Andrea Torres visitó recientemente Madrid para denunciar las desapariciones. El 30 de agosto de 1987 tenía que ser un día inolvidable para Andrea Torres Bautista porque, junto a su primo Eric, iba a recibir el bautismo y la primera comunión. Efectivamente, esa fecha la recordará siempre pero por otro hecho: la desaparición forzada de su tía Nydia Erika Bautista. Casi 30 años después, Andrea es la responsable del departamento jurídíco de la colombiana Fundación Nydia Erika Bautista, que trabaja por la defensa de los derechos de las víctimas de desapariciones, por la verdad, por la justicia, para que la impunidad no cubra las consecuencias de un conflicto que dura ya 50 años. Apoyada por la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI, en sus siglas inglesas) ha visitado Alemania, Bélgica, Suiza y España para que la comunidad internacional sepa lo que ocurre hoy en Colombia.

¿Las desapariciones forzadas siguen siendo una realidad en Colombia?

Pese a lo que se crea, este es un fenómeno que persiste en Colombia. En 2014, se reportaron 93 desapariciones forzadas de hombres y 33 de mujeres. Esto se produce cuando se inician las negociaciones con miras a un proceso de paz.

¿Hay amenazas previas, seguimientos, extorsiones?

Hay diferentes contextos y patrones. En el caso de líderes casi siempre están precedidas de amenazas, seguimientos, señalamientos, pero con la gente humilde, sumida en una inmensa pobreza, que no participa en el conflicto, son sorpresivas. Existen distintos patrones, pero siempre las mismas ansias de exterminar a quien piensa diferente.

¿Quiénes son los autores?

En nuestras investigaciones hemos establecido que los autores, en su mayoría, son agentes de la fuerza pública, agentes del Estado. También grupos paramilitares. Ahora se llaman de otras formas -bandas criminales, bandas emergentes, águilas negras-, pero continúan operando en Colombia. La ley de Justicia y Paz que se les aplicó hace ocho años no fue efectiva para ofrecer un marco de verdad y de reparación a las víctimas. Este año van a salir de la cárcel los primeros150 paramilitares pero, al no haber sido sometidos a un proceso de resocialización, seguirán haciendo lo único que saben: matar, asesinar, amenazar y hacer desparecer a personas.

¿Quién los financia?

Según investigaciones y procesos judiciales que han tocado un poco el fondo en este tema, establecen que hay agentes políticos, empresarios con intereses en recursos naturales. Ello con la colaboración de miembros de la fuerza pública y militares.

Ante esta situación, ¿qué está haciendo el Estado?

El Estado no está haciendo nada. No reconoce que los grupos paramilitares siguen existiendo, defendiendo que todos se desmovilizaron y que es una historia del pasado. Esta falta de voluntad hace invisibles las graves violaciones que se cometen. La Justicia tampoco hace nada. Durante estos ocho años apenas hay trece sentencias, siete de ellas en firme y el resto recurridas. Realmente no hay ni justicia ni verdad.

Impunidad

¿A qué le suena “impunidad”?

Me suena a falta de voluntad de entregarle la verdad a las víctimas del conflicto armado, de sancionar las violaciones de los derechos humanos, de garantizar que estas graves conductas no se repitan, dar ejemplo a la sociedad de que nadie puede tomarse por su propia mano la vida de otra persona, torturarla, agredir a su familia, maltratar su dignidad…

¿Qué son las víctimas para el Estado?

Simplemente son objetos, que se quitan y se ponen según conviene. Tienen un protagonismo cuando es necesario para el Gobierno mostrar ante la sociedad y ante el mundo que están siendo tenidas en cuenta. Pero, en el fondo, son las más olvidadas, las que han tenido que soportar las consecuencias del conflicto armado que ha tenido Colombia durante más de 50 años. El Estado colombiano sigue en su dinámica de no reconocer a las víctimas, de no abrir espacios para ellas: espacios políticos donde tengan el rol que se han ganado a costa de perder a sus seres queridos y de sufrir todo tipo de violaciones a sus derechos.

¿Cuál es hoy el respeto a los derechos humanos en su país?

La situación es más grave que antes. Existe a nivel internacional la idea de que al haber unas conversaciones con miras a un proceso de paz ya no pasa nada, que la violación de los derechos humanos es algo del pasado. Estas violaciones están rodeadas por una impunidad muy sofisticada porque, aunque Colombia ha ratificado todos los tratados internacionales y tiene una legislación más amplia que cualquier país del mundo, en la práctica las leyes no se cumplen. A ello hay que añadir la negativa del Estado a reconocer su responsabilidad.

¿Los defensores de los derechos son un estorbo?

Sí, porque denunciamos, criticamos y contamos la realidad que se pretende esconder con el marco de las conversaciones de paz en La Habana, así como la perfección que quiere presentar el presidente Juan Manuel Santos y sus asesores.

¿Qué evaluación hace de las conversaciones en La Habana?
Tengo que reconocer que es un hecho histórico para Colombia. Todos soñamos con la paz, pero siento que en estos momentos no está siendo un proceso transparente. Tengo la sensación de que la paz se está discutiendo en las altas cúpulas y no en un proceso participativo. Me temo que ello nos lleve a repetir historias como las de Guatemala y El Salvador, donde el postconflicto fue peor que el propio conflicto.

Andrea Torres visitó recientemente Madrid para denunciar las desapariciones. Foto. J.I. Igartua

Dos propuestas

Sin embargo, la Fundación Nydia Erika Bautista ha estado participando.

Para nosotros ha sido una oportunidad única. Dos de nuestros miembros participaron en las dos primeras delegaciones. En la primera viajó mi madre -Janeth Bautista- y en la segunda una joven de nuestra escuela de liderazgo, Nancy Galarraga, que en 2001 sufrió la desaparición de sus cuatro hermanos, entre los 13 y 19 años. Ambas llevaron a La Habana una propuesta consensuada por más de 20 organizaciones. La primera se hace en el marco de la Comisión de la Verdad, que trata de que las partes en conflicto entreguen toda la información sobre el paradero de los desaparecidos y las circunstancias de los hechos. La segunda es sobre los mecanismos de verificación para la búsqueda e identificación de desaparecidos. Pero ahí están.

¿Está prevista la creación de un ministerio del postconflicto?

Es una de las proyecciones de las conversaciones de paz. El presidente Santos habla continuamente del postconflicto cuando todavía estamos inmersos en él. Un caso paradigmático es el ocurrido en el municipio de Buenaventura, donde el año pasado se denunciaron 44 desapariciones. Es una zona en la que a la gente que desaparece se les lleva a “casas de pique”, que se llaman así porque allí las descuartizan vivas. Esto está ocurriendo ahora.

¿Usted tiene miedo?

No, ya no tengo miedo. La única situación que me hace sentir temor es cuando las amenazas “tocan” a mis hijos, de 8 y 14 años Tuve miedo hace muchos años, pero siento que la labor que hago es un deber hacia Nydia Erika Bautista y las sociedades futuras, para que esta historia no se vuelva a repetir en ninguna otra familia colombiana.

¿Quiénes se oponen a toda negociación, como el expresidente Álvaro Uribe, hacen perder la esperanza?

Con Uribe tenemos una anécdota, por decirlo de alguna forma. Una semana después de que mi madre regresara de La Habana, en un debate público, el expresidente la señala, con nombre y apellidos, como una guerrillera. Es un personaje que no tiene respeto por nada, que no quiere la paz. Lo único que busca es torpedear las conversaciones. Es una pena que el Gobierno no haga absolutamente nada, pero pese a todo no perdemos la esperanza. Siento que estos señalamientos nos hacen más fuertes para seguir denunciando, para seguir visibilizando que las desapariciones forzadas existen aún, para exigir al Gobierno que reconozca todo lo que está sucediendo en Colombia. A lo largo de la vida hemos ido aprendiendo a sobreponernos, a levantarnos, a seguir luchando y a soñar con la paz.

Acompañamiento de PBI

¿Qué papel están representando las Brigadas Internacionales de Paz en todo el proceso?

Han sido históricamente las que nos han acompañado, brindándonos seguridad, sobre todo en el trabajo sobre el terreno. Mi madre fue la primera defensora de derechos humanos que tuvo acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz, en 1994. Ha estado presente en todos los momentos difíciles de la historia de la familia Bautista. Realmente nos ayuda a vencer el miedo y continuar hacia adelante.

En los últimos meses el presidente Juan Manuel Santos ha venido con cierta frecuencia a Europa y, en concreto, a España.

Viene a Europa a buscar cooperación. Le interesa la cooperación en nombre de la paz; le interesa mostrar que el proceso es perfecto y que no se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Se quiere mostrar ante la sociedad y ante la comunidad internacional como el presidente de la paz. La cooperación, incluso la económica, es necesaria, pero no a costa de los derechos humanos.

¿Podemos deducir que la economía, que los empresarios colombianos, necesitan la paz?

Sí, claro. En este momento la paz es necesaria porque hay muchos intereses económicos en Colombia. Con la guerra no se garantiza la consecución de esos recursos. Es necesario que se firme la paz de manera acelerada para que las empresas y las personas que tienen intereses en los recursos naturales puedan llevar adelante su proyecto económico. Desgraciadamente hay gente que privilegia los intereses económicos por encima de los derechos humanos.