“Vi a los agentes que me miraban desde lejos y supe que algo iba a pasar. Me pidieron que me identificara, sin darme explicaciones”. Ngoy Ngoma estaba en la estación de Chamartín del metro de Madrid. Volvía a casa, como tantos jóvenes, desde la universidad en la que está estudiando. Pero el color de su piel parece diferenciarle de sus compañeros, a pesar de que llegó a España con tan solo dos años,  aquí ha crecido y aquí ha hecho su vida.

El racismo institucional hace que las personas de otras razas sean víctimas de redadas racistas

Las personas migrantes y racializadas toman la palabra. FOTO MAV

Ngoy acabó en comisaría. ¿El motivo? Considerar que tiene derechos y que deben ser respetados. Cuando la policía le pidió que se identificara, preguntó por qué le paraban, por qué le pedían la documentación delante de todo el mundo, como si fuera un delincuente. Se lo llevaron detenido acusado de desobediencia.

Aquel día sintió vergüenza ante la gente que se quedaba mirando. Hoy siente miedo cuando ve a la policía, que debería proporcionarle seguridad como al resto de personas que transitan por la ciudad. “Estoy cansado de vivir humillado”, dice con frustración.

La situación que ha vivido Ngoy no es una excepción. “En mi casa somos siete hermanos y nos han parado a todos”, dice Noemí Fernández. Ella es gitana y explica que en nuestro país seis de cada diez personas gitanas son identificadas sin otro motivo que su apariencia física. Noemí también es universitaria y en su trayecto a casa también ha tenido que vivir algún sobresalto. Un día, cuando regresaba de la universidad un coche patrulla de la policía se cruzó delante del suyo cortándole el paso “como en las películas”, afirma. No ha sido su única identificación arbitraria, la policía la ha parado mientras caminaba tranquilamente por la calle para pedirle el DNI.

En España, hasta 1975, existía un registro de la Guardia Civil en el que todas las personas gitanas tenían que estar inscritas obligatoriamente. La madre de Noemí, aun siendo paya, tuvo que inscribirse por haberse casado con un gitano. Aquel registro desapareció formalmente en 1978, pero las identificaciones siguen siendo práctica cotidiana. “Duele que la policía que tú estás pagando con tus impuestos no te cuide. Que en vez de cuidarte les tengas que tener miedo”, lamenta Noemí.

Racismo institucional

El perfil étnico es un criterio normalizado en muchas identificaciones o controles policiales, en los que se solicita la documentación a personas seleccionadas exclusivamente por su aspecto físico. No se les para por algo que hayan hecho, sino por sus rasgos físicos.

Estos controles se dan de forma generalizada y con total impunidad tanto en espacios públicos como privados. Se han convertido en situaciones “normales” en nuestras ciudades. Pero hay que llamarlas por su nombre, son paradas racistas y tienen efectos devastadores para las personas que las sufren, que no consiguen sentirse integradas y miembros de pleno derecho de la sociedad en la que viven. Su vida diaria se ve alterada, pueden acabar evitando actividades cotidianas o dejar de frecuentar espacios tan normales como un centro cultural, determinados comercios, un locutorio o incluso asociaciones de atención a personas migrantes. Les genera, además, desconfianza en la policía y una menor predisposición a colaborar con el Estado.

Las consecuencias se agravan para las personas más vulnerables, como quienes no han conseguido regularizar su situación administrativa. Caminar por la calle puede ser para ellas una actividad de riesgo que les expone a detenciones arbitrarias, multas, órdenes de expulsión, el ingreso en un CIE o la deportación. A su situación inestable y precaria se suma el miedo.

Pero el resto de la ciudadanía –tú, yo– también nos vemos perjudicados. Se generan innecesariamente sensaciones de inseguridad, se fomenta el miedo al diferente, se favorecen actitudes racistas y se dificulta la normal convivencia entre la diversidad de personas y culturas que constituyen –y enriquecen– nuestras sociedades.

Además de afectar directamente la vida cotidiana de las personas y la convivencia ciudadana, estas identificaciones son el inicio de una cadena de vulneraciones de derechos fundamentales, como el derecho a la no discriminación, a la libertad de movimiento, a la dignidad, al respeto de la vida privada y familiar, entre otros.

No es tolerable que desde las instituciones, que deberían favorecer la convivencia, se fomente una vinculación ficticia entre delito y el perfil étnico de las personas, reforzando la criminalización de las minorías y dificultando su integración.

Ilustración Informe Brigadas Madrid

Pero es que las identificaciones arbitrarias, además de ser discriminatorias, son ilegales (el ordenamiento jurídico español prohíbe la discriminación, insisten organizaciones como SOS Racismo y Amnistía Internacional) e inútiles, puesto que el uso de simples estereotipos étnicos en lugar de una sospecha real disminuye la eficacia de la labor policial.

“Lo peor es ser negro. Hasta ahora, cuando veo a la policía me piden papeles. Hay sitios donde sabes que siempre hay policía. Pueden sacarte del tren o del metro para pedirte papeles. Dicen ‘estamos buscando delincuentes’, pero ser negro no es delito”. Con este testimonio de un hombre de origen senegalés que reside en Madrid en situación regular daba comienzo el informe de Amnistía Internacional Parad el racismo, no a las personas, publicado en 2011, en el que la organización de derechos humanos denunciaba que “la policía puede parar a una persona varias veces en un mismo día para comprobar su identidad. Algo que ocurre a cualquier hora del día o de la noche, aunque estén de camino al trabajo, yendo a recoger a sus hijos al colegio o dando un paseo por la ciudad. Da igual que esa persona lleve años viviendo en nuestro país o que tenga la ciudadanía española”.

El tiempo pasa, pero los controles permanecen. Y, ante la falta de datos oficiales, las organizaciones de derechos humanos han seguido realizando investigaciones para mostrar la dimensión real del problema. Por ejemplo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granada realizaron en 2015 un trabajo de investigación en la estación de autobuses de Granada. Las conclusiones, recogidas en el informe Identificaciones basadas en perfil étnico en Granada, mostraban que las personas africanas, gitanas y magrebíes (por este orden) son las que sufrían un mayor número de identificaciones, seguidas de las procedentes de países latinoamericanos.

Llamada de atención de organismos internacionales

En 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas emitió un informe en el que pedía a España que terminara con los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales, porque en la práctica implican detenciones indiscriminadas y restringen los derechos de las personas afectadas.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa define la elaboración de perfiles raciales como “el uso por parte de la policía, sin justificación objetiva o razonable, de criterios como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico para actividades de control y vigilancia o investigación” y pide a todos los Estados miembro que “definan y prohíban claramente por ley la elaboración de perfiles raciales”.

En 2018 dos nuevos informes de organismos internacionales vuelven a recriminar al Estado español que la policía siga practicando identificaciones discriminatorias y arbitrarias, basadas en el origen étnico de las personas.

Uno de ellos es el último informe periódico sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que lo deja claro: “La elaboración de perfiles según raza por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley es un problema continuo”.

En el segundo informe, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de Naciones Unidas afirma, después de visitar España, que el uso de perfiles raciales contra afrodescendientes es un problema endémico. El Grupo de Trabajo presentará su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre, pero ha adelantado algunas de las medidas que deberían adoptarse en España para erradicar estos controles policiales discriminatorios:

  • Establecer un mecanismo de quejas independiente.
  • Poner en práctica las recomendaciones del Defensor del Pueblo para prevenir el uso de perfiles raciales (entre las que destaca la introducción de los formularios de identificación).
  • Dar formación especializada a los agentes de policía.
  • Poner en marcha campañas de sensibilización para cambiar los estereotipos contra las personas afrodescendientes.

Acción ciudadana

Es imprescindible que las autoridades den instrucciones claras dirigidas a prevenir y prohibir la identificación de personas inocentes por el color de su piel, su etnia o  sus características físicas, culturales y religiosas. También que se forme a la policía en materia de racismo, para que las identificaciones se lleven a cabo bajo los principios de igualdad y no discriminación, en conformidad con el Código Europeo de Ética de la Policía. Pero la realidad nos está dejando claro que para lograrlo tenemos que implicarnos.

Este es el objetivo de la campaña Parad de Pararme, una iniciativa de la organización SOS Racismo –a la que se han sumado otras organizaciones– que aúna información, denuncia y participación ciudadana para lograr que las identificaciones policiales por perfil étnico sean prohibidas y perseguidas.

La campaña busca la implicación de la ciudadanía y para ello facilita herramientas de participación en su web. Un espacio en el que quienes sean objeto de una parada racista o quienes la presencien pueden comunicar todos los detalles, un manifiesto en el que expresar apoyo a título individual o en nombre de una organización, propuestas para ampliar la difusión a través de las redes sociales o la posibilidad de unirse a un grupo de trabajo son algunas de las iniciativas en las que podemos implicarnos.

Más información en www.paraddepararme.org