movimientos2-4.jpgAbolir la pobreza por ley ¿Quiere explicar esa pretensión?

 Hay muchas personas que están dispuestas a dar o compartir algo suyo con otras personas pobres. Eso está bien, representa un buen sentimiento humano, pero nos quedamos en una actuación sobre los síntomas. A todas esas personas de buen corazón yo les lanzaría esta pregunta: ¿Estaría usted dispuesta a apoyar la abolición de la pobreza por ley? ¿a pelear por que nuestra Constitución dijera “queda abolida la pobreza”? ¿y porque en el Código Penal se tipificara un delito de pobreza, de modo que todo aquel que, por política activa, cometiera conscientemente un crimen de pobreza, pudiera ser llevado ante la justicia y merecer penas de hasta 4 ó 6 años de cárcel? Porque el problema es que, a diferencia con otros derechos humanos, todas las violaciones en el ámbito de la pobreza no tienen la categoría de delito y quedan impunes. Todas. Pero en otros ámbitos no sucede así. Si un texto legal dice “Nadie será sometido a torturas”, sucede que se siguen practicando torturas pero todo el mundo sabe que están prohibidas. Lo mismo pasa con las ejecuciones extrajudiciales, los atentados contra la libertad de expresión, o los crímenes, pero quien los comete sabe que afronta el riesgo de ir ante un tribunal. ¿Seré yo el único que se asombra de que, con las cifras que tenemos de pobreza, nadie haya respondido nunca ante un juez?

 ¿Qué significaría la abolición de la pobreza en la práctica?

 Cuando hablamos de pobreza vinculada a los derechos humanos hay que saber de qué estamos hablando. Significa que aquellas personas que cometen, por ejemplo, violaciones del derecho al acceso a una vivienda digna, o a la salud, o a la educación, quienes mantienen una política deliberada en ello, debería comparecer ante un tribunal.

 ¿Por qué para erradicar la pobreza hay que pasar de un discurso económico al de los derechos humanos?

 Los temas referentes a la pobreza están secuestrados por la economía. Y las soluciones buscadas hasta ahora no dan resultado. Ahí está el 0,7% nunca alcanzado. La Ayuda a los países empobrecidos no cambia las cosas, porque permanece, desde hace 40 años, la misma relación de unos 35 países de África Subsahariana con niveles escandalosos de pobreza. Tampoco arreglan las cosas ni el Comercio Justo, ni los cambios en la agricultura, ni los proyectos de cooperación, aunque hay que reconocer que mejoran la situación de millones de personas, pero mientras otras siguen en la miseria. Tampoco es verdad que el crecimiento económico elimine la pobreza, pues ha habido un periodo de 12 años de crecimiento sostenido mundial y el número de personas pobres ha crecido. ¿Dónde está la responsabilidad de los gobiernos, de las Instituciones Internacionales, o la de las empresas transnacionales? Es preciso llevar estas cuestiones desde el ámbito de la economía al de los derechos humanos.

 ¿Estas cuestiones admiten un grado mayor o menor de gravedad?

 No. Los derechos humanos son universales, no tienen excepción. Esa es otra razón para llevar las cuestiones de pobreza a ese espacio legal. Ahora, para la medición de la pobreza se utilizan los índices de desarrollo humano. Según eso hay países de desarrollo humano alto, medio o bajo. Y esa estadística, por no sé que resultados de ecuaciones, puede indicar, como es el caso, que pertenecen a la misma condición de desarrollo humano alto países tan desiguales como Noruega y Rumania. Y nos quedamos impasibles. Ahora bien, si habláramos de otros derechos humanos, podríamos acaso usar un “índice de tortura humana”, pero ¿nos parecería de recibo decirle, por ejemplo, a una persona: “esté usted tranquilo, no va mal, porque usted vive en un país de tortura media”? Eso sería inaceptable.

 ¿De quién es la responsabilidad?

 Un autor, Tomas Poch, ha escrito un libro titulado “Los culpables directos de la pobreza” y los señala directamente. En el otro extremo está ese sentimiento repetido de “todos somos culpables”. Pues mire, perdone usted, pero yo, tanto como otros, no. Y además esa idea de que todos somos culpables diluye la responsabilidad y, al final, resulta que nadie lo es. Y hay culpables directos. La tentación es pensar en las Instituciones Internacionales que tienen, desde luego, su responsabilidad. Pero el debate hay que llevarlo a las personas concretas. Cuando, por ofrecer un dato, una mujer de cada ocho muere en el parto en Sierra Leona, no es porque el país sea pobre, sino porque no hay servicios de salud suficientes y cercanos, y porque muchas mujeres no tienen dinero para costear el transporte ni para pagar al médico, y eso es una violación del derecho a la salud y detrás hay personas responsables, que están en el gobierno o cerca de él

 ¿Y algunas empresas?

 También tienen responsabilidades que esconden con una doble estrategia. Eso de la Responsabilidad Social Corporativa, que para mí no significa nada más que una operación de marketing y de lavado de cara porque en muchos casos no supone ningún compromiso con la sociedad, no hay control externo y son las propias empresas quienes deciden y evalúan sus acciones. Pero más grave que eso es cuando se escudan diciendo que respetan la legislación de cada país. La petrolera multinacional Shell que envenena el agua y los peces del delta del río Níger, tiene muy otro cuidado cuando hace sus vertidos en los canales de Amsterdam. O Yahoo tiene responsabilidad cuando acepta la censura del gobierno de China y la vigilancia de sus 250.000 policías cibernéticos, entregándoles claves de URL, que, por ejemplo han sido la causa de la condena a 10 años de cárcel del periodista Xin Tao que había enviado a la prensa estadounidense por internet información sobre las políticas del partido comunista chino.

 ¿Tienen eficacia los pactos y convenciones internacionales?

 A veces sí y a veces no. No es indiferente su propia redacción. Yo suelo hablar de los confiables puntos y las sospechosas comas. No es lo mismo escribir: “Nadie será sometido a torturas. PUNTO”, que redactar “Todas las personas tienen derecho a la educación, COMA, si los recursos lo permiten”. Los derechos humanos no han de ser graciables, deben obligar a los gobiernos. Pero es verdad que los derechos tienen que ser conseguidos de forma progresiva. Es necesario que los protocolos internacionales y las constituciones reconozcan derechos, no sólo principios, y que haya leyes que los desarrollen para que la gente se pueda defender y los responsables de sus violaciones comparezcan ante tribunales. Hace falta también, claro está, un poder judicial independiente.

 ¿Es aceptable el lenguaje sobre la pobreza?

 El lenguaje que usamos sobre la pobreza no está en el ámbito de los derechos humanos, sino en el de la economía. Y así hablamos de pobres extremos (quienes viven con menos de un dólar al día) o relativos (con menos de un dólar y medio) de pobres objetivos o subjetivos, coyunturales o estructurales. O nos referimos a países menos adelantados, en vez de hablar de países empobrecidos.

 ¿Llegaremos a ver abolida la pobreza?

 Eso depende del impulso de la sociedad civil. La esclavitud quedó abolida legalmente en el siglo XVIII gracias a la presión política de la ciudadanía y en contra de grandes intereses económicos. Hoy la esclavitud es un delito perseguible. En el siglo XXI no podemos aceptar ya el escándalo de la pobreza. Nelson Mandela ha dicho: “En este siglo millones de personas viven esclavizadas y encarceladas en los países más pobres del mundo. Están presas en la cárcel de la pobreza. Es hora de liberarlas”

Derechos torcidos. Exijamos dignidad

La pobreza es un mal complejo, pero no inevitable. Puede ser abolida. Existen responsables directos de la pobreza que no son los fenómenos naturales: ni la sequía, ni la fuerza arrolladora de terremotos o tsunamis. Tampoco lo es el mercado, ese espacio donde nadie se hace responsable y al que muchos personifican como si fuera un ser humano, diciendo cosas tales como “el mercado se ha enfriado” o “el mercado se ha levantado hoy con optimismo”

En el mundo actual son las decisiones políticas las que llevan a millones de personas hacia la pobreza. Los cambios en las leyes sobre impuestos, relaciones laborales, seguridad social, o acceso a la educación y a la salud, tienen un impacto real sobre la vida de millones de personas.

Los Pactos Internacionales, las Constituciones de cada país, deberían declarar abolida la pobreza. La clave está en que la lucha contra la pobreza salga del ámbito de lo económico y se traslade al de los Derechos Humanos. Y en que haya fundamento y garantía legales para poder perseguir como delito las actuaciones u omisiones que hacen vivir a millones de personas en situación de pobreza.