay personas que no consiguen alquilar un piso por su color de piel. Que nunca ascienden porque, a pesar de sus capacidades, como expresa el Harvard Business Review, no tienen “presencia de líder” al no imitar los cánones occidentales. Hay niños que no gozan de los derechos de los niños por no haber nacido en Europa. Hay jóvenes que nunca llegarán a ser médicos aunque fuera su sueño porque la segregación escolar no les ha permitido un nivel de estudios suficiente como para sacar la mejor media en selectividad. Hay madres que sufren en el parto, “porque las mujeres africanas son más fuertes y no necesitan la epidural”. Y hay otras mujeres, más cualificadas que la media de la población, a las que paran por la calle a pedir sus honorarios de prostitución. En España hay racismo y no es exclusivo de aquellas etnias no europeas, sino que también ocurre con el pueblo gitano, una de las comunidades más pobres de Europa.

Menores y temporeros

Dos de los ejemplos más acusados de discriminación son la situación que viven los Menores No Acompañados (MENAS) y los Temporeros migrantes. Ismail El Madjoubi, integrante del colectivo ex-menas, denuncia que los procedimientos a los MENAS no fomentan su protección, una atención adecuada, ni el acompañamiento en trámites que “no son para niños”. Si bien son menores, sus casos no son gestionados por la Dirección General del Menor. Además, no tienen derecho a trabajar entre los 16 y los 18 años, lo que dificulta a aquellos que quieren perseguir estudios superiores o salir con seguridad de la tutela, y les aboca a terminar indocumentados y en muchos casos en la calle o ocupando establecimientos vacíos, de los que son desalojados con violencia.

No solo migrantes

La situación del racismo que sufre el menor no termina con los inmigrantes. Hemos podido hablar con un testimonio, que prefiere no hacer pública su identidad, que asegura que aún siendo ella española por ius sanguinus (adquisición por sangre), uno de sus progenitores, extranjero, ha tenido dificultades constantes en mantener el permiso de residencia, con la inestabilidad emocional y social que eso implica, y afirma conocer más historias similares. El bienestar del menor debe ir por delante en cualquier procedimiento que le implique, pero a nivel legal, que un progenitor no tenga papeles, no sólo impide un igual acceso a oportunidades, sino también que su progenitor será expulsado del país en cualquier momento. Este caso en concreto afirmaba que el pariente contaba con estudios de grado y máster en España. ¿Qué protección estamos dando a nuestros niños?

Otro ejemplo de discriminación es la situación de los temporeros en la península. Una gran parte de ellos trabajan sin contrato y tienen altas dificultades para acceder a la vivienda, como denuncia la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, quienes están construyendo albergues para los jornaleros migrantes que viven en chabolas o la calle. Esto, sin embargo, no se da solo con trabajadores de baja cualificación, también ocurre con inmigrantes de clases medias y altas, que se encuentran con negativas de los propietarios para alquilar o vender por su origen. “En todo el tiempo de confinamiento, cuando los españoles estaban en su casa, somos nosotros los que hemos trabajado y afrontado la enfermedad que hay en el mundo. Quieren utilizarnos como un trapo, pero cuando tenemos un problema no quieren mirarnos,” denunció el Sindicato de Temporeros de Huelva, tras la quema de sus asentamientos el pasado julio.

El pasado martes 22 de septiembre entró a debate, en el Congreso de los Diputados, la Proposición No de Ley de la Plataforma Regularización Ya y Obrim Fronteres, apoyada por 1500 organizaciones. El objetivo: conseguir la regularización permanente y sin condiciones para 600.000 personas, el cierre de los CIEs o el permiso de trabajo para menores extranjeros no acompañados de entre 16 y 18 años, entre otras medidas. Estás peticiones están fundamentadas en el antirracismo, es el eslabón actual de la concatenación de movimientos que han trabajado contra la discriminación: el abolicionismo y el movimiento por los derechos civiles. Es la solución propuesta para terminar con parte de la discriminación jurídica que motiva la discriminación social. Más derechos implica más recursos para hacerle frente y poder vivir como iguales en un país que les necesita.