El procès ya tiene sentencia, con las lecturas tan diferentes que se diría que relatan hechos que nada tienen que ver entre sí. La cosa es compleja y extensa, y la información disponible, abundante. Este es mi punto de vista, expuesto de manera somera, y, espero, clara.

La sentencia.

No está a mi alcance hacer un análisis jurídico de la sentencia ni del juicio previo. Mejor acudir a acreditados juristas, como Joaquín Urías, Pérez Royo u otros. Opinaré como ciudadana, residente en Barcelona, participante en algunos movimientos sociales de dentro y fuera del lugar, que siguió con cierta asiduidad el juicio y que considera esta sentencia la esperable consecuencia de aquel (y de la abusiva prisión provisional que las personas condenadas han padecido). Que las penas a políticos y pacifistas líderes sociales sean en muchos aspectos superiores a las del juicio por el golpe de Estado del 23F dice mucho de su proporcionalidad.

Conviene recordar que, digan lo que digan vicepresidentas, ministros y demás voceros, el derecho de autodeterminación existe. Basta mirar algunos de los tratados internacionales que ha firmado España (art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Y que convocar un referéndum sin competencias no es delito desde que en 2005 el Congreso de los Diputados lo despenalizara. 

Del juicio sólo mencionaré que numerosos expertos, observadores internacionales, incluso algún organismo de la ONU especializado en derechos humanos, han cuestionado la imparcialidad y las garantías del mismo. Si todo juicio es una representación, este pertenece al género farsa (se sabía que en ningún caso habría absolución ni penas menores), evidenciando el desproporcionado poder del Tribunal Supremo (y la Audiencia Nacional), así como la inexistente separación de poderes. Por no hablar de decisiones del tribunal tan exóticas como no permitir mostrar las imágenes que contradecían a testigos que hablaban de “violencia” (miradas de odio, por ejemplo), cuando existen centenares de vídeos que muestran la única violencia que hubo, la policial.

La reacción

Con la impresionante capacidad de autoorganización de las gentes catalanas, que me admira y entusiasma, la reacción ha sido masiva y variada. Una significativa parte de esta ciudadanía se considera directamente afectada. Los políticos han sido condenados porque -¡por una vez!- hicieron lo que prometieron si eran elegidos: convocar una consulta sobre autodeterminación. Por tanto, quienes les votaron se sienten moralmente condenados, así como quienes participaron -votando, guardando urnas, protegiendo colegios, etc.- en el 1-O.

A la vista de cómo ha sido y es el comportamiento de los grandes medios de comunicación -uniforme y vergonzoso-, es posible que haya quienes se sorprendan por lo que los susodichos medios consideran estallido, si por tal se entiende algo repentino e inesperado. No es así. Viene de lejos.

Por ejemplo, en la inmensa mayoría de barrios y pueblos de Cataluña se congregan cada semana desde los primeros encarcelamientos cientos de personas reclamando su libertad y protestando por lo que consideran un intolerable atropello. En mi barrio, no muy extenso, cada lunes son centenares, a veces bastante más de un millar, durante más de dos años. No todas las personas son independentistas; las une la demanda de libertad para los presos políticos. Los condenados por el Supremo y las decenas que los siguen.

Eso requiere organización y trabajo. Los CDR (Comités de Defensa de la República, un movimiento vecinal convertido en chivo expiatorio) suenan mucho, pero la gente se articula de maneras muy variadas y plurales. Existen las plataforma contra la represión y por la libertad (la de mi barrio agrupa a una cincuentena de entidades, desde los Castellers a Omnium, pasando por el Círculo Católico, por citar algunas); profesionales organizados que se ofrecen para lo que saben: sanitarios, abogados, bomberos, dentistas, forenses, etc. Imposible ser exhaustiva. Y el Tsunami Democrático, que tan mosca tiene al Ministerio de Marlaska. Tanto, que la Guardia Civil ha solicitado a la plataforma donde está colgada su aplicación que la bloquee, puesto que “ha sido confirmado como una organización criminal que impulsa la comisión de ataques terroristas”. Sabido es que, desde la reforma del Código Penal, la ley mordaza y esta sentencia, terrorismo es lo que ellos consideren que lo es.

Imaginen lo que tan tupido entramado significa organizando actividades en una población de unos siete millones y medio. Castañadas en plazas, olimpiadas populares en la Diagonal, manifestaciones masivas, campañas como la de autoinculpación y tantas otras.

En cuanto a la tan cacareada violencia, me remito a Gerardo Tecé. “A la violencia en España le pasa como al colesterol, hay bueno y malo, siendo ignorada o tratada con sobreactuación por nuestros dirigentes en función del cálculo político. Con los medios de comunicación ha pasado lo mismo, (…) han modulado la percepción de la violencia dependiendo de dónde venía”, escribe en una columna cuya lectura recomiendo encarecidamente.

Algunas consecuencias

No soy adivina, no estoy en posición de describir, parafraseando a Neruda, qué va a quedar de estos días. Me limito a advertir de algo muy preocupante: la grave amenaza que para los derechos de toda la ciudadanía española significa esta sentencia, que abre la puerta a ilegalizar la disidencia y a considerar violencia la desobediencia civil. Si la sedición va tan barata, los derechos de manifestación y protesta están gravemente heridos. Como se apresuró a avisar el Sindicato de Inquilinos, quien intente parar un desahucio puede acabar con sus huesos en la cárcel. Una vez más, el significado de las palabras -y la calificación judicial- queda al arbitrio de quien tiene el poder.

Me han pedido opinión. Añado propina de sentimientos. Estoy muy preocupada por la dejación de derechos que llevamos años haciendo. Recorremos velozmente el camino de ciudadanos a súbditos. Somos la rana a la que aumentaron gradualmente la temperatura del charco, hasta que murió achicharrada, sin saltar cuando la cosa comenzaba a arder.

Araceli Caballero. Periodista