La valla de Melilla desde el lado español. Desde hace varios años, son numerosas las organizaciones humanitarias que están denunciando las “expulsiones en caliente” de inmigrantes, especialmente del área subsahariana, que entran en territorio español, habitualmente por Melilla. Según estos colectivos, se trata de una práctica habitual que realiza la Guardia Civil, entregando a la policía marroquí a aquellas personas que han conseguido salvar la verja que separa la ciudad autónoma del territorio alauita.

Estas devoluciones, que suelen hacerse por la noche, sin previo aviso, por alguna de las puertas que tiene el “muro” metálico, están exentas de cualquier base jurídica. Es más, con esta práctica se incumple de forma flagrante la Ley de Extranjería española, de manera que se puede decir que el Estado –concretamente el Ministerio del Interior– delinque respecto a personas que tienen una serie de derechos por el solo hecho de encontrarse en territorio español. También violan la legislación comunitaria y el derecho internacional de los derechos humanos.

Para Mercedes Pérez Manzano, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, “la ilegalidad de este tipo de prácticas da paso a ciertos delitos, como el de coacción, el de prevaricación administrativa y el de privación de derechos, recogidos en los artículos 537 y 542 del Código Penal sobre el impedimento del ejercicio de derechos fundamentales, como la asistencia letrada al detenido, el habeas corpus, el intérprete…”.

Migrantes africanos encaramados al vallado melillense. En la presentación del informe jurídico Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la ley, realizado por importantes representantes del mundo jurídico académico, Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense, señaló que en estos momentos hay “una lucha sin tregua y desproporcionada”, sin problemas a la hora de gastar dinero y tecnología para evitar la entrada de inmigrantes. Denunció que “hay una guerra sucia porque el Estado español no cumple la normativa propia y degrada el Estado de derecho hasta límites inimaginables”.

Para José Miguel Sánchez Tomás, profesor de la misma materia en la Universidad Carlos III, “la ilegalidad es tan clara que hay responsabilidades penales derivadas”, indicando que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se limita a negar los hechos y se inventa el derecho diciendo que tiene base legal, sin justificar nada de lo que está haciendo su departamento. Para el profesor de Derecho Penal, “el argumentario del Ministerio del Interior produce sonrojo y deja patente un absoluto desconocimiento jurídico”.

Asimismo, para José Luis Segovia, profesor de Ética Social de la Universidad Pontificia de Salamanca, las devoluciones en caliente son “groseramente ilegales y son ilegítimas”. Además suponen la negación del derecho a la palabra, “algo que incluso no se niega al condenado a muerte”.

Según este sacerdote, director del Instituto Superior de Pastoral, “lo más grave es la negación de la dignidad de la persona: es negar el pan y la palabra” y afirma que “un sistema que niega la dignidad de la persona se hace absolutamente indigno”. Por eso, añade que “renunciar a valores como el humanitarismo, la solidaridad, la acogida, la compasión, la indignación…, termina siendo una espiral de degradación intolerable y nos despeña a todos por el precipicio de la indignidad”.

Pese a todos estos argumentos jurídicos –también éticos– la Fiscalía de Melilla no ha abierto de oficio ninguna investigación relacionada con las expulsiones en caliente en la valla que separa la ciudad con Marruecos.