Argentina está actualmente asediada por los llamados “fondos buitres”. El compositor argentino Enrique Discépolo definió al siglo XX como un “despliegue de maldad insolente donde, herida por un sable sin remache, se veía llorar la Biblia junto a un calefón”. En este fangoso escenario, las inescrupulosas clases dominantes latinoamericanas convirtieron a su continente en la región con mayor deuda externa del planeta.

Si bien resulta complejo desenmarañar el endeudamiento latinoamericano en general, puede dilucidarse lo que aconteció en Argentina, ya que su justicia dictaminó que la deuda externa de su nación fue groseramente incrementada a partir del último gobierno militar (1976-1983) mediante la instrumentación de una política económica que puso de rodillas el país y benefició a empresas privadas en desmedro de sociedades del Estado que se empobrecieron.

Pero -a pesar de que el actual gobierno argentino, sin investigar el origen del endeudamiento de su país, realizó pagos y reestructuraciones de deuda– actualmente Argentina es asediada por inversionistas (fondos buitres) que compraron deuda del Estado argentino a un valor irrisorio y ahora buscan cobrar el 100% del mismo.

Ante este hecho, los gobiernos latinoamericanos calificaron como abusivo el accionar de los fondos buitres y le brindaron su absoluta solidaridad al gobierno argentino. Por su parte Adolfo Pérez Esquivel sostuvo que “los bonos cuyo pago hoy se discute están manchados con la sangre de las víctimas de la dictadura militar, forman parte de una deuda contraída a espaldas del pueblo que nunca llegó a sus manos y por eso integran una deuda inmoral e injusta”.

Desde esta perspectiva, según los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos de Naciones Unidas, la deuda externa argentina podría declararse como “odiosa e Ilegítima” ya que sus acreedores, que en gran medida se constituyeron en la última dictadura militar argentina cuando la deuda del país aumentó más de un 550%, sabían que mayoritariamente la misma era contraída sin el consentimiento de la población y que ésta no recibiría beneficios por el endeudamiento de su nación.

Asumir en carne y hueso estas palabras implicaría que el gobierno argentino se pusiera en pie de guerra contra el terrorismo de mercado que deshoja la marchitada vida de millones de seres humanos y, tal como Naciones Unidas propicia, “asegure que ninguna de sus actividades relacionadas con los pagos de deuda externa irán en detrimento de la ineludible obligación que tienen de respetar y proteger los derechos humanos”.

Así, por ejemplo, más allá de haber mejorado las condiciones de vida de su población, el gobierno argentino tiene hoy en día una fuerte deuda social interna ya que -según economistas de la Central de Trabajadores de la Argentina- el 10% de los hogares argentinos es indigente y el 40% no llega a adquirir una canasta que los saque de la pobreza.

De esta encerrona trágica financiera y social, fruto de clases dominantes genuflexas frente a usureros intereses económicos, podrá salirse si quienes gobiernan no legitiman las deudas fraudulentas pagándolas y utilizan todos los recursos regionales, humanos y económicos para construir una trama social menos vulnerable y más equitativa.