Este promete ser un curso movidito en cuanto a las relaciones del Estado con la Iglesia. Lo de construir la laicidad sigue siendo una asignatura pendiente. Y este curso se pondrá a prueba nuestra capacidad de hacerlo desde varios frentes.

Abrimos el diálogo sobre la laicidad del estado.

El debate acerca de la laicidad está en la calle. FOTO/ BROCCO.

Varios son los acontecimientos del final de curso pasado que anuncian un año preñado de debates y polémicas en el frente de la laicidad. Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que abre las puertas a que los centros concertados hayan de pagar impuestos en algunos casos; las movilizaciones educativas en varias comunidades autónomas por la reducción de los conciertos o de las clases de religión; los acuerdos del 39º Congreso del PSOE, que aprobó pedir la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado, que la Iglesia pague el IBI y el impuesto de actividades económicas, que se elimine la enseñanza confesional de la religión y que se redacte una nueva Ley de igualdad religiosa; y el acuerdo de los socialistas con Unidos-Podemos, que abre la puerta para introducir la despenalización de la eutanasia activa o suicidio asistido aparecen como los temas destacados en ese frente que va a poner a prueba la capacidad de diálogo y entendimiento entre la Iglesia y la clase política.

No hemos logrado todavía en España debatir serenamente sobre estos temas. Todo lo que rodea a la educación y todo lo que se refiere a la Iglesia cae fácilmente en una demagogia donde las frases rotundas y las acusaciones sustituyen a los datos y la discusión razonable. El momento es, sin embargo,  propicio porque se ha iniciado ya el debate para el pacto educativo que la sociedad reclama hace tiempo para situar la educación por encima de intereses partidistas.

Tenemos mucho camino por recorrer en la construcción de una laicidad real, que ha de ser necesariamente inclusiva de todos y que, por tanto, ha de posibilitar la convivencia de cosmovisiones diferentes, tanto religiosas como no. Con la intención de contribuir a esa laicidad, casa común basada en el diálogo, recogemos el nuevo Manifiesto por la Laicidad de Redes Cristianas. Y repasamos aquí los principales temas calientes del debate y sus datos.

Los puntos más calientes del debate:

  1. La religión en la escuela
La escuela concertada, parte del diálogo del laicismo

Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia abre la puerta a que los concertados paguen impuestos. Foto: TONY GENTILE

La enseñanza de la religión confesional sigue siendo un tema muy polémico sobre el que no existe consenso. Tanto es así que

, inicialmente, fue excluido de los debates iniciales del Pacto Educativo. Algunos creen inaceptable que los profesores de esta materia, a los que paga el Estado, sean elegidos -o excluidos- por los obispos -de acuerdo a sus criterios de idoneidad- y no por las autoridades educativas. Se cuestiona, además, la enseñanza confesional en sí misma, con el argumento de que solo lo que es común a todos debería impartirse en la escuela y que las confesiones religiosas tienen libertad para ofrecer sus servicios en sus respectivas iglesias o instituciones. Los más críticos identifican enseñanza confesional con adoctrinamiento.

Los que defienden la enseñanza de la religión en la escuela argumentan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y a que su cosmovisión esté presente en la escuela, derecho amparado en la Constitución. Los acuerdos con el Vaticano amparan y concretan ese derecho, con gran peso, además, al ser una norma de rango internacional. De ahí que los detractores de la religión en la escuela hayan pasado a pedir directamente la denuncia de esos acuerdos Iglesia-Estado. El PSOE la ha incluido en los acuerdos de su 39 Congreso, no sin que algunas voces socialistas hayan criticado esa postura más radical.

Los profesores de religión, que se sienten ninguneados –a veces por la administración, a veces por sus propios compañeros- reivindican su labor y rechazan que se trate de adoctrinamiento. “No podemos aceptar el desprecio que expresan algunos a los saberes religiosos y al desarrollo de la inteligencia espiritual y emocional”, afirman, por ejemplo, desde Aprece, uno de sus sindicatos, partidario de no cambiar el actual pacto educativo.

Por el contrario, la Usit-Ep, de profesores de religión de la enseñanza pública, pide que la elección de los profesores la hagan las autoridades educativas -con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad- pero entre los propuestos por las diferentes confesiones.  Proponen también una asignatura no confesional de Fenomenología del Hecho religioso y Convicciones, que podría ser impartida, entre otros, por los actuales profesores de religión.

En una línea semejante, el grupo de Cristianos Socialistas alumbró hace más de un año un documento para el debate en el que se propone una asignatura no confesional sobre el Hecho religioso. El Congreso del PSOE de junio se manifestó en contra de la actual asignatura confesional, pero sin pronunciarse sobre esa eventual nueva asignatura.

El curso pasado, la reducción de horas de enseñanza de la religión en varias comunidades autónomas volvió a encender la chispa y provocó numerosos recursos judiciales cuya resolución se espera en breve.

 

  1. Los conciertos educativos

 

El derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos ampara también a la enseñanza concertada, religiosa en su mayor parte: casi millón y medio de alumnos en total. Escuelas Católicas, que los agrupa, considera que los conciertos son un arma política en manos de las comunidades autónomas, que pueden llegar a producir la asfixia económica de los centros. En el otro lado, quienes critican los conciertos denuncian el desmesurado aumento de la inversión en centros privados concertados en los últimos 15 años en comunidades gobernadas por el PP, de forma muy especial en Murcia, Madrid y Valencia, en detrimento de la enseñanza pública, donde el aumento ha sido menor.

Para corregir ese rumbo, el gobierno valenciano de PSOE-Compromís, por ejemplo, ha dejado de financiar varias aulas de la enseñanza no obligatoria –bachiller y preescolar- lo que ha provocado mucho revuelo, manifestaciones y recursos judiciales. Afirma que el presupuesto público se va a ahorrar muchos millones que irán a sectores desfavorecidos en la enseñanza. Los padres de las aulas afectadas tendrán que elegir entre pagar doce veces más de lo que lo hacían (de 30 a más de 300 euros) o irse a la pública.

El debate de las cifras es siempre difícil para los no expertos, pero no queda claro que esa eliminación de aulas concertadas salga más barata al erario público ya que, en principio, un alumno escolarizado en un centro privado sale más barato al Estado que uno escolarizado en el centro público, porque se paga menos por estudiante y la diferencia la compensan los padres. De modo que lo que el gobierno valenciano se ahorra en financiar esas aulas se lo gastaría con creces si todos los alumnos se pasaran en bloque a la pública.

La enseñanza concertada afirma que en el 2015 ahorró al estado 25.063 millones de euros. Los detractores de las ayudas a la enseñanza privada creen que el dinero de los conciertos debe de ir trasladándose -progresivamente, porque de golpe es inviable-  a reforzar la red pública.

El debate no es únicamente cuestión de cifras. Detrás hay dos concepciones: la que cree que solo la escuela pública es igualitaria y garantiza el derecho a la educación y la que valora la contribución de las redes educativas privadas como complementaria y útil para el servicio público.

 

  1. La educación, ¿es negocio o servicio?

 

Una sentencia, en junio, del Tribunal de Justicia de la UE consideró que alguna de las actividades educativas de los centros concertados podría ser excluida de la exención de impuestos, lo que  disparó todas las alarmas. La sentencia consideró que la actividad del centro en bachiller y preescolar, enseñanza no obligatoria y por la que cobra, ya que no está subvencionada, podría ser una actividad lucrativa y, por tanto, tendría que tributar. Los jueces españoles son los que van a tener que decidir en cada caso. Los centros concertados no están en contra de pagar, por ejemplo, si se alquila un salón de actos, etc. Pero consideran que la educación –aunque sea en etapas no obligatorias como bachiller o preescolar- es, ante todo, un servicio público y no un negocio y que debe estar exento de tributar como la educación que sí recibe dinero público.

 

  1. La financiación de la Iglesia

 

La financiación de la Iglesia con los impuestos.

Son muchos los que critican el sistema de financiación de la Iglesia. FOTO/ BROCCO.

Algo más de 250 millones de euros recaudó el Estado para la Iglesia en la campaña de la Renta del 2015 (ejercicio fiscal del 2014) gracias a las 7.291.771 declaraciones con la X de la Iglesia marcada (23.147 más que el año anterior).

Muchos critican este sistema de financiación que solo beneficia a la Iglesia católica (para el resto de confesiones no se ha desarrollado ese derecho, lo que es responsabilidad del Estado, no de la Iglesia, que no se opone). Creen que solo se deben financiar servicios concretos, no de forma genérica a la organización que los ofrece. Otros, también dentro de la Iglesia, preferirían que no se financiara la propia estructura eclesial, que debería ser sostenida exclusivamente por los fieles y caminar hacia la autofinanciación.

La Iglesia argumenta que ese dinero va, mayoritariamente, al fondo que financia a las diócesis más pobres y rurales. Y que sostener a la Iglesia es sostener su labor asistencial, que atiende a cerca de cinco millones de personas. Según la Memoria Económica de la Conferencia Episcopal, su gasto social la convertiría en la tercera comunidad autónoma por volumen total de servicios, lo que significa que cada euro invertido por el Estado en ella se multiplica por 2’7.

Aunque es un tema de polémica permanente, lo cierto es que esta forma de financiación, acordada con el gobierno de Zapatero hace unos años, no parece amenazada en lo inmediato por ninguna medida política. Solo Unidos Podemos ha pedido que se elimine en cinco años el sistema de financiación vía IRPF.

 

  1. Las inmatriculaciones

 

El gobierno se ha comprometido a presentar un listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia desde el 98 y hasta 2015, en que acababa el plazo que se le concedió para hacerlo. El PP acataba así una propuesta aprobada en la Comisión de justicia del Congreso que solo tuvo los votos en contra del PP y Ciudadanos.

En ese debate, las inmatriculaciones fueron consideradas, por las voces más críticas, “una rapiña” de 4000 inmuebles que anteriormente no estaban registrados por la Iglesia.

La Iglesia dice que tiene numerosos documentos para atestiguar su propiedad histórica sobre esas iglesias y casas parroquiales y que no haberlas registrado no equivale a no ser la dueña. De hecho, la ley prohibía a la Iglesia inmatricular las iglesias hasta el 98, al contrario que los templos o lugares de culto de otras religiones.

Conciliador, el arzobispo de Sevilla, el cardenal Amigo, ha dicho que la Iglesia no se opone a ese censo ni a la revisión de los casos: “Si algo está torcido, habrá que enderezarlo. Si se ajusta a derecho, habrá que aceptarlo”, dijo en julio.

 

  1. Eutanasia activa o suicidio asistido

 

La eutanasia activa o suicidio asistido podría llegar al Congreso tras el acuerdo entre PSOE y Podemos. El PSOE prefiere que sea en una nueva ley orgánica, que obligaría a modificar el código penal, que actualmente castiga hasta con 15 años a los médicos que ayuden a la muerte directa del paciente, que asimila al homicidio.

La ley de 2002 de autonomía del paciente ya recoge la sedación terminal pero Ciudadanos ha llevado al Congreso una propuesta para desarrollar y concretar la llamada muerte digna. Pero el PSOE quiere separar la muerte digna del suicidio asistido, que se aplicaría en casos de enfermedad terminal y sufrimiento intolerable, a petición reiterada del paciente, informado de las alternativas. Aunque queda camino por recorrer, la proposición podría salir adelante si recoge el apoyo de algunos nacionalistas que, en principio, no se oponen.

Cuenta con la oposición frontal de la Iglesia, que defiende únicamente las condiciones para una muerte digna.

 

  1. 13TV

 

El Canal 13TV, propiedad en más de un 70% de la Conferencia Episcopal, es con frecuencia motivo de tensión y crítica desde fuera de la Iglesia –y también desde dentro- por su identificación con las posturas políticas del gobierno del PP y, en ocasiones, con los sectores más conservadores de la derecha. A pesar de su déficit acumulado de 12’8 millones de euros, los obispos siguen apostando por tener un canal de TV, aunque lo desean, dicen,  más plural. Hay una remodelación en marcha. Ya se verá.